Administración Electrónica

enero 23, 2017

Como es sabido, la Administración Electrónica alude a la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas para que, por una parte, desaparezcan los papeles en las oficinas tradicionales, sustituyéndolos por procesos electrónicos, y, por otra, el ciudadano pueda relacionarse con la Administración de esta misma forma, es decir, sin papeles

Para que una administración pase de su forma tradicional al modo electrónico no solo se requiere la informatización de lo que se está haciendo, sino que se precisa, al mismo tiempo, cambiar la forma de actuar tradicional por otra manera que recoja la idiosincrasia electrónica, que es tanto como traducir a mentalidad digital lo que antes existía en planteamientos analógicos.

Este cambio de mentalidad requiere que los empleados públicos, y también los ciudadanos, abandonen viejos esquemas, acendrados por el uso reiterativo de muchos años, y se abran a la novedad conceptual de otra forma no solo de hacer, sino fundamentalmente de pensar, obligando con ello a los poderes públicos a una amplia labor de formación y pedagogía ciudadanas, no siempre realizada con la extensión y finura requeridas.

La Agenda Digital para España marca la hoja de ruta en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de Administración Electrónica para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, e incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

Desde la Unión Europea no se puede imponer un modelo específico de Administración Electrónica, ya que el principio de autonomía institucional y procedimental obliga a respetar la organización territorial interna y el funcionamiento propio de los Estados miembros, pero sí puede establecerse una especie de paradigma que, sin perjuicio de las especificidades de cada Estado, establezca un mínimo de servicios comunes y una orientación indicativa de las líneas más interesantes de desarrollo.

En Aragón, este proceso arrancó en el año 2009 por medio del Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón, en el que se estableció un marco estratégico de todos los servicios necesarios y un catálogo pormenorizado de las acciones a desarrollar, con un interesante calendario aproximado de realizaciones. Pero a pesar del impulso dado inicialmente y la decidida apuesta política por el asunto, los resultados en la actualidad distan mucho de los previstos, existiendo en estos momentos una escasa penetración de la electrónica en el conjunto de la Administración, con un uso mínimo de los servicios puestos en marcha, y además con un desigual reparto de los mismos entre los distintos Departamentos.

Según los últimos datos oficiales del Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital, en Aragón, sólo un 3% de los procedimientos administrativos que se desean realizar electrónicamente se encuentran en su máximo nivel de desarrollo, situando este porcentaje a la Comunidad aragonesa entre las más atrasadas de España en esta materia.

Todo ello debido, entre otras causas, a un planteamiento erróneo desde el principio que requiere, a mi juicio, un cambio radical de estrategia, como han apuntado distintos expertos en la materia, y que, según sus propias aseveraciones, debería descansar en entre otros, en las siguientes líneas de acción.

En primer lugar, es necesario proceder a una revisión exhaustiva de los servicios actuales, cuestionando con rigor, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, su operatividad, y desechando aquellos cuyas prestaciones distan sustancialmente de lo que sería necesario. En segundo lugar, es preciso abandonar el afán de ampliar la oferta de servicios comunes en beneficio del despliegue de servicios nítidamente departamentales y que, al mismo tiempo, descansen sobre una adecuada gestión de proyectos en lugar de pretender la universalización de la producción de software propio, liberalizando los suministros con una clara opción por los productos consolidados. Y, por último, se requiere, una mayor flexibilidad en la política se servicios comunes.

Todo ello precisa, además, una gestión única y una unidad de mando, tanto en lo referente a los aspectos económicos, como a lo tocante a la calidad o a la tecnológica, centralizando la gestión de los proyectos y estableciendo técnicas concretas de seguimiento. Y todo el conjunto debe insertarse en un marco global en el que se expliciten todos los servicios y estrategias

Ante esta situación, urge que el Gobierno de Aragón clarifique la situación en que se encuentra realmente todo el proceso de creación de la Administración Electrónica, corrija los rumbos errados, intensifique las acciones de creación de los nuevos servicios, proceda a elaborar un catálogo de normas que es preciso cambiar para adecuarlas a la mentalidad digital, y ponga en marcha un suficiente programa de formación profesional.

 

 

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Reflexión sobre la ciencia

diciembre 26, 2016

En las Cortes de Aragón, al hilo de una interpelación sobre la ecoinnovación, se ha planteado un interesante cambio de opiniones sobre la importancia de la ciencia, la conveniencia de darla a conocer al gran público y la oportunidad de debatir de manera permanente, rigurosa y democrática, sobre la gran problemática de sus límites, abriendo paso, con ello, a un proceso complejo, pero sumamente interesante. Al fin y al cabo, plantearse los límites de la ciencia, es tanto como plantearse los límites de la realidad misma y de la propia existencia humana, cuestiones de siempre, complejas por naturaleza y nunca resueltas, y que a la luz de los nuevos avances científicos adquieren un relieve y una importancia superiores.

La ecoinnovación es un concepto relativamente moderno que alude a esa intención de que la innovación se circunscriba a la consecución de productos que sean sostenibles, y lo logre por medio de procesos que también lo sean, y ello en la triple dimensión del concepto de sostenibilidad, es decir, que sean sostenibles ambiental, económica y socialmente. Pero este mismo concepto puede contemplarse también, como se aludió en aquel debate, desde otra perspectiva: la que expresa su carácter de restricción a su impulso ilimitado, y la que, por lo tanto, suscita la reflexión sobre los límites de la innovación, que es tanto como pensar sobre los límites de la ciencia, pues aunque se puede acceder a la innovación por distintas vías, es fundamentalmente por la científica por la que aparece en sus versiones más vanguardistas y transformadoras de la sociedad.

En los siglos XVIII y XIX se pensaba con entusiasmo que la ciencia era el gran motor de la historia, y que ésta, inexorablemente, llevada de la mano de la primera, conducía a la transformación de la sociedad en beneficio siempre de la humanidad. Esa concepción providencialista de la historia se truncó en el siglo XX cuando se vieron algunas de sus dramáticas consecuencias

Pero después de la Segunda Guerra Mundial, superadas ya gran parte de las crisis, ha vuelto a renacer, con renovada fuerza, el entusiasmo por la innovación, por la ciencia, configurándose un estado de ideas en el que la ciencia aparece de nuevo como el gran motor del progreso, reforzada por el papel preponderante de las nuevas tecnologías y el avance hacia esa sociedad del conocimiento que se vislumbra en el horizonte de todas las esperanzas.

Como ha reconocido la Conferencia Mundial sobre la Ciencia, “son innegables los avances que el saber científico ha producido. La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable y se han descubierto tratamientos para muchas enfermedades. La producción agrícola se ha incrementado enormemente en muchos lugares del mundo para atender las crecientes necesidades de la población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos penosos gracias al progreso tecnológico y a la explotación de nuevas fuentes de energía, que también han permitido que surgiera una gama compleja y cada vez mayor de productos y procedimientos industriales. Las tecnologías basadas en nuevos métodos de comunicación, tratamiento de la información e informática han suscitado oportunidades, tareas y problemas sin precedentes para el quehacer científico y para la sociedad en general. El avance ininterrumpido de los conocimientos científicos sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y de la vida proporciona a la humanidad enfoques conceptuales y pragmáticos que ejercen una influencia profunda en su conducta y sus perspectivas”.

Pero igualmente es cierto, como esa misma Conferencia reconocía, que “las aplicaciones de los avances científicos y el desarrollo y la expansión de la actividad de los seres humanos han provocado también la degradación del medio ambiente y catástrofes tecnológicas, y han contribuido al desequilibrio social o la exclusión, habiéndose posibilitado la fabricación de armas de destrucción masiva”.

Y todo ello sin dejar de considerar que la ciencia debe ser un bien compartido por todos, que la enseñanza de la ciencia es fundamental para la plena realización del ser humano, y que su divulgación es una obligación de los poderes públicos

El Pacto por la Ciencia, suscrito en Aragón por todas las fuerzas políticas, aboga claramente por abrir la política pública de ciencia y tecnología a las sensibilidades y opiniones de los ciudadanos afectados e interesados, de forma que se facilite la viabilidad práctica de la innovación y se profundice en la democratización de los sistemas.

Y teniendo en cuenta, como en ese mismo Pacto se afirma, que los centros de generación de conocimiento, con el apoyo de los poderes públicos, deben prestar especial atención a la difusión del mismo, y hacerlo de forma sistemática y de manera accesible para el público, resulta, a mi juicio, sumamente interesante que surjan ámbitos estables de reflexión sobre la ciencia y de divulgación de sus potencialidades

Por eso, opino que, en nuestros días, en los que además se perfilan avances científicos sin precedentes, hace falta un debate democrático, vigoroso y bien fundado sobre la producción y la aplicación del saber científico, de forma que se fortalezca la confianza de los ciudadanos en la ciencia y se esclarezcan ante ellos todas estas cuestiones. Y para la contribución a este debate, que tiene dimensión mundial, considero que Aragón debiera contar con algún foro estable que lo hiciera posible.

 

Innovación en las ideas

noviembre 29, 2016

La liberación del individuo de los vínculos tradicionales, apuntada ya en la Baja Escolástica por la alta valoración que lo individual adquirió en ella, constituyó un elemento de innovación de primer orden en el desarrollo cultural europeo y en la transformación de las ideas.

La rotura del vínculo medieval entre la fe y el saber puso las bases para esa liberación y propició la aparición de poderosas fuerzas nuevas tanto en lo uno como en lo otro, iniciando un movimiento humanista que abogó por un contacto más profundo con las fuentes antiguas del espíritu europeo

Todo ello se produjo como consecuencia de las grandes innovaciones que tuvieron lugar por aquella época y que dieron lugar a importantes mutaciones de las fuerzas de desarrollo social. Entre estas innovaciones cabe citar, sin perjuicio de otras, la aparición de la brújula, que propició una mutación sustancial en el arte de la navegación por los océanos; el descubrimiento de la pólvora, que condujo a la superación de la posición hegemónica de la caballería en la guerra; y la invención de la imprenta, que dio lugar a una rápida y revolucionaria difusión de las ideas. Y ello, potenciado además por la amplitud del horizonte físico y mental que propiciaron los grandes descubrimientos geográficos.

El nuevo movimiento innovador, el humanismo, puso su acento en la mirada a la Antigüedad clásica, puramente humana, desligada de cualquier corsé teológico, y penetró todos los ámbitos de la vida dando forma al “Renacimiento”, ese volver a nacer de la humanidad por el renacer del hombre antiguo, del hombre clásico que alumbró la cultura griega y continuó la romana.

Y con ello, apareció el hombre renacentista, liberado de viejas ataduras, consciente, cada vez más, de los nuevos espacios y posibilidades que la vida ofrece, y dispuesto a desarrollar al máximo sus potencialidades desde una nueva visión del mundo, de la sociedad, del derecho y del estado, haciendo de ello una de las mayores innovaciones de la historia.

Muchos piensan que hoy en día nos encontramos en un momento de similares transformaciones económicas, sociales y culturales, debido, entre otras causas, a la revolución digital, las nuevas tecnologías, la introducción paulatina de la sociedad del conocimiento, y otros factores similares, que están cambiando la manera de pensar, actuar y vivir de la gente.

Se están poniendo en marcha nuevas modalidades de crear conocimientos, de educar a la población y de transmitir información. La forma de hacer negocios se está reestructurando y la economía, en consecuencia, está cambiando al mismo ritmo, como inevitablemente tendrán que cambiar también las estructuras políticas y sociales que sobre ella se apoyan.  Y toda esta revolución, inevitablemente, afectará a la propia persona, al concepto que tenga de sí misma y de su destino, a la forma en que conciba su misión en este mundo, y a la percepción que adquiera de sus propios desasosiegos vitales.

Por todo ello, es importante que el campo de la innovación no quede circunscrito a la esfera económica y productiva, sino que se extienda también, y con la máxima plenitud, al ámbito humano, al cúmulo de preocupaciones existenciales de la persona. Y para ello se requiere que, al margen de cualquier genialidad, la investigación se extienda también por esos campos

 

Pero, además, la innovación, como casi todas las cosas de la vida pública y privada, puede ser un arma de doble filo. Puede mejorar la productividad de muchos procesos, pero puede empeorar otras cosas, haciéndose necesario un marco conceptual, ideológico, que sirva de elemento de referencia para juzgar la bondad o la perversión de la innovación.

Por eso, innovar en las ideas supone enfrentarse con toda la realidad circundante, no solo en el exterior de la persona, sino en su propio interior, haciéndolo desde la propia circunstancia histórica, adentrándose con ello, con las categorías de nuestro tiempo, en campos que son propios de los planteamientos filosóficos o religiosos; en definitiva: acercarse a saberes que le valgan a la persona para vivir mejor, en el sentido más profundo de su dimensión existencial, en esta época que le ha tocado vivir.

Una parte de la sabiduría de la historia consiste, más que en comprender lo que se puede hacer, en ser consciente de lo que ya no se puede hacer, abocando con ello a la persona a la búsqueda de la novedad, de lo que no existe todavía, en definitiva, a investigar en esa dirección futuriza que procurará inevitablemente innovación en las ideas.

Por todo lo anterior, me parece una excelente noticia que el rector de la Universidad de Zaragoza anunciase días pasados, en una comparecencia ante las Cortes de Aragón, que se van a poner en marcha un instituto de investigación de Ciencias Sociales y otro de Humanidades, áreas ambas donde esa universidad es muy competente y cuenta ya con varias líneas de trabajo

Las dimensiones de la innovación

octubre 24, 2016

Hace ya tiempo, la Comisión Europea declaró que, tras haber atravesado la peor crisis económica desde los años treinta del pasado siglo, la única forma para conseguir la restauración de los puestos de trabajo destruidos y lograr prosperidad consiste en mejorar la innovación en todos los aspectos, desarrollando nuevos productos y servicios.

Esta solemne afirmación, aceptada ya de forma general, constituye una de las bases más extendidas del actual pensamiento económico, y obliga a utilizar adecuadamente el potencial científico y tecnológico de cualquier Comunidad o país para la generación de innovaciones, de forma que su ausencia lastra indefectiblemente las posibilidades de crecimiento sostenido y de creación de empleo de calidad.

Nadie duda de que la creación de puestos de trabajo, que es inherente al desarrollo económico, es una condición necesaria para el logro del bienestar humano, y que en esa tarea la innovación, como motor de la riqueza económica, es un factor primordial tanto por su capacidad para aumentar la competitividad empresarial como por su virtualidad para ser la base de nuevas industrias tecnológicas de diseño hasta ahora desconocido.

Sin perjuicio de lo anterior, es preciso considerar también que, a mi modo de ver, no hay en estos momentos, o existe en muy escasa proporción, ninguna discusión sobre la relación del avance tecnológico y la estructura moral de la sociedad, como si la preocupación moral fuera por naturaleza incompatible con la inquietud sobre la innovación tecnológica.

A mi juicio, el desarrollo tecnológico, todo desarrollo, tiene que ser sostenible para que se pueda decir de él que es desarrollo realmente para el progreso y no para la involución. Pero ese concepto de sostenibilidad no es algo lineal, algo que se pueda sustanciar en una única dirección, como desde algunos ángulos se propugna, relacionándolo exclusivamente con lo ambiental, con lo medioambiental. Por el contrario, opino que la sostenibilidad es un concepto, por lo menos, tridimensional, y junto a la dimensión ambiental, conviven también la dimensión económica y la social. Y si en la dimensión económica podría caber de lleno ese providencialismo que a la innovación se le otorga por su virtualidad creadora de competitividad, no cabe extenderlo sin más a la dimensión social, porque lo social está integrado por personas y el bienestar de las personas no se rige por la ley de la competitividad. Esta consideración nos lleva, a mi juicio, a insertar de lleno la reflexión sobre la innovación, también, en la órbita de los planteamientos morales.

El deseo de pasar a una economía del conocimiento sin cambiar la estructura productiva actual tiene el riesgo de convertir el conocimiento en una mercancía más, con lo que no solo no se cambia el actual sistema productivo sino que se ahonda en él de una forma más refinada y sofisticada, perpetuando las injusticias estructurales que tiene, como todo sistema, y eludiendo la reflexión profunda sobre su verdadera transformación.

Todo ello, sin perder de vista, además, que los cambios de los sistemas productivos no son nunca el resultado de la acción de unos políticos concretos, salvo en el caso de las revoluciones, sino la consecuencia de unas modificaciones estructurales operadas por una gran infinidad de agentes, en unos ámbitos temporales más o menos largos y en función de situaciones históricas no controlables por nadie en particular, sino por el propio devenir de la modernidad de los tiempos.

Por todo ello, es necesario decir que el culto abstracto a la innovación es preciso atemperarlo con una visión más crítica de las realidades que haga posible la distinción entre esas vertientes suyas claramente benefactoras del progreso humano de aquellas otras que requieren el paso por un tamiz de consideraciones morales no fáciles de definir en todo momento ni comúnmente aceptadas por todos los grupos sociales, dando así a la innovación una profundidad filosófica y multidireccional que enriquece, sin duda alguna, la preocupación social por la misma.

El providencialismo histórico que desde muchos ángulos económicos se concede a la innovación tecnológica lleva implícita la creencia de que es superflua la relación entre tecnología y moralidad, con el riesgo de convertir este pensamiento en pensamiento único, y privar, con ello, a la innovación de su verdadera capacidad de ahondar en el auténtico progreso humano.

La crisis que padecemos no es solo una crisis financiera o de modelo productivo, sino, y muy fundamentalmente, una crisis de valores, de creencias, en el sentido más profundo de esas palabras, aquel que evoca su condición de sustento último de la personalidad, de marco orientador para saber a qué atenerse en la vida.

Y es en esta necesidad de encontrar nuevos valores, nuevos cuadros de referencia vital, y no solo económica, donde la palabra innovación, con toda la carga de incertidumbre y desafío humanos que conlleva, puede adquirir una dimensión de importancia fundamental en la vida de la sociedad y de las personas.

 

 

El renacimiento de la Unión Europea

septiembre 27, 2016

En un momento crucial para la Unión Europea, después del tristemente famoso “Brexit”, se reunieron en la isla Ventotene, en el golfo de Nápoles, la canciller alemana Angela Merkel, el presidente francés François Hollande y el primer ministro italiano Matteo Renzi, con el objetivo de relanzar la Unión Europea, en un intento de sentar las bases para una nueva Europa sin el Reino Unido.

El sitio elegido para el encuentro es muy simbólico porque en ella, hace 75 años, en 1941, en plena guerra mundial, se elaboró el «Manifiesto por una Europa libre y unida», donde se planteaba la necesidad de un federalismo europeo con un parlamento elegido por sufragio universal y un gobierno democrático con poderes reales en la economía y política exterior, para llegar así a los Estados Unidos de Europa.

La reunión de los tres mandatarios giró en torno a los planes para estudiar los asuntos relativos a la economía, la inmigración, la alianza de países del sur del Mediterráneo y la defensa y seguridad comunes.

El interés de los temas que se abordaron es innegable. La pretensión de negociar con los países africanos para que faciliten la repatriación de sus habitantes, el objetivo de compartir la logística y brigadas de combate para afrontar conjuntamente situaciones de crisis, la necesidad de crear una alianza, como ya decía Romano Prodi, de los países del sur del Mediterráneo, y la pretensión de menos austeridad y más inversiones constituyeron una agenda interesante para la cumbre informal de los veintisiete que se celebró en Bratislava a mediados de septiembre.

Pero todo esto, con ser interesante, no agota, ni siquiera aborda, los principales y profundos problemas de la construcción europea que están siendo sistemáticamente preteridos por sus Estados-miembros y que, a mi juicio, componen el sustrato sobre el que nacen las crisis de la Unión.

El proyecto de la Unión Europea, hoy reducido a veintisiete Estados, no se puede lograr si no hay conciencia de identidad cultural y de comunidad histórica, entendiendo ambos términos en el sentido amplio de su acepción. Es cierto que no existe una cultura europea en el sentido estricto de la palabra cultura, porque Europa es más bien la integración de su diversidad cultural; pero esa integración de las distintas culturas, con capacidad para criticarse internamente en un respeto compartido, e incluso en una admiración compartida, es lo que constituye, a mi juicio, la identidad cultural europea, sobre la que se habla muy poco, se fomenta menos, y está permanentemente alejada de las preocupaciones de los gobernantes europeos.

Sin este sustrato común que es lo que puede dar basamento a una conciencia identitaria europea, completamente compatible con las identidades locales o nacionales, el proyecto de la Unión estará siempre falto de la verdadera fuerza de cohesión y sometido a los avatares de las distintas crisis económicas o nacionales. Urge, por lo tanto, que en las agendas de reconstrucción de la Unión, que tan apremiante se ha hecho con la salida del Reino Unido, se aborden, además de los actuales, los problemas que no se han abordado nunca y que exceden de lo meramente económico o político

Jean Monet, uno de los padres fundadores dela Unión, se lamentó al final de su vida de no haber promovido, junto a la comunidad europea, una Europa de la cultura en los años cincuenta; y Regis Debray, miembro del Consejo de Estado de Francia con Mitterrand, subrayó la importancia de la identidad cultural como parte del proyecto de la Unión, apuntando ambos a esa ciudadanía europea, recogida en el frontispicio de ese malogrado proyecto de Constitución europea, liderado por Valéry Giscard d’Estaing, donde se asumía la “Carta de los derechos fundamentales”, con carácter vinculante y fuerza jurídica, recogiendo los derechos clásicos y los de tercera generación, como la protección de la diversidad cultural y lingüística

En estos momentos de globalización, de crisis del Estado de bienestar y de pérdida de hegemonía del Estado-nación, sobre la que se ha asentado la Unión hasta el presente, es preciso buscar nuevas bases de asentamiento entre las que la ciudadanía europea ocupa un lugar destacado, fundamentándose en la doctrina de los derechos humanos con rango constitucional,  y dando lugar a lo que podríamos llamar “patriotismo constitucional”, en sustitución de los patriotismos nacionalistas que hoy, por desgracia, resurgen en muchos países de la Unión.

¡Ojalá ese grito de “Europa nació aquí”, que pronuncian orgullosos los quinientos habitantes de la isla Ventotene, se pueda ver acompañado algún día por ese otro de “la Unión Europea renació allí”, pronunciado por millones de europeos!

 

La Universidad

agosto 25, 2016

Después de las grandes escuelas de Grecia y Roma, con los ilustres maestros de la época y las cumbres universales de Platón y Aristóteles cuyo pensamiento ha llegado hasta nuestros días, la aparición de la burguesía medieval y su espíritu asociativo de corporación autónoma, articulado en torno al conocimiento, propiciaron el nacimiento de las universidades

La Universidad medieval, impregnada del espíritu de la Cristiandad y fuertemente enraizada en la sociedad de su época, constituye el arranque de lo que hoy en día entendemos por universidad. Y sin perjuicio de los distintos matices que en las sucesivas épocas medievales fue asumiendo y de los diferentes países en los que fue surgiendo, acrisoló, antes de la aparición de los Estados nacionales, una línea básica de modo de ser, la expresión de su condición de organismo espiritual supranacional, que abarcaba todos los ámbitos del saber, con el fin de conducirlos juntos a la teología cristiana, que lo coronaba todo.

Como organizaciones libres, participando en común del espíritu de la Cristiandad, la voz de las universidades, apuntalada por su saber, trascendió en todo momento sus particulares ámbitos para incidir de lleno en la vida política de la época, haciendo realidad ese deseo de que nada de lo social le fuera ajeno

Ese espíritu de la Cristiandad se perdió con la aparición del mundo moderno. Las ideas del Renacimiento, la Reforma y la ruptura de la unidad religiosa, así como las secuelas de las guerras de religión subsiguientes, mutaron su carácter, dando, en gran parte, paso a su conversión en organismos al servicio del Estado, como lo puso de manifiesto la Universidad napoleónica, con gran influjo en otros países europeos.

Posteriormente, con la reforma de las universidades de Oxford y Cambridge, y la fundación de la Universidad de Berlín, surgen distintos planeamientos de lo que debe ser una universidad y de cuál es su fin primordial.

El cardenal Newman, acentuando su concepto de educación liberal como término medio entre la educación confesional y la educación meramente pragmática, consideró que la finalidad universitaria era dotar al hombre del conjunto de conocimientos precisos y la necesaria disciplina intelectual para que pudiera desenvolverse de forma adecuada en la vida, con independencia de su concreta actividad profesional, elevando de esta forma la educación universitaria al rango de fin en sí mismo y no como un mero instrumento para otros fines. Puso con ello de manifiesto que la misión fundamental de la universidad no era moral, ni utilitaria ni profesional, sino fundamentalmente intelectual.

Para Karl Jaspers la universidad estaba de manera primordial al servicio de la Ciencia y la Investigación, exigiendo para ello la libertad en la búsqueda de la verdad, y entronizando la libertad como elemento sustancial del espíritu universitario. Ningún monopolio ideológico debía sobreponerse a este fin fundamental de dar formación científica.

Ortega y Gasset, sin embargo, colocó la Cultura y no la Ciencia en el centro de las tareas universitarias, entendiendo por Cultura lo que Ortega entendía por tal, es decir, el sistema de ideas vivas sobre las que se asienta cada tiempo, alejándose con ello del concepto de cultura como una mera suma de conocimientos, y contemplándola como ese conjunto de ideas vitales que sostiene la existencia humana y justifica sus decisiones. Para Ortega, el culto a la Ciencia producía la desintegración cultural de la persona

Todas estas reflexiones históricas, y muchas otras de similar calibre e importancia que podrían verterse, no me parecen ociosas en un momento, como el actual, en el que el Gobierno de Aragón, dentro del marco autonómico español, tiene por delante la intención de elaborar una nueva ley de ordenación de su sistema universitario. Y de una manera particular, tras unos meses en que una visión alicorta de lo que la universidad debe ser ha propiciado la adopción de medidas, a mi juicio, inconstitucionales, que atentan contra la libertad de enseñanza y empañan los verdaderos fines de la educación universitaria.

Sin perjuicio de todos los debates que para el buen término de la ley hayan de producirse, a mi juicio, hay cuestiones fundamentales que es preciso salvaguardar y entre las que podrían citarse la adopción de los criterios de calidad y excelencia del Espacio Europeo de Educación Superior, el fomento de los valores democráticos y la educación para la paz, el respeto a la libertad de pensamiento, y los derechos constitucionales en materia de educación, entre otros del mismo rango de importancia.

¡Ojala los partidos que sustentan actualmente al Gobierno de Aragón hagan posible que la dialéctica parlamentaria permita dar nacimiento a una buena ley que, alejada de dogmatismos anticuados y abrazando la modernidad intelectual y constitucional, pueda propiciar el fortalecimiento de la institución universitaria en beneficio de todos los ciudadanos!

Ante el “Brexit”

julio 27, 2016

Cuando se produjo la “crisis griega”, con la elevación al primer plano de la actualidad periodística de los asuntos europeos, afirmé, a través de estas mismas líneas, que tal vez fuera esa circunstancia la única consecuencia positiva de dicha crisis, porque trasladaba a la calle la preocupación por los asuntos de la construcción europea. Con incomparablemente más fuerza puede hoy decirse lo mismo de la salida del Reino Unido de la Unión Europea.

Y digo esto porque uno de los mayores problemas que ha tenido siempre, y lo sigue teniendo ahora, la construcción europea es la distancia con la que los ciudadanos consideran ese proceso y el alejamiento que en sus inquietudes tienen los problemas que la afectan.

El “Brexit”, al margen del desastre europeo que representa y de las gravísimas consecuencias que va a tener, puede, y debe, a mi juicio, convertirse en el aldabonazo que despierte las conciencias europeas, las de la calle y las de los gobiernos, y obligue a plantearse con toda seriedad si de verdad se desea una auténtica Unión Europea.

Hace mucho tiempo que había que haber asumido con determinación los graves problemas que atenazan a la Unión, pero resulta estéril lamentarse del pasado si no es para retomar el presente con la suficiente corrección de actitudes. El “Brexit” pone de manifiesto, con toda crudeza, que no se puede demorar por más tiempo el abordaje de los graves problemas que atenazan el proceso de construcción europea. Y es preciso encararlos con diálogo abierto, ciertamente, pero también con todo rigor y determinación, y, sobre todo, con la disposición de poner en marcha cuantas medidas sean necesarias.

Son muchos y muy graves los problemas que atenazan a la Unión Europea, y sin ánimo de ser exhaustivo me permito apuntar tres de los que yo considero más apremiantes.

En primer lugar, como se ha dicho desde muchos ángulos y en repetidas ocasiones, para que el euro pueda cumplir su función de columna vertebral económica de la Unión se precisa un verdadero gobierno económico, la unión bancaria, una adecuada fiscalidad europea propiciadora de las necesarias redistribuciones de riqueza y el conjunto de medidas que permitan extender la solidaridad a todos los rincones de la Unión. Y ello sin perder de vista que el euro no es un fin en sí mismo, sino un medio para la prosperidad colectiva, que es el verdadero fin.

En segundo lugar, es preciso avanzar con paso decidido hacia la ciudadanía europea plena. Es necesario que los ciudadanos encuentren motivos no solo económicos, sino también culturales y sociales, para experimentar con vigor ese nuevo arraigo en lo europeo sin el cual nunca será posible una verdadera Unión. Ese entronque en las raíces profundas que nos unen a todos los europeos, con esa apertura hacia lo universal, que constituye la condición europea por excelencia, para humanizar la globalización, propagando a todo el mundo los valores de la igualdad, de los derechos humanos y del respeto a la persona, es necesario para sentirse espontáneamente europeo sin ningún tipo de imposición ni fingimiento. He ahí la clave de bóveda de la comprensión de la ciudadanía europea, sin la cual puede que haya alemanes, españoles o franceses, o de otras nacionalidades, pero nunca ciudadanos europeos.

La idea fundadora de la Unión Europea es la creación de una nueva comunidad superadora de los Estados actuales. Que en su día se eligiera para su consecución el itinerario inicial de la economía no concede a ésta el rango de fin, sino de medio. Y dicho esto, conviene subrayar que aquí radica, a mi juicio, una de las desavenencias históricas que pueden haber conducido al “Brexit”. El desafortunado desenlace del referéndum es, en gran parte, la consecuencia de la actitud mantenida desde siempre por Gran Bretaña, para quien Bruselas y lo europeo no eran sino una fuente propiciatoria de ventajas para su país, sin preocuparse verdaderamente por el conjunto, sin el convencimiento de existir un bien común superior a cualquier interés nacional. Es, por lo tanto, imprescindible que se cultive y florezca el verdadero europeísmo, porque sin europeístas nunca podrá lograse una auténtica Unión Europea, de la misma forma que sin demócratas resulta imposible articular una democracia verdadera.

El europeísmo es la conciencia ilusionada de pertenecer no solo a un espacio político y geográfico concreto, sino, al mismo tiempo, a un elenco de valores profundos que le son consustanciales. La paz, la democracia, la entronización de la persona como eje central de toda la acción pública y todo cuanto de ello se deriva constituyen el núcleo de esa cosmovisión que caracteriza a lo europeo.

Y por último, en este breve recorrido por algunas de las apremiantes urgencias europeas, conviene resaltar el déficit democrático. Europa necesita un sincero ejercicio de legitimidad democrática que ponga fin a la vieja costumbre de tomar decisiones a escondidas de los ciudadanos, que acabe con esa opacidad y lejanía que termina por ir en contra del verdadero espíritu fundacional y que supone en sí misma una cierta contradicción con los principios democráticos que figuran en el frontispicio de su ideario. Porque no basta con que los países que la integran sean democráticos; es preciso que lo sea también, e íntegramente, la propia Unión; que todas sus instituciones, y su presidente a la cabeza, salgan directamente elegidos por el voto popular, y que el Parlamento Europeo sea realmente la cámara de la soberanía europea, y no un mero órgano colegislador.

Éstas y otras varias cuestiones apremian en el proceso de construcción de la Unión Europea. ¡Ojalá el “Brexit” sirva para despertar y espolear a los líderes verdaderamente europeístas, y hacer que lo que, en principio, es una grave contrariedad pueda convertirse en una oportunidad!

Volver a empezar

junio 28, 2016

Existe una tentación en la que a veces caen muchos políticos cuando acceden al poder, sobre todo si lo hacen por primera vez, consistente en pensar que con ellos comienza el mundo, que nada de lo anterior es válido y que tienen que partir de cero para pergeñar un futuro esplendoroso.

Dicho afán suele traducirse en proyectos estratégicos para todas las materias, en planes majestuosos para cubrir imperfecciones del pasado, y en discursos grandilocuentes en los que solo falta la intención de hacer coincidir el arranque del calendario con el día de su toma de posesión.

Y esto, que es general en todas las materias de la actividad pública, resulta particularmente notorio en aquellos ámbitos que pueden considerarse insertos en la modernidad, como, por ejemplo, todo lo referente a la sociedad del conocimiento.

Es difícil encontrar un discurso de los gobernantes regionales actuales en el que no se haga alusión al cambio del sistema productivo, al asentamiento en una economía basada en el conocimiento, y a la búsqueda de ciudades o territorios inteligentes, como si todo esto pudiera llevarse a cabo en los cuatro años de una legislatura, y además de ámbito regional.

Los cambios de los sistemas productivos no son nunca el resultado de la acción de unos políticos concretos, salvo en el caso de las revoluciones, sino la consecuencia de unas modificaciones estructurales operadas por una gran infinidad de agentes, en unos ámbitos temporales más o menos largos y en función de situaciones históricas no controlables por nadie en particular, sino por el propio devenir de la modernidad de los tiempos. Todo ello, naturalmente, sin despreciar la contribución que las distintas políticas concretas pueden tener para adelantar o retardar esos cambios, pero siempre desde la asunción de la relativa incidencia en el proceso global.

Traigo estas reflexiones a colación con motivo de la pretensión del Gobierno aragonés de lanzar lo que él llama el Pacto por la Ciencia en Aragón. Y no lo cito para criticarlo, y menos aún para oponerme a él, sino para poner de manifiesto que cuanto en él, hasta el momento, está contenido no representa ninguna novedad, sino más bien el afán de envolver en declaración grandilocuente y altisonante, con pretensión casi de marcar un comienzo del calendario histórico de Aragón, lo que ya se viene haciendo por el Gobierno actual, que, en el fondo, no es sino la continuación de lo que ya se venía haciendo por los gobiernos anteriores.

Es cierto que la gestión del conocimiento es fundamental en esta economía competitiva y global, pues la tecnología, el capital y los medios de producción ya no son elementos diferenciales en un mundo globalizado.

Es igualmente verdad que con los países emergentes ya no podemos competir en costes, sino solo en calidad, en formación y en alta tecnología. Por eso, la gestión del conocimiento y la excelencia en esa formación y esa alta tecnología son claves para estar entre los mejores.

No es menos riguroso afirmar que la posición de Aragón en cuanto al gasto en porcentaje del PIB dedicado a la investigación debe mejorarse sustancialmente, superando la media nacional, y buscando sinergias con otros sectores productivos, para situar a nuestra Comunidad entre las regiones europeas con mayor nivel investigador.

Resulta siempre conveniente pregonar que las telecomunicaciones, la informática, la robótica, la nanotecnología, la salud, la biotecnología, las energías renovables, los transportes y la seguridad son áreas estratégicas de investigación y desarrollo para Aragón. Y es un motivo de orgullo contemplar que, en estos momentos, nuestra Comunidad ya es un referente en la investigación relativa a la nanotecnología, la biorrobótica y la tecnología de fibra óptica.; y afirmar que en torno a estos tres ámbitos, junto con la biotecnología y las ciencias cognitivas, se pueden impulsar proyectos tecnológicos ambiciosos que hagan de Aragón una Comunidad líder.

A nadie se le oculta que es necesario aprovechar esta situación de excelencia, este indiscutible punto fuerte, para intensificar la colaboración universidad-empresa, identificar los proyectos actuales nacionales y europeos en los que participan entidades aragonesas, e incentivar los foros de encuentro y de intercambio de conocimiento.

Y, por supuesto, la Administración debe crear condiciones para hacer proyectos de investigación a largo plazo no solo con los centros de investigación de Aragón, sino también involucrando a las empresas, favoreciendo que la financiación se dirija a los nichos de excelencia y a los grupos emergentes, y organizando la formación de acuerdo con las necesidades empresariales.

Todo esto, y mucho más de lo que se podría hablar, y que con unas u otras palabras, se encuentra espolvoreado por el documento actual del Pacto, está dicho, recogiendo el sentir general de los expertos, en la Estrategia Aragón 2025 que el Partido Popular de Aragón lanzó hace años.

Si me he referido a ello no es, como ya he dicho, para desprestigiar el pretendido Pacto por la Ciencia, sino para ubicarlo en su sitio correcto y poner de manifiesto que lo verdaderamente interesante y necesario, al margen de la agradable literatura que contiene, es que la política de Innovación e Investigación dé el salto necesario que requiere en el ranquin de dotaciones presupuestarias, y que, hasta la fecha, no ha dado.

La Política de Innovación en Aragón

mayo 27, 2016

La innovación en Aragón está caracterizada por una gran estabilidad a lo largo de lo que va de siglo. Analizando los datos que depara el Instituto Nacional de Estadística desde comienzos de los años 2000, puede observarse que el lugar que ocupa Aragón en el conjunto de las Comunidades Autónomas, según los indicadores más característicos con los que se suele medir la innovación, se mantiene prácticamente en la misma posición desde hace más de una década

En cuanto al número de empresas con actividad innovadora, ocupando Aragón en 2006 la séptima posición, tras pasar los años 2009, 2010 y 2011 a la octava, en 2014 ha vuelto a estar en la séptima, en una muestra elocuente de su relativa inmovilidad.

En intensidad de innovación de las empresas, entendida ésta como el porcentaje que representan los gastos totales en actividades innovadoras en el monto total de la cifra de negocio de las mismas, tras una pequeña disminución desde el 2006 al 2011, pasando de la tercera posición nacional a la quinta, sigue estando en estos momentos en la quinta.

Y con respecto al número de empresas tecnológicamente innovadoras, Aragón se encuentra en el octavo puesto prácticamente desde el año 2008, idéntica situación a la contemplada si se atiendo al monto de los gastos totales en innovación.

Todo ello, y sin perjuicio del relativismo con el que hay que tomar siempre los análisis estadísticos, pero sin prescindir tampoco del valor orientativo que tienen, permite abundar en lo que decía al principio, en la relativa estabilidad de la innovación en Aragón a lo largo de este siglo, poniendo de manifiesto que, en líneas generales, la política de innovación que ha mantenido el Gobierno de Aragón ha sido sustancialmente la misma con independencia de los partidos que en las distintas épocas lo han sustentado

Esta circunstancia de estabilidad al margen de los colores políticos de los agentes públicos, que puede ser muy benefactora y deseable para ciertos asuntos, no lo es, a mi juicio, cuando se pretende, como es el caso de la innovación, convertir a Aragón en una Comunidad líder en la materia. Esa condición de liderazgo, que se mide por la ventaja de una Comunidad Autónoma frente a las demás, es incompatible con el estancamiento en el tiempo que las cifras antes comentadas ponen de manifiesto.

Si se pretende que Aragón ascienda sustancialmente en el ranquin de Comunidades Autónomas en esta materia se requiere un potente revulsivo, que no se ha dado hasta el momento. La mera continuidad de la política seguida hasta ahora por todos los gobiernos no conduce a esa posición de liderazgo deseada, sino simplemente a mantener las posiciones que ya se tienen. Solo un cambio auténtico cuantitativo y cualitativo, y no meramente literario, como se percibe en los discursos actualmente, puede generar el golpe de timón que la política de innovación requiere, si se quiere lograr lo que se predica.

Y para ese golpe de timón estratégico hay en la dimensión innovadora de Aragón puntos fuertes en los que poder apoyarse. En lo referente al porcentaje de la cifra de negocios de las empresas que representan los productos nuevos o mejorados, Aragón está la segunda Comunidad, solo superada por el País Vasco. Y en lo tocante al porcentaje de empresas con innovación no tecnológica, tan solo es superada por Cataluña, Madrid y Valencia.

Hace ya más de cinco años, la Comisión Europea declaraba que, tras haber atravesado la peor crisis económica desde los años treinta del pasado siglo, la única forma para conseguir la restauración de los puestos de trabajo destruidos y lograr prosperidad consiste en mejorar la innovación en todos los aspectos, desarrollando nuevos productos y servicios.

Esta solemne afirmación, aceptada ya de forma general, constituye una de las bases del actual pensamiento económico, y obliga a utilizar adecuadamente el potencial científico y tecnológico de cualquier Comunidad o país para la generación de innovaciones.

El desafío de Aragón en esta hora de España y de Europa, como todos los grandes desafíos vitales, tanto personales como sociales, no es unidireccional, sino mucho más complejo. Requiere una amplitud de miras suficiente para contemplar simultáneamente todas las dimensiones en que descansa. Pero sin duda alguna, una de esas dimensiones, en el aspecto económico, es la innovación. Pasar de las palabras a los hechos, superar la política de meros discursos para adentrarse con realismo y decisión en la modificación de la realidad actual, y sentar bases sólidas para un vigoroso futuro es lo que, a mi juicio, requiere una política de innovación que cambie realmente la situación.

La libertad de enseñanza

mayo 2, 2016

El Gobierno de Aragón ha introducido en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón una disposición concerniente a la implantación de grados que, a mi juicio, es inconstitucional porque atenta contra la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución.

Dicha disposición, que impide a los centros de educación superior privados la implantación de nuevas enseñanzas si ello supone duplicidad con las existentes en los centros universitarios públicos, establece una diferencia de requisitos y condiciones según se trate de una universidad pública o privada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, de rango superior a la normativa aragonesa, que impide cualquier diferencia a esos efectos entre un tipo y otro de universidad.

Ese cambio en la legislación aragonesa establece una discriminación entre universidades, supeditando la autonomía académica de una de ellas a la autonomía académica de la otra, imponiendo, por esa vía, una especie de subordinación o dependencia jerárquica, hasta el punto de llegar a prohibir, en la práctica, que unas determinadas enseñanzas se puedan implantar en una universidad por razón de su titularidad, en este caso privada.

Dicho afán de supeditación universitaria, impropio de un Gobierno democrático, pone de manifiesto que no se entiende, o no se quiere entender, lo que son las universidades privadas, ni el papel que juegan en la sociedad ni el reconocimiento que de ellas hace la legislación básica española en la materia.

Las universidades, todas ellas, realizan el mismo servicio público de educación superior. Es cierto que hay requisitos que pueden exigirse a la universidad pública a los efectos de garantizar plenamente el derecho a la educación de los ciudadanos en el ámbito superior; pero a las universidades privadas no les corresponde ni natural ni jurídicamente, al menos en igual medida, esa tarea, debiendo estar más atentas a la voluntad del fundador, al ideario que inspiró su creación y determinó el elenco de sus fines, que a otras consideraciones de política educativa que pueden regir imperativamente para la universidad pública.

El ideario de las universidades privadas puede ser tan variado como admite la legislación básica universitaria para su creación y autorización. La defensa de los valores occidentales, la acentuación de la personalidad emprendedora, la defensa del humanismo cristiano o el concepto religioso de la vida son algunos de los variados fines que pueden inspirar la creación de una universidad privada. Y al cumplimiento de estos fines, junto con la calidad educativa exigida por la legislación, se debe la instancia última de su programación universitaria y no a ninguna otra pretensión de la política educativa del Gobierno de turno, al que sí tiene que atender inexorablemente la universidad pública.

Resultan falaces ciertos argumentos con los que algunos pretenden diferenciar la universidad pública de la privada, aduciendo que la primera existe para garantizar un derecho ciudadano y la segunda no deja de ser un negocio privado, otorgando con ello un nivel ético superior a la primera, justificador, a su juicio, de cualquier supeditación jerárquica. La falacia de dicho planteamiento, cargado de prejuicios doctrinales, es evidenciada por la propia legislación cuando sitúa a las dos universidades en el mismo nivel jurídico poniendo, claramente de manifiesto que su existencia no contrapone un derecho a un negocio, sino que ambas sirven al mismo derecho, haciendo compatible ese servicio con fines no exactamente iguales, pero igual de legítimos en todo caso.

La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para la mejora de la sociedad en todos los órdenes. El avance hacia un modelo productivo basado en la innovación como una actividad sistemática que penetre todos los ámbitos de actividad humana es algo a lo que pueden contribuir de forma poderosa las universidades. Pero no solo desde el aspecto productivo o económico, sino también desde el más profundo de la transformación de la sociedad hacia valores más humanos que establezcan relaciones de mejor convivencia. La introducción del espíritu universitario de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la sociedad constituye, a mi juicio, un elemento clave en la mejora de la vida colectiva. Y no se puede hablar de un verdadero espíritu universitario buscador de la verdad si esa búsqueda no se realiza en libertad.

Por ello, el paso dado por el Gobierno de Aragón al introducir en la vida universitaria lo que, a mi juicio, atenta contra el principio de la libertad, libertad de educación en este caso, supone un grave paso atrás, una regresión a un oscurantismo alejado no solo del verdadero espíritu universitario, sino del auténtico talante democrático, envolviendo en una sombra de desprestigio a todo el sistema universitario aragonés, incluida la universidad pública a quien supuestamente se pretende ayudar con esa medida.

Hay situaciones en la vida personal y en la vida pública en las que, como asegura esa famosa sentencia de la filosofía popular, “rectificar es de sabios”. Yo creo que éste es uno de los momentos en que el Gobierno aragonés debería aplicarse a esa “sabiduría” y, haciendo caso a la petición de la oposición, desandar el camino torpemente andado y restaurar en Aragón la libertad de enseñanza.