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Una ocasión perdida

abril 21, 2017

Los presupuestos para 2017 del Gobierno de Aragón, en materia de investigación y desarrollo, se pueden calificar como los correspondientes a “una ocasión perdida”. Y es lamentable que esto sea así porque en torno a esta temática, en la Comunidad Autónoma de Aragón existe un amplio consenso con respecto a lo que debe hacerse, hasta el punto de que dicha actitud se ha materializado en lo que se ha dado en llamar el “Pacto por la Ciencia, único entre todas las Comunidades Autónomas, y que plasma por escrito los deseos a los que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés se han comprometido a dirigir su esfuerzo para que Aragón consiga, de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea, una situación de excelencia en esta materia.

Este pacto fija como objetivo medular de su existencia lograr, en el plazo de tiempo más breve posible, la media nacional española en lo referente al índice de medición de estos esfuerzos, que, según la nomenclatura oficial, se concreta en la proporción de los gastos a esta actividad dedicados en la Comunidad con relación a su Producto Interior Bruto. Si bien es cierto que el pacto, paradójicamente, concreta este objetivo sin concreción, es decir, diciendo que se consiga “cuanto antes”, no es menos cierto que una interpretación razonable de esa inconcreción podría ser que ese logro se consiga en la actual legislatura, o lo que es lo mismo, que lo consiga el Gobierno actual, porque si fuera diferido para otro gobierno tendría escaso sentido el empeño del actual por suscribir el mencionado acuerdo.

Pues bien, ante esta circunstancia, completamente nueva en la vida política aragonesa, el Gobierno en curso, en un año en el que, según su propio Consejero de Hacienda, se ha logrado un incremento histórico de las posibilidades de gasto, más de los doscientos cincuenta millones de euros, sólo dedica a este empeño algo menos del cuatro por ciento, desairando de forma clamorosa todos los discursos del presidente en los que no se cansa de predicar que para su Gobierno esta materia constituye un objetivo prioritario, glosando con pasión en esas prédicas toda la literatura internacional que sobre el advenimiento de la sociedad del conocimiento existe, y que él quiere ver referida a su mandato.

Para lograr lo que se pretende, y con lo que muchos estamos de acuerdo, es necesario pasar, como se aludía a las comedias de Lope de Vega, aunque en otro sentido, “de las musas al teatro”, es decir, de los discursos a las realidades, en este caso presupuestarias. Y para ello haría falta que el presupuesto para el año 2017 se viera en esta materia aumentado en unos quince o veinte millones, lo que, además de ser perfectamente posible, tampoco constituiría un exceso, pues supondría aumentar su esfuerzo presupuestario del escaso cuatro por ciento actual al diez o el doce por ciento, cifra que seguiría permitiendo cumplir con otras políticas igualmente anunciadas.

Y en este sentido, es preciso decir, que ninguno de los objetivos que el presidente pregona de manera incansable ve en este presupuesto dotación suficiente para lograrlo. La política social, a pesar del estrecho concepto con que la contempla el Gobierno actual, no sólo no aumenta, sino que pierde peso en el conjunto del presupuesto; los incentivos a la creación industrial descienden más de un cuarenta por ciento; el fomento del desarrollo económico se ve constreñido en más de un diez por ciento, y el esfuerzo en investigación y desarrollo, como he comentado, se queda a las puertas de lo necesario.

Ante esta situación, cabría preguntarse con qué criterios políticos está elaborado el presupuesto; y la respuesta más adecuada, por más que sea lamentable, tendría que ser que adolece de falta de criterios, o responde a un pacto extraño con ese grupo político que está empeñado en apoyar y destruir al mismo tiempo; o, tal vez, y quizá sea esto lo más probable, no responde a ninguna de esas causas, sino simplemente al azar, pues tal es la situación de desconcierto en que vive el Gobierno, tan sólo preocupado por alargar su existencia.

En materia de investigación y desarrollo, Aragón requiere un golpe de timón hacia arriba, terminar con la rutina en que está instalado desde el comienzo del siglo, y plantear una política nueva y audaz, compatible con la realidad actual pero encaminada a superarla, no a prolongarla. Si esto no se da, si la preocupación por estas materias no asciende en la escala de prioridades políticas del Gobierno, el Pacto por la Ciencia, tan aireado hace unos meses, podría quedar tan sólo, y el que esto suscribe no lo desea, en una vistosa operación de márquetin político.