Administración Electrónica

Como es sabido, la Administración Electrónica alude a la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas para que, por una parte, desaparezcan los papeles en las oficinas tradicionales, sustituyéndolos por procesos electrónicos, y, por otra, el ciudadano pueda relacionarse con la Administración de esta misma forma, es decir, sin papeles

Para que una administración pase de su forma tradicional al modo electrónico no solo se requiere la informatización de lo que se está haciendo, sino que se precisa, al mismo tiempo, cambiar la forma de actuar tradicional por otra manera que recoja la idiosincrasia electrónica, que es tanto como traducir a mentalidad digital lo que antes existía en planteamientos analógicos.

Este cambio de mentalidad requiere que los empleados públicos, y también los ciudadanos, abandonen viejos esquemas, acendrados por el uso reiterativo de muchos años, y se abran a la novedad conceptual de otra forma no solo de hacer, sino fundamentalmente de pensar, obligando con ello a los poderes públicos a una amplia labor de formación y pedagogía ciudadanas, no siempre realizada con la extensión y finura requeridas.

La Agenda Digital para España marca la hoja de ruta en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de Administración Electrónica para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, e incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

Desde la Unión Europea no se puede imponer un modelo específico de Administración Electrónica, ya que el principio de autonomía institucional y procedimental obliga a respetar la organización territorial interna y el funcionamiento propio de los Estados miembros, pero sí puede establecerse una especie de paradigma que, sin perjuicio de las especificidades de cada Estado, establezca un mínimo de servicios comunes y una orientación indicativa de las líneas más interesantes de desarrollo.

En Aragón, este proceso arrancó en el año 2009 por medio del Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón, en el que se estableció un marco estratégico de todos los servicios necesarios y un catálogo pormenorizado de las acciones a desarrollar, con un interesante calendario aproximado de realizaciones. Pero a pesar del impulso dado inicialmente y la decidida apuesta política por el asunto, los resultados en la actualidad distan mucho de los previstos, existiendo en estos momentos una escasa penetración de la electrónica en el conjunto de la Administración, con un uso mínimo de los servicios puestos en marcha, y además con un desigual reparto de los mismos entre los distintos Departamentos.

Según los últimos datos oficiales del Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital, en Aragón, sólo un 3% de los procedimientos administrativos que se desean realizar electrónicamente se encuentran en su máximo nivel de desarrollo, situando este porcentaje a la Comunidad aragonesa entre las más atrasadas de España en esta materia.

Todo ello debido, entre otras causas, a un planteamiento erróneo desde el principio que requiere, a mi juicio, un cambio radical de estrategia, como han apuntado distintos expertos en la materia, y que, según sus propias aseveraciones, debería descansar en entre otros, en las siguientes líneas de acción.

En primer lugar, es necesario proceder a una revisión exhaustiva de los servicios actuales, cuestionando con rigor, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, su operatividad, y desechando aquellos cuyas prestaciones distan sustancialmente de lo que sería necesario. En segundo lugar, es preciso abandonar el afán de ampliar la oferta de servicios comunes en beneficio del despliegue de servicios nítidamente departamentales y que, al mismo tiempo, descansen sobre una adecuada gestión de proyectos en lugar de pretender la universalización de la producción de software propio, liberalizando los suministros con una clara opción por los productos consolidados. Y, por último, se requiere, una mayor flexibilidad en la política se servicios comunes.

Todo ello precisa, además, una gestión única y una unidad de mando, tanto en lo referente a los aspectos económicos, como a lo tocante a la calidad o a la tecnológica, centralizando la gestión de los proyectos y estableciendo técnicas concretas de seguimiento. Y todo el conjunto debe insertarse en un marco global en el que se expliciten todos los servicios y estrategias

Ante esta situación, urge que el Gobierno de Aragón clarifique la situación en que se encuentra realmente todo el proceso de creación de la Administración Electrónica, corrija los rumbos errados, intensifique las acciones de creación de los nuevos servicios, proceda a elaborar un catálogo de normas que es preciso cambiar para adecuarlas a la mentalidad digital, y ponga en marcha un suficiente programa de formación profesional.

 

 

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