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Volver a empezar

junio 28, 2016

Existe una tentación en la que a veces caen muchos políticos cuando acceden al poder, sobre todo si lo hacen por primera vez, consistente en pensar que con ellos comienza el mundo, que nada de lo anterior es válido y que tienen que partir de cero para pergeñar un futuro esplendoroso.

Dicho afán suele traducirse en proyectos estratégicos para todas las materias, en planes majestuosos para cubrir imperfecciones del pasado, y en discursos grandilocuentes en los que solo falta la intención de hacer coincidir el arranque del calendario con el día de su toma de posesión.

Y esto, que es general en todas las materias de la actividad pública, resulta particularmente notorio en aquellos ámbitos que pueden considerarse insertos en la modernidad, como, por ejemplo, todo lo referente a la sociedad del conocimiento.

Es difícil encontrar un discurso de los gobernantes regionales actuales en el que no se haga alusión al cambio del sistema productivo, al asentamiento en una economía basada en el conocimiento, y a la búsqueda de ciudades o territorios inteligentes, como si todo esto pudiera llevarse a cabo en los cuatro años de una legislatura, y además de ámbito regional.

Los cambios de los sistemas productivos no son nunca el resultado de la acción de unos políticos concretos, salvo en el caso de las revoluciones, sino la consecuencia de unas modificaciones estructurales operadas por una gran infinidad de agentes, en unos ámbitos temporales más o menos largos y en función de situaciones históricas no controlables por nadie en particular, sino por el propio devenir de la modernidad de los tiempos. Todo ello, naturalmente, sin despreciar la contribución que las distintas políticas concretas pueden tener para adelantar o retardar esos cambios, pero siempre desde la asunción de la relativa incidencia en el proceso global.

Traigo estas reflexiones a colación con motivo de la pretensión del Gobierno aragonés de lanzar lo que él llama el Pacto por la Ciencia en Aragón. Y no lo cito para criticarlo, y menos aún para oponerme a él, sino para poner de manifiesto que cuanto en él, hasta el momento, está contenido no representa ninguna novedad, sino más bien el afán de envolver en declaración grandilocuente y altisonante, con pretensión casi de marcar un comienzo del calendario histórico de Aragón, lo que ya se viene haciendo por el Gobierno actual, que, en el fondo, no es sino la continuación de lo que ya se venía haciendo por los gobiernos anteriores.

Es cierto que la gestión del conocimiento es fundamental en esta economía competitiva y global, pues la tecnología, el capital y los medios de producción ya no son elementos diferenciales en un mundo globalizado.

Es igualmente verdad que con los países emergentes ya no podemos competir en costes, sino solo en calidad, en formación y en alta tecnología. Por eso, la gestión del conocimiento y la excelencia en esa formación y esa alta tecnología son claves para estar entre los mejores.

No es menos riguroso afirmar que la posición de Aragón en cuanto al gasto en porcentaje del PIB dedicado a la investigación debe mejorarse sustancialmente, superando la media nacional, y buscando sinergias con otros sectores productivos, para situar a nuestra Comunidad entre las regiones europeas con mayor nivel investigador.

Resulta siempre conveniente pregonar que las telecomunicaciones, la informática, la robótica, la nanotecnología, la salud, la biotecnología, las energías renovables, los transportes y la seguridad son áreas estratégicas de investigación y desarrollo para Aragón. Y es un motivo de orgullo contemplar que, en estos momentos, nuestra Comunidad ya es un referente en la investigación relativa a la nanotecnología, la biorrobótica y la tecnología de fibra óptica.; y afirmar que en torno a estos tres ámbitos, junto con la biotecnología y las ciencias cognitivas, se pueden impulsar proyectos tecnológicos ambiciosos que hagan de Aragón una Comunidad líder.

A nadie se le oculta que es necesario aprovechar esta situación de excelencia, este indiscutible punto fuerte, para intensificar la colaboración universidad-empresa, identificar los proyectos actuales nacionales y europeos en los que participan entidades aragonesas, e incentivar los foros de encuentro y de intercambio de conocimiento.

Y, por supuesto, la Administración debe crear condiciones para hacer proyectos de investigación a largo plazo no solo con los centros de investigación de Aragón, sino también involucrando a las empresas, favoreciendo que la financiación se dirija a los nichos de excelencia y a los grupos emergentes, y organizando la formación de acuerdo con las necesidades empresariales.

Todo esto, y mucho más de lo que se podría hablar, y que con unas u otras palabras, se encuentra espolvoreado por el documento actual del Pacto, está dicho, recogiendo el sentir general de los expertos, en la Estrategia Aragón 2025 que el Partido Popular de Aragón lanzó hace años.

Si me he referido a ello no es, como ya he dicho, para desprestigiar el pretendido Pacto por la Ciencia, sino para ubicarlo en su sitio correcto y poner de manifiesto que lo verdaderamente interesante y necesario, al margen de la agradable literatura que contiene, es que la política de Innovación e Investigación dé el salto necesario que requiere en el ranquin de dotaciones presupuestarias, y que, hasta la fecha, no ha dado.