La libertad de enseñanza

El Gobierno de Aragón ha introducido en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón una disposición concerniente a la implantación de grados que, a mi juicio, es inconstitucional porque atenta contra la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución.

Dicha disposición, que impide a los centros de educación superior privados la implantación de nuevas enseñanzas si ello supone duplicidad con las existentes en los centros universitarios públicos, establece una diferencia de requisitos y condiciones según se trate de una universidad pública o privada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, de rango superior a la normativa aragonesa, que impide cualquier diferencia a esos efectos entre un tipo y otro de universidad.

Ese cambio en la legislación aragonesa establece una discriminación entre universidades, supeditando la autonomía académica de una de ellas a la autonomía académica de la otra, imponiendo, por esa vía, una especie de subordinación o dependencia jerárquica, hasta el punto de llegar a prohibir, en la práctica, que unas determinadas enseñanzas se puedan implantar en una universidad por razón de su titularidad, en este caso privada.

Dicho afán de supeditación universitaria, impropio de un Gobierno democrático, pone de manifiesto que no se entiende, o no se quiere entender, lo que son las universidades privadas, ni el papel que juegan en la sociedad ni el reconocimiento que de ellas hace la legislación básica española en la materia.

Las universidades, todas ellas, realizan el mismo servicio público de educación superior. Es cierto que hay requisitos que pueden exigirse a la universidad pública a los efectos de garantizar plenamente el derecho a la educación de los ciudadanos en el ámbito superior; pero a las universidades privadas no les corresponde ni natural ni jurídicamente, al menos en igual medida, esa tarea, debiendo estar más atentas a la voluntad del fundador, al ideario que inspiró su creación y determinó el elenco de sus fines, que a otras consideraciones de política educativa que pueden regir imperativamente para la universidad pública.

El ideario de las universidades privadas puede ser tan variado como admite la legislación básica universitaria para su creación y autorización. La defensa de los valores occidentales, la acentuación de la personalidad emprendedora, la defensa del humanismo cristiano o el concepto religioso de la vida son algunos de los variados fines que pueden inspirar la creación de una universidad privada. Y al cumplimiento de estos fines, junto con la calidad educativa exigida por la legislación, se debe la instancia última de su programación universitaria y no a ninguna otra pretensión de la política educativa del Gobierno de turno, al que sí tiene que atender inexorablemente la universidad pública.

Resultan falaces ciertos argumentos con los que algunos pretenden diferenciar la universidad pública de la privada, aduciendo que la primera existe para garantizar un derecho ciudadano y la segunda no deja de ser un negocio privado, otorgando con ello un nivel ético superior a la primera, justificador, a su juicio, de cualquier supeditación jerárquica. La falacia de dicho planteamiento, cargado de prejuicios doctrinales, es evidenciada por la propia legislación cuando sitúa a las dos universidades en el mismo nivel jurídico poniendo, claramente de manifiesto que su existencia no contrapone un derecho a un negocio, sino que ambas sirven al mismo derecho, haciendo compatible ese servicio con fines no exactamente iguales, pero igual de legítimos en todo caso.

La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para la mejora de la sociedad en todos los órdenes. El avance hacia un modelo productivo basado en la innovación como una actividad sistemática que penetre todos los ámbitos de actividad humana es algo a lo que pueden contribuir de forma poderosa las universidades. Pero no solo desde el aspecto productivo o económico, sino también desde el más profundo de la transformación de la sociedad hacia valores más humanos que establezcan relaciones de mejor convivencia. La introducción del espíritu universitario de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la sociedad constituye, a mi juicio, un elemento clave en la mejora de la vida colectiva. Y no se puede hablar de un verdadero espíritu universitario buscador de la verdad si esa búsqueda no se realiza en libertad.

Por ello, el paso dado por el Gobierno de Aragón al introducir en la vida universitaria lo que, a mi juicio, atenta contra el principio de la libertad, libertad de educación en este caso, supone un grave paso atrás, una regresión a un oscurantismo alejado no solo del verdadero espíritu universitario, sino del auténtico talante democrático, envolviendo en una sombra de desprestigio a todo el sistema universitario aragonés, incluida la universidad pública a quien supuestamente se pretende ayudar con esa medida.

Hay situaciones en la vida personal y en la vida pública en las que, como asegura esa famosa sentencia de la filosofía popular, “rectificar es de sabios”. Yo creo que éste es uno de los momentos en que el Gobierno aragonés debería aplicarse a esa “sabiduría” y, haciendo caso a la petición de la oposición, desandar el camino torpemente andado y restaurar en Aragón la libertad de enseñanza.

 

 

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