Archive for 27 mayo 2016

La Política de Innovación en Aragón

mayo 27, 2016

La innovación en Aragón está caracterizada por una gran estabilidad a lo largo de lo que va de siglo. Analizando los datos que depara el Instituto Nacional de Estadística desde comienzos de los años 2000, puede observarse que el lugar que ocupa Aragón en el conjunto de las Comunidades Autónomas, según los indicadores más característicos con los que se suele medir la innovación, se mantiene prácticamente en la misma posición desde hace más de una década

En cuanto al número de empresas con actividad innovadora, ocupando Aragón en 2006 la séptima posición, tras pasar los años 2009, 2010 y 2011 a la octava, en 2014 ha vuelto a estar en la séptima, en una muestra elocuente de su relativa inmovilidad.

En intensidad de innovación de las empresas, entendida ésta como el porcentaje que representan los gastos totales en actividades innovadoras en el monto total de la cifra de negocio de las mismas, tras una pequeña disminución desde el 2006 al 2011, pasando de la tercera posición nacional a la quinta, sigue estando en estos momentos en la quinta.

Y con respecto al número de empresas tecnológicamente innovadoras, Aragón se encuentra en el octavo puesto prácticamente desde el año 2008, idéntica situación a la contemplada si se atiendo al monto de los gastos totales en innovación.

Todo ello, y sin perjuicio del relativismo con el que hay que tomar siempre los análisis estadísticos, pero sin prescindir tampoco del valor orientativo que tienen, permite abundar en lo que decía al principio, en la relativa estabilidad de la innovación en Aragón a lo largo de este siglo, poniendo de manifiesto que, en líneas generales, la política de innovación que ha mantenido el Gobierno de Aragón ha sido sustancialmente la misma con independencia de los partidos que en las distintas épocas lo han sustentado

Esta circunstancia de estabilidad al margen de los colores políticos de los agentes públicos, que puede ser muy benefactora y deseable para ciertos asuntos, no lo es, a mi juicio, cuando se pretende, como es el caso de la innovación, convertir a Aragón en una Comunidad líder en la materia. Esa condición de liderazgo, que se mide por la ventaja de una Comunidad Autónoma frente a las demás, es incompatible con el estancamiento en el tiempo que las cifras antes comentadas ponen de manifiesto.

Si se pretende que Aragón ascienda sustancialmente en el ranquin de Comunidades Autónomas en esta materia se requiere un potente revulsivo, que no se ha dado hasta el momento. La mera continuidad de la política seguida hasta ahora por todos los gobiernos no conduce a esa posición de liderazgo deseada, sino simplemente a mantener las posiciones que ya se tienen. Solo un cambio auténtico cuantitativo y cualitativo, y no meramente literario, como se percibe en los discursos actualmente, puede generar el golpe de timón que la política de innovación requiere, si se quiere lograr lo que se predica.

Y para ese golpe de timón estratégico hay en la dimensión innovadora de Aragón puntos fuertes en los que poder apoyarse. En lo referente al porcentaje de la cifra de negocios de las empresas que representan los productos nuevos o mejorados, Aragón está la segunda Comunidad, solo superada por el País Vasco. Y en lo tocante al porcentaje de empresas con innovación no tecnológica, tan solo es superada por Cataluña, Madrid y Valencia.

Hace ya más de cinco años, la Comisión Europea declaraba que, tras haber atravesado la peor crisis económica desde los años treinta del pasado siglo, la única forma para conseguir la restauración de los puestos de trabajo destruidos y lograr prosperidad consiste en mejorar la innovación en todos los aspectos, desarrollando nuevos productos y servicios.

Esta solemne afirmación, aceptada ya de forma general, constituye una de las bases del actual pensamiento económico, y obliga a utilizar adecuadamente el potencial científico y tecnológico de cualquier Comunidad o país para la generación de innovaciones.

El desafío de Aragón en esta hora de España y de Europa, como todos los grandes desafíos vitales, tanto personales como sociales, no es unidireccional, sino mucho más complejo. Requiere una amplitud de miras suficiente para contemplar simultáneamente todas las dimensiones en que descansa. Pero sin duda alguna, una de esas dimensiones, en el aspecto económico, es la innovación. Pasar de las palabras a los hechos, superar la política de meros discursos para adentrarse con realismo y decisión en la modificación de la realidad actual, y sentar bases sólidas para un vigoroso futuro es lo que, a mi juicio, requiere una política de innovación que cambie realmente la situación.

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La libertad de enseñanza

mayo 2, 2016

El Gobierno de Aragón ha introducido en la Ley de Ordenación del Sistema Universitario de Aragón una disposición concerniente a la implantación de grados que, a mi juicio, es inconstitucional porque atenta contra la libertad de enseñanza consagrada en la Constitución.

Dicha disposición, que impide a los centros de educación superior privados la implantación de nuevas enseñanzas si ello supone duplicidad con las existentes en los centros universitarios públicos, establece una diferencia de requisitos y condiciones según se trate de una universidad pública o privada, contraviniendo lo dispuesto en la Ley Orgánica de Universidades, de rango superior a la normativa aragonesa, que impide cualquier diferencia a esos efectos entre un tipo y otro de universidad.

Ese cambio en la legislación aragonesa establece una discriminación entre universidades, supeditando la autonomía académica de una de ellas a la autonomía académica de la otra, imponiendo, por esa vía, una especie de subordinación o dependencia jerárquica, hasta el punto de llegar a prohibir, en la práctica, que unas determinadas enseñanzas se puedan implantar en una universidad por razón de su titularidad, en este caso privada.

Dicho afán de supeditación universitaria, impropio de un Gobierno democrático, pone de manifiesto que no se entiende, o no se quiere entender, lo que son las universidades privadas, ni el papel que juegan en la sociedad ni el reconocimiento que de ellas hace la legislación básica española en la materia.

Las universidades, todas ellas, realizan el mismo servicio público de educación superior. Es cierto que hay requisitos que pueden exigirse a la universidad pública a los efectos de garantizar plenamente el derecho a la educación de los ciudadanos en el ámbito superior; pero a las universidades privadas no les corresponde ni natural ni jurídicamente, al menos en igual medida, esa tarea, debiendo estar más atentas a la voluntad del fundador, al ideario que inspiró su creación y determinó el elenco de sus fines, que a otras consideraciones de política educativa que pueden regir imperativamente para la universidad pública.

El ideario de las universidades privadas puede ser tan variado como admite la legislación básica universitaria para su creación y autorización. La defensa de los valores occidentales, la acentuación de la personalidad emprendedora, la defensa del humanismo cristiano o el concepto religioso de la vida son algunos de los variados fines que pueden inspirar la creación de una universidad privada. Y al cumplimiento de estos fines, junto con la calidad educativa exigida por la legislación, se debe la instancia última de su programación universitaria y no a ninguna otra pretensión de la política educativa del Gobierno de turno, al que sí tiene que atender inexorablemente la universidad pública.

Resultan falaces ciertos argumentos con los que algunos pretenden diferenciar la universidad pública de la privada, aduciendo que la primera existe para garantizar un derecho ciudadano y la segunda no deja de ser un negocio privado, otorgando con ello un nivel ético superior a la primera, justificador, a su juicio, de cualquier supeditación jerárquica. La falacia de dicho planteamiento, cargado de prejuicios doctrinales, es evidenciada por la propia legislación cuando sitúa a las dos universidades en el mismo nivel jurídico poniendo, claramente de manifiesto que su existencia no contrapone un derecho a un negocio, sino que ambas sirven al mismo derecho, haciendo compatible ese servicio con fines no exactamente iguales, pero igual de legítimos en todo caso.

La generación de conocimiento en todos los ámbitos, su difusión y su aplicación para la obtención de un beneficio social o económico, son actividades esenciales para la mejora de la sociedad en todos los órdenes. El avance hacia un modelo productivo basado en la innovación como una actividad sistemática que penetre todos los ámbitos de actividad humana es algo a lo que pueden contribuir de forma poderosa las universidades. Pero no solo desde el aspecto productivo o económico, sino también desde el más profundo de la transformación de la sociedad hacia valores más humanos que establezcan relaciones de mejor convivencia. La introducción del espíritu universitario de búsqueda de la verdad en todos los ámbitos de la sociedad constituye, a mi juicio, un elemento clave en la mejora de la vida colectiva. Y no se puede hablar de un verdadero espíritu universitario buscador de la verdad si esa búsqueda no se realiza en libertad.

Por ello, el paso dado por el Gobierno de Aragón al introducir en la vida universitaria lo que, a mi juicio, atenta contra el principio de la libertad, libertad de educación en este caso, supone un grave paso atrás, una regresión a un oscurantismo alejado no solo del verdadero espíritu universitario, sino del auténtico talante democrático, envolviendo en una sombra de desprestigio a todo el sistema universitario aragonés, incluida la universidad pública a quien supuestamente se pretende ayudar con esa medida.

Hay situaciones en la vida personal y en la vida pública en las que, como asegura esa famosa sentencia de la filosofía popular, “rectificar es de sabios”. Yo creo que éste es uno de los momentos en que el Gobierno aragonés debería aplicarse a esa “sabiduría” y, haciendo caso a la petición de la oposición, desandar el camino torpemente andado y restaurar en Aragón la libertad de enseñanza.