En esta hora de España

Quiero empezar por afirmar de manera inequívoca que yo considero que nuestro sistema político no está agotado, como están empeñados en decir desde algunas formaciones emergentes. Y lo digo sin ambages ante la insistencia de esas fuerzas políticas por abrir un proceso constituyente para, como han afirmado textualmente, “romper el cerrojo de 1978”, porque está empezando a calar en otras fuerzas, de manera sutil, la sospecha de que talvez tengan razón esas peticiones, y, si no del todo, quizá en parte haya que abrir un proceso de profunda revisión de la Constitución, con modificaciones sustanciales de la forma de Estado, y ello presentado como la panacea progresista frente a lo que consideran inmovilismo

Que el sistema requiera algún ajuste es razonable pensarlo, sobre todo si se tiene en cuenta que lleva funcionando más de treinta años y en todo este tiempo las circunstancias políticas españolas han cambiado, al igual que las europeas y las mundiales. Pero unos ajustes de tipo menor no suponen ni requieren en modo alguno un proceso constituyente, sino el suficiente acuerdo político para proceder al acomodo a los tiempos actuales de lo que el paso de las décadas haya podido dejar sin el sentido inicial.

La mayor victoria inicial que podrían tener los que abogan por un proceso constituyente sería convencer de que el sistema político está realmente agotado, y que es síntoma de visión política el cambiarlo con determinación, abriendo una “nueva transición”.

La transición que desembocó en la Constitución de 1978 consistió básicamente en pasar de un sistema dictatorial a un sistema democrático, al sistema de la democracia representativa. Y desde la democracia representativa no hay que transitar a ningún sitio, a ningún otro sistema, salvo que, bajo el señuelo de progreso, se pretenda regresar, con ropaje moderno y discurso falsamente ilustrado, a algún tipo de sistema parecido al viejo.

El sistema político que tenemos, el de la democracia representativa, es el mejor de los posibles; y sin perjuicio de ajustes y perfeccionamientos puntuales que el decurso de las décadas aconsejen, no hay que alterar lo sustancial; y ello desde el convencimiento también de que no existe la democracia perfecta, y que, por lo tanto, la que tenemos no es una etapa intermedia en el camino hacia esa democracia ideal que no existe más que en la mente de los que, tal vez, lo que no quieran sea la democracia.

La Constitución española de 1978 no fue el resultado de un bando victorioso sobre otro, sino el acuerdo de todas las fuerzas políticas precisamente para que dejara de haber bandos. Y eso tiene un valor que perdura en el tiempo, y de una manera particular cuando algunos partidos emergentes con sus doctrinas, sus palabras  e inclusos sus gestos, lo que buscan es precisamente volver  a los bandos, desde la presunción de que en el suyo radica la razón histórica y la fuerza moral.

La democracia no resuelve los problemas. Los problemas los resuelven los políticos, los gobernantes. La democracia lo que permite es que los  problemas puedan resolverse apelando a la palabra y al entendimiento, y no por otros procedimientos. Endosar a la democracia esa capacidad taumatúrgica, achacando a las actuales instituciones democráticas los males de la situación presente, no hace sino oscurecer, con una cortina de humo falsamente progresista, lo que a mi juicio es el mayor componente de los problemas de este momento: la mediocridad de una gran parte de los políticos actuales.

Cuando las sesiones parlamentarias se convierten en riñas callejeras, la culpa no es del Parlamento sino de los políticos que así se enzarzan. Cuando los que, por su condición institucional, tienen que defender el Estado y lo que hacen es precisamente combatirlo e intentar destruirlo, la culpa no es de la estructura del Estado, sino de los políticos que emplean el poder no para beneficio del pueblo, sino para fines partidistas. Cuando la confrontación de ideas, en cualquiera de los ámbitos que la moderna sociedad permite, en lugar de esclarecer los asuntos, se convierte en descalificación sistemática del adversario, la culpa no es de la dialéctica, sino de los que así la pervierten.

Urge que aumente sustancialmente el número de políticos capaces de resolver problemas en lugar de crearlos, y de gobernantes con visión de estadista que sepan mirar por encima de sus propios partidos y, sin menoscabo de éstos, atinen con lo que es bueno para todos.

Urge que al frente de los poderes públicos, en cualquiera de sus niveles, sea mayor el número de los que llegan a ellos con verdadera vocación de servicio, en lugar de ver el cargo como la ocasión de una proyección personal al servicio de su propia biografía.

Urge que se incremente el elenco de parlamentarios que sepan hacer de la dialéctica, con hondura expositiva, talante dialogante y firmeza de convicciones, esa forma de pedagogía social que es inherente al buen ejercicio de la función política.

Éstas son, a mi juico, las urgencias políticas en esta hora de España, y no el cambio de las instituciones. Y menos aún la revisión de las bases que nos están proporcionando la mayor época de libertad y prosperidad de toda nuestra historia colectiva.

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