Doble encrucijada

El pasado día 21 de enero tuvo lugar en Zaragoza un acto promovido directamente por la Comisión Europea, a través del Gobierno de Aragón, para entregar los diplomas a las entidades que han demostrado la excelencia en la gestión ambiental, gracias a la implantación del sistema de gestión ambiental “European Eco-Management and Audit Scheme” (EMAS).
En dicho acto, y con la participación de Antonio Garrigues Walker, tuvo lugar una interesante reflexión sobre la política medioambiental y, en general, la europea, poniéndose de manifiesto la circunstancia de que ambas se encuentran en una importante encrucijada, de cuya adecuada solución depende en gran parte el futuro.
La política medioambiental puede decirse que se inició a finales de la década de 1960 del siglo pasado, y que fue en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de los Estados Miembros, celebrada en París en 1972, donde adquirió su aval y su rango. A partir de entonces, y con un ritmo de tres o cuatro años, fueron apareciendo Programas Ambientales, recogiendo en cada momento el estado del pensamiento sobre la materia, hasta llegar al último de los cuales, el Séptimo, que establece para 2020 objetivos sobre la protección de la naturaleza, una mayor resistencia ecológica, el crecimiento sostenible, y el uso eficiente de los recursos, entre otros fines de naturaleza similar.
Pero el Séptimo Programa, y esto es verdaderamente importante, subraya la necesidad de una mejor aplicación de la legislación ambiental, lo cual abre, a mi juicio, el debate sobre la encrucijada medioambiental en la que se encuentra Europa.
En estos momentos hay dos tendencias contrapuestas en las instituciones comunitarias que pugnan en distinta dirección: Por una parte, se hacen esfuerzos en simplificar las normativas para facilitar las actividades económicas y la competitividad, siendo claro ejemplo de ello la Directiva de Servicios. Pero, por otro lado, sigue aumentando la normativa con un mayor componente técnico, incrementando las exigencias, siendo un claro ejemplo de esta segunda tendencia la Directiva de Prevención y Control Integrado de la Contaminación y sus sucesivas modificaciones, cada vez más complicadas y difíciles de cumplir. La encrucijada, simplificando, podría plasmarse en el dilema: ¿Más normas o menos normas?
En una encrucijada formalmente semejante se encuentra la Unión Europea desde hacer tiempo, pero más acentuadamente desde las pasadas elecciones al Parlamento Europeo con el auge de los partidos contrarios a la Unión: ¿Más Europa o menos Europa?. O dicho de otra manera: avanzar decididamente hacia la completa unión política, o regresar a situaciones previas de la mano de la tendencia renacionalizadora que busca recuperar el auge de los Estados Miembros en detrimento de la Unión.
Y estas dos encrucijadas, de naturaleza distinta, plantean , a mi modo de ver, una reflexión que puede ser de alguna manera común para ambas, y está basada en lo que verdaderamente se entienda por progresar en ambos campos.
Sabida es la enorme proliferación legislativa de la Unión Europea en todos los ámbitos y particularmente en el medioambiental, de forma que para algunos “más Europa “ es sinónimo de más legislación europea, de mayor control desde Bruselas; de la misma forma que “más preocupación medioambiental” es también sinónimo de mayor regulación y restricción en todas las materias.
Me encuentro entre los que están a favor de “más Europa” y “más medioambiente”, pero considerando que “más Europa” no significa más regulación europea ni más control centralista desde Bruselas, sino lo contrario: mayor agilidad normativa en todos los aspectos, menor control desde Bruselas, mayor autonomía de funcionamiento de los Estados Miembros, pero, al mismo tiempo, unidad real y completa en lo que es el núcleo político de la Unión: la fiscalidad, la política económica, la defensa, la política exterior y la concepción de la ciudadanía europea.
Y “más medioambiente” no significa mayor regulación, sino, precisamente, lo contrario: mayor simplificación legislativa, distinguir claramente lo accesorio de lo fundamental, permitir un pujante desarrollo económico, quitar trabas al espíritu emprendedor, y difundir una mejor concienciación ciudadana que termine por repercutir de manera benefactora en un incremento de la preocupación por el medio ambiente en todos los ámbitos, haciendo posible la realidad del desarrollo sostenible, que implica la simultánea sostenibilidad en los ámbitos, sociales, económicos y medioambientales. En definitiva: pasar de una concepción administrativista del medio ambiente a una concepción estratégica.
En materia europea, las instituciones deberían decidirse, a mi juicio, por la segunda polaridad de la disyuntiva comentada. En lo referente a la política medioambiental, el Gobierno de Aragón ha optado ya claramente por la simplificación legislativa.

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