Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea

En el Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea celebrado en Luxemburgo el pasado día 12 de junio, las Comunidades Autónomas, a través del Gobierno español, hicieron valer con claridad su postura común sobre los cuatro asuntos fundamentales que se trataron.
Dicha postura común fue ampliamente debatida y adoptada en Zaragoza el pasado 4 de junio, al ser Aragón la Comunidad encargada de coordinar su elaboración y portarla a las instituciones europeas.
En ella, además de ratificar la propuesta de modificar la Directiva 2001/18/CE para que los Estados Miembros puedan restringir o prohibir el cultivo de organismos modificados genéticamente en su territorio, se abordaron los siguientes asuntos: La limitación de emisiones a la atmósfera de determinados agentes procedentes de las instalaciones medianas de combustión, la reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos, y las líneas maestras de las políticas de clima y energía para el año 2030
En la primera de ellas, la relativa a las instalaciones medianas de combustión, las Comunidades Autónomas mostraron su deseo de que, además de los contaminantes previstos en la propuesta de la Directiva, como son los óxidos de nitrógeno y de azufre, se incluyese también el monóxido de carbono, por la gran incidencia que éste tiene en los efectos contaminantes. Y todo ello sin dejar de pedir la exclusión de las instaciones menores del sector residencial doméstico, las comprendidas entre 1 y 5 Mw, o al menos establecer para ellas niveles y controles de emisión menos estrictos y plazos de implementación más largos.
Mención especial tuvo en este punto la referencia a la biomasa para calderas, de tanta importancia en España y, en concreto, en Aragón, para cuyas instalaciones de utilización se solicitó una mayor flexibilidad en los controles.
En el segundo aspecto, la reducción de las emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos, las Comunidades Autónomas empezaron por manifestar su criterio de que era muy fuerte y difícilmente asumible el descenso de emisiones exigido por el Protocolo de Gotemburgo, y que, por lo tanto, sus exigencias deberían ser más ajustadas a las posibilidades tecnológicas actuales y a razonables criterios económicos.
Mostraron su conformidad a la recomendación de que los Estados Miembros elaborasen Programas Nacionales de Lucha contra la Contaminación Atmosférica, pero sobre todo sugiriendo medidas concretas a llevar a cabo en la reducción de amoniaco, de especial importancia para el sector agroganadero. Con respecto a esto último fue opinión general la exigencia de concretar los fondos económicos que permitan lograr su efectiva reducción, y la necesidad de alcanzar un compromiso conjunto de todas las Administraciones implicadas, y de los distintos departamentos en cada Administración, sin cuya anuencia la pretensión quedaría en la esfera de mero deseo bienintencionado.
Igualmente unánime fue el planteamiento de excluir del paquete de exigencias de reducción al sector agropecuario. Ninguna Comunidad Autónoma dudó de que en el futuro habrá de incluirse, pero no en la actual coyuntura económica. Son muchos los problemas que sobre este sector gravitan actualmente y antes de proceder a su inclusión, y para su mejor logro, se consideró necesario un proceso de adaptación costoso que requiere líneas de ayuda económica que muy bien podrían establecerse en el marco de la PAC.
En cuanto al último de los asuntos tratados, las líneas maestras de las políticas de clima y energía para el año 2030, las Comunidades Autónomas se ratificaron en la posición común alcanzada en Zaragoza el pasado 19 de febrero, consistente en apoyar el objetivo global de reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero y ampliar el régimen de comercio de derechos de emisión, aprovechando los ingresos adicionales generados a través de la venta de dichos derechos para intensificar las iniciativas de I+D+i en energías renovables, eficiencia energética y procesos industriales hipocarbónicos.
En lo referente a las políticas más estratégicas en materia de clima y energía, las Comunidades Autónomas consideraron, con renovada fuerza si cabe, que, junto a las políticas de fomento, es imprescindible una política energética común para Europa. Se abundó en la idea de terminar con el aislacionismo español, y muy en concreto con lo que se denomina la isla energética de la Península Ibérica, con un escaso 2% de interconexión actual de potencia instalada que, al menos, habría que elevar al 15% entre España y Portugal y al 10% entre España y Francia.
Con este segundo Consejo de Ministros europeo celebrado en el primer semestre de 2014 termina el turno de Aragón en su calidad de portavoz y coordinador del sentir del conjunto de las Comunidades Autónomas españolas, cuyo testigo recibió hace seis meses de la Comunidad Valenciana y lo transmite ahora a Castilla La Mancha.
Durante este semestre, el Gobierno de Aragón, además de ejercer con la mayor dedicación su papel coordinador en las materias concretas comentadas, ha pretendido también, y lo ha realizado con toda intensidad, transmitir su sincera vocación europeísta desde el convencimiento de que, a pesar de que la Unión Europea es una unión de Estados, las Comunidades Autónomas, sin salirse ni un ápice de su papel constitucional, pueden contribuir poderosamente a difundir el espíritu europeísta, tan necesario para fortalecer el impulso de unión política que en estos momentos precisa la construcción europea.

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