Negociaciones de la PAC

El pasado mes de julio tuvo lugar el arranque de las negociaciones para el desarrollo en España de la nueva Política Agraria Común europea (PAC), con la intervención de todas las comunidades autónomas y del propio Ministerio, en un conjunto de sesiones que se van a prolongar presumiblemente hasta el verano de 2014, y en las que se establecieron las bases fundamentales sobre las que va a versar dicho desarrollo.

En primer lugar, se acordó establecer un modelo uniforme de aplicación de la PAC en todo el territorio nacional, sin la pretendida doble regionalización planteada por algunas comunidades autónomas, de forma que contribuya al mercado único agrario en Europa, sin perjuicio de algunas distorsiones que puedan darse en éste por diferencia de aplicación estatal.

La importancia del mercado único en Europa radica, entre otras consideraciones, en que es prácticamente el único mercado que cumple estas condiciones, no en balde consecuencia de la única política europea digna de tal nombre, y que contempla un 40% del presupuesto comunitario.

El desarrollo de esta aplicación homogénea se detallará en una comisión de alto nivel creada al efecto que empezará sus trabajos en septiembre, a través de un mecanismo que consiga minimizar las transferencias de fondos entre agricultores, sectores y comunidades autónomas, y basado en las 316 comarcas agrarias ya establecidas en la reforma de la PAC de 1992. La mayor parte de cada una de esas comarcas se va a dividir en cuatro zonas, regadío, secano, pastos y cultivos permanentes, dando lugar a 1.150 subzonas, lo cual da idea de la complejidad del estudio necesario para lograr la referida minimización.

Otra cuestión importante es la relativa a la no transferencia de fondos entre pilares, tal como acertadamente solicitaba el sector, de forma que no se pierdan fondos europeos, y se garantice el mantenimiento de las políticas de estructuras productivas, que son la auténtica vía de mejora de la competitividad del sector en el mercado global. Y si esto es importante para toda España, lo es, si cabe, más todavía para Aragón en el ámbito de su desafío agroalimentario y su permanente política de vertebración del territorio.

Una cuestión llena de novedad, y de la máxima importancia, es el apoyo decidido a los jóvenes que ahora se va a poder llevar a efecto por dos vías, tanto por el primer como por el segundo pilar, cuestión unánimemente reconocida como fundamental dada la situación de envejecimiento del campo español.

Se ha creado igualmente una comisión del máximo nivel para definir con todo el detalle posible el concepto de agricultor activo. Carece por completo de sentido la situación actual en la que se dan casos de productores cuyo cobro deriva de las ayudas recibidas históricamente más que de su actividad real en estos momentos, cuestión ésta especialmente llamativa en la ganadería.

Este apoyo a la ganadería, particularmente interesante para Aragón, tiene su punto clave en el monto y distribución de las ayudas asociadas, por las que el conjunto de las asociaciones profesionales aragonesas y Cooperativas Agroalimentarias, junto con el Gobierno de Aragón, vienen desde tiempo atrás propugnando en los ámbitos estatal y comunitario.

La ganadería extensiva es merecedora de apoyo público porque, además de ser su medio de vida para los ganaderos, genera bienes públicos. El mantenimiento del medio ambiente, la vertebración del territorio por la fijación de población que en el medio rural procura, su contribución indirecta a la prevención de incendios, y su aportación a la conservación de paisaje tradicional, entre otras cuestiones similares, son razones más que suficientes para que tenga el decidido apoyo que merece.

En este sentido, y para ser tratada en el máximo detalle, se ha creado otro grupo de trabajo para actuar con dos premisas acordadas: primero, utilizar el porcentaje máximo del 15% de los fondos del primer pilar; y segundo, que estos fondos tengan en la ganadería consideración prioritaria.

En el ámbito del Desarrollo Rural, un aspecto sustancial acordado, y demandado por Aragón, ha sido la revisión de los criterios de asignación de los fondos del segundo pilar, que se ha sustentado en asumir el criterio empleado por la Comisión Europea para el reparto de fondos entre Estados, la complementación con un nuevo criterio acordado en dicho grupo de trabajo con un amplio consenso, y el grado de cumplimento del Programa de Desarrollo Rural, donde Aragón está entre las comunidades autónomas de cabeza.

El proceso negociador, que se ha abierto de manera satisfactoria para los intereses de Aragón, se presume denso, pero constituye uno de los asuntos capitales para el futuro de la ganadería y de la agricultura aragonesas, y, en general, europeas.

Personalmente me encuentro entre los que piensan que debe aprovecharse ese proceso para aumentar en la ciudadanía la sensibilidad hacia los asuntos europeos en general, y con más intensidad, si cabe, en estos momentos de crisis de la propia idea europea y cuestionamiento de su pertenencia a la Unión por parte de algunos Estados muy concretos.

 

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