La Política Agrícola Común (PAC)

Sabida es la importancia que tiene la PAC y conocidos son también los problemas por los que atraviesa su reforma actual. En estos momentos, la PAC representa casi el 30% de la renta agrícola en nuestro país, que viene recibiendo anualmente unos 7.500 millones de euros, 5.000 de los cuales a través de los que se conoce como primer pilar, en forma de pagos directos, y unos 2.500 por medio del segundo pilar, que además se añaden a la cofinanciación del Estado español.

Ese montante económico se reparte en España entre más de 900.000 beneficiarios, 440.000 de los cuales reciben cantidades menores de los 1.300 euros, lo que en muchos casos viene a constituir un complemento a las jubilaciones.

Todos estos datos son igualmente importantes para Aragón, donde los 460 millones de euros que se reciben afectan a más de 56.000 beneficiarios, y en cuyo territorio hay más de dos millones de hectáreas afectadas a estos cobros.

La PAC fue la primera política europea comunitaria, y prácticamente la única que funciona de forma realmente común, habiendo cristalizado con el paso de los años en un poderoso entramado jurídico y administrativo que se lleva más del 40% del presupuesto comunitario, y que, a pesar de las reformas que viene sufriendo, ha permanecido fiel en todo momento a los objetivos fundamentales en virtud de los cuales fue creada.

En su primera época ejerció el papel de política de acompañamiento de la construcción del especio económico integrado y sin fronteras, conocido como “Mercado Común” en el Tratado de Roma, y a partir de 1993 como “Mercado Interior”. Un mercado además en continua expansión debido a las sucesivas adhesiones, con las incorporaciones que desde 1.973 se han ido produciendo, empezando por el Reino Unido y terminando, probablemente en 2.013 por Croacia, configurando una unión de 28 países que entraña una enorme complejidad de tratamiento. Complejidad ésta que restringe de manera considerable el margen de maniobra para sus reformas, y cuya restricción viene también condicionada por la actual crisis del sustrato europeísta y el escepticismo y alejamiento de la opinión pública europea.

La entrada en vigor del Tratado de Maastricht, que abrió paso a la Unión Monetaria y dibujó el horizonte de la unión política, constituyó también el final del primer período de la PAC, conocido comúnmente como “período europeizador” y abrió lo que se ha dado en llamar el “período de la globalización”, en el que nos encontramos actualmente y ante el que se propone una nueva reforma para el horizonte 2.014-2.020 que, al margen de que se logre aprobar este año o deba retrasarse, plantea un cambio de rumbo significativo, digno de consideración y reflexión

En primer lugar, la propuesta de reforma se orienta a reforzar el primer pilar, el de las ayudas directas, rompiendo la tendencia apuntada en años anteriores de ruralizar el conjunto del apoyo agrario. Ello se manifiesta en el deseo de consolidar los pagos directos por tramos; la asunción del apoyo a los jóvenes o a las zonas desfavorecidas; la mejora de la cadena alimentaria mediante contratos; el fomento de las organizaciones de productores; y la creación de nuevas herramientas de estabilización de los mercados, entre otros asuntos.  Y todo ello, naturalmente, en detrimento de la potenciación del segundo pilar.

Pero con ser la reforma que está en marcha muy importante, me parece a mí todavía más importante el debate que los tiempos actuales han abierto sobre la misma existencia de la PAC en el futuro.

Algunos piensan que la globalización es incompatible con la PAC y que las últimas adhesiones no van a hacer más que destruir el proyecto de integración europea y, en concreto, la PAC. Las tensiones que la política del actual Primer ministro británico está creando con la amenaza de referéndum para decidir el abandono del Reino Unido y la ineficacia demostrada hasta el momento por la Unión Europea para resolver la crisis económica, entre otros desalentadores factores, abundan en esa dirección.

Pero personalmente, me encuentro entre quienes piensan que la mejor respuesta a la inestabilidad actual no es acrecentar la acción pública nacional, sino avanzar en la integración política europea con decisión, profundizando en la democracia supranacional, y consolidando el modelo continental de economía social de mercado que el propio Tratado de Lisboa refrendó.

El objetivo debe ser crear una economía del bienestar, dinámica y competitiva, base de una Unión Europea que, como auténtico actor global, esté en condiciones de afrontar esos desafíos a los que difícilmente puede darse respuesta desde el ámbito exclusivamente nacional, y que propicie la consolidación de un modelo agrícola y alimentario propio, europeo, necesariamente distinto al de otras latitudes, que preserve la diversidad de las características agrarias de su distintas regiones, pero lo haga compatible con un mercado integrado, estable y sin distorsiones. Un modelo que garantice el suministro regular de los bienes y servicios públicos ligados a la actividad agraria, que dé lugar a un sistema agroalimentario más competitivo y sostenible, basado en lo que algunos llaman la “agricultura del conocimiento”, y que consiga hacer realidad, adaptado a las exigencias del comienzo del siglo XXI, el afán que se puso en marcha en Europa, en 1.950, con las ambiciones del Tratado de Roma.

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