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Esperanza en el futuro

diciembre 28, 2011

España se encuentra inmersa en una triple crisis interna y envuelta a su vez en una aguda crisis europea que le concierne de forma inexorable.

La primera crisis, la económica, conocida y comentada desde todos los ángulos y objeto central de la pasada campaña electoral y permanente comentario de la actualidad cotidiana, lacera el cuerpo social español con el drama de los cinco millones de desempleados y el deterioro generalizado de la vida pública en todos los órdenes, amenazando incluso esas conquistas del Estado de Bienestar que parecían definitivamente asentadas.

La ausencia de medidas adecuadas durante estos años pasados y las reformas emprendidas con la intención que expresaba el marqués de Lampedusa en su famosa novela de “EL Gatorpardo”, “que algo cambie para que todo siga igual”, han desembocado en la imperiosa necesidad de abordar en serio y con el debido rigor y profundidad las reformas financiera, fiscal y laboral, entre otras.

Pero no es solo el aspecto económico el que está en crisis; lo está también el Estado como consecuencia de un proceso autonómico que se ha desbocado en parte por sus mismos vicios iniciales, no corregidos en ningún momento y por lo tanto agrandados por el mero paso del tiempo, pero en parte también, y  de forma muy sustancial, por la irresponsabilidad política del Gobierno anterior, al dar alas a unos nacionalismos soberanistas y sentar agravios comparativos de muy difícil solución.

El dislocamiento estructural que esta situación produce permite expresar con claridad la necesidad de una reforma del Estado, entendida ésta en el sentido profundo que Ortega y Gasset le otorgaba cuando decía que “lo más grande que puede decirse de algo es que necesita ser reformado porque ello significa que su existencia es imprescindible y que, además, es capaz de nueva vida”

El Estado Autonómico ha propiciado a España treinta años de progreso, armonía y bienestar, y su reforma, no con la intención de regresar a ninguna situación anterior, sino precisamente para lo contrario, para llevarlo a su plenitud, corrigiendo su actual deriva, puede propiciar otros tantos años de igual o mayor bienestar

El actual desequilibrio existente entre los tres poderes ejecutivos del Estado, el central, autonómico y local, en beneficio del segundo de ellos está produciendo una distorsión de la vida nacional que no sólo afecta a cuestiones jurídicas y de derechos básicos, como es el de la igualdad de todos los españoles, sino que incide de lleno en la propia vida económica. Cuestiones esenciales para el desarrollo económico como la seguridad jurídica, la unidad de mercado, la libre circulación de personas, la similitud de niveles educativos, y muchas otras de índole similar están viéndose alteradas de manera creciente por el mencionado desequilibrio con el consiguiente impacto negativo y de largo alcance en la competitividad, el desarrollo productivo y, en último término, en la creación de riqueza y puestos de trabajo.

La segunda descentralización, es decir, el traspaso de competencias desde el poder autonómico al poder local, apalabrada desde hace más de una década por los grandes partidos nacionales, y considerada como pieza esencial del equilibrio que la Constitución proclama, vive el sueño del olvido.

Si a eso se añade el desafío soberanista de algunos nacionalismos periféricos, que abogan por objetivos extramuros de la Constitución, se puede comprender la ingente tarea que espera al nuevo Gobierno en esta materia tan trascendental para la convivencia, el progreso y el bienestar de los españoles.

Pero la crisis no afecta solo a la situación económica y a la estructura del Estado, sino también a valores cívicos sin los cuales una sociedad se deteriora y degenera. El cuidado permanente de la democracia, no solo en el funcionamiento de las instituciones sino en los mismo hábitos ciudadanos; el prestigio de la actividad política, hoy situado en ínfimos niveles de consideración popular; el esfuerzo personal y colectivo como palanca necesaria para el progreso en todos los órdenes; y la convivencia y respeto entre los españoles, cualesquiera sean sus opiniones y creencias son valores  que no solo no han sido fortalecidos en estos años pasados, sino en demasiadas ocasiones conculcados por legislaciones intempestivas, actitudes revanchistas o comportamientos doctrinarios.

Y toda esta crisis nacional está envuelta en la peor crisis existencial que está viviendo el proyecto europeo desde finales de la Segunda Guerra Mundial, con voces que ponen en cuestión la mismísima existencia de la Unión Europea y con gobernantes que aprovechan la situación para reclamar la devolución de soberanías perdidas.

Frente a este negro panorama cabe esperar sin embargo que la contundencia con que los españoles han dado el poder al nuevo Gobierno le permita resolver la crisis económica, fortalecer el Estado, afianzar los valores cívicos y contribuir de forma decisiva a la integración europea

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