La Reforma del Estado

Decía Ortega y Gasset que lo más grande que puede pregonarse de algo es que necesita ser reformado, porque eso es tanto como afirmar que su existencia es imprescindible, y que es capaz de nueva vida.
En estos tiempos de reflexión sobre el Estado autonómico, este pensamiento de Ortega me parece un punto de arranque muy adecuado para mirar sin prejuicios, y con la mayor lucidez posible, hacia lo que constituye siempre, en cualquier país, la mayor de sus inquietudes: el ajuste permanente de sus estructuras políticas básicas.
El paso del tiempo no deja nunca nada indiferente. Tanto en la vida personal como en la colectiva, el desgaste es inherente al devenir, y plantearse con rigor y serenidad, y a la luz de la experiencia que el propio paso del tiempo proporciona, la mejor forma de corregir y reparar lo que haga falta, lejos de ser una frivolidad insensata, constituye el ejercicio de la prudencia más acendrada.
Reflexionar sobre el Estado autonómico a la altura de estos treinta y tres años de andadura del mismo es, a mi entender, una necesidad política de primer orden, y en mi caso no implica ningún concepto peyorativo del mismo, sino, muy al contrario, y como pregona la reflexión de Ortega antes comentada, un verdadero deseo de llevarlo a su plenitud.
Naturalmente, para esta reflexión, como para cualquier otra, y para que ella haga posible el diálogo sincero y fecundo, resulta inevitable abordarla desde los propios presupuestos políticos, sin mistificaciones ni subterfugios, y con la suficiente claridad para que puedan percibirse con nitidez los contornos de la discrepancia con cualquier otro planteamiento.
Es posible que un político nacionalista piense que cuanta más autonomía tenga su Comunidad mejor vivirán sus ciudadanos, y que el proceso autonómico, por su misma naturaleza, no tiene final, pudiéndose siempre adquirir mayores cotas de autonomía, deseando incluso llegar a un punto en que el proceso conceptualmente adquiera otro calado y reciba, en consecuencia, otro nombre. No es éste el caso de quien esto escribe.
La Constitución española, al delimitar el Estado autonómico, consagra tres poderes ejecutivos: el central, el autonómico y el local, sin jerarquización entre ellos, con plena autonomía funcional y ateniéndose tan solo al contenido de sus respectivas competencias. Pues bien, en esta situación, considero que la plenitud de servicio de los ciudadanos no consiste en el crecimiento sistemático de uno de ellos en detrimento de los otros dos, sino en el adecuado equilibrio de los tres.
Puede afirmarse con toda claridad que el intenso proceso descentralizador iniciado en España a partir de 1978 ha marcado un hito histórico, pudiéndose calificar de espectacular, tanto por su amplitud como por su rapidez. Con ello, España se ha puesto a la vanguardia de Europa en materia de descentralización, con unos beneficios sociales palpables en todos los órdenes. Pero este notable avance en la configuración del Estado de las Autonomías, este éxito colectivo como nación no ha concluido porque no ha tenido, por desgracia, un reflejo similar en el siguiente escalón territorial: los entes locales. La configuración del poder local se ha visto inalterada en todos estos años pasados, y su reforma, para llevarlo a ese punto de plenitud que reclama la Constitución, constituye, como lo vengo diciendo desde hace tiempo a través de estas páginas, la gran asignatura pendiente del actual régimen democrático, y hace de la “segunda descentralización” la más apremiante de las urgencias políticas españolas.
No es devolviendo competencias al poder central como, a mi juicio, se resuelve el desequilibrio, sino trasfiriendo competencias desde el poder autonómico al poder local, de forma que éste crezca en detrimento de aquel, hasta lograr ese razonable equilibrio entre los tres poderes.
Al principio de la transición cuando, salvo el 13% del gasto local, el resto estaba en el poder central, se hablaba de la conveniencia de un reparto al 33% aproximadamente para cada uno. Sabido es que, en estos momentos, el gasto autonómico es superior al central, descontado de éste el relativo a la Seguridad Social, mientras que el local sigue estancado en el mismo porcentaje de hace más de treinta años. No pretendo en estas líneas establecer ningún porcentaje, pero sí definir con nitidez la orientación del movimiento, porque éste es un problema vertebral de España y de su Estado, y, hasta la fecha, ningún partido lo ha abordado
Ante esta situación, considero que es bueno reflexionar sobre ello sin miedo, sin prejuicios y en todo momento.

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