El estado de Zaragoza

Zaragoza es en estos momentos una ciudad agobiada por un amontonamiento de obras que no responden ni a sus urgencias ni a su verdaderas necesidades; cuyos ciudadanos soportan unos impuestos abusivos al tiempo que tienen que padecer un deterioro continuo de su calidad de vida y de los servicios básicos urbanos; con un comercio empujado al deterioro en un porcentaje creciente de sus establecimientos; una administración municipal anclada en la ineficacia, y un Gobierno local insensible a los verdaderos problemas de los ciudadanos y dirigido por un alcalde que, instalado en la fantasía y de espaldas a la ciudad, solo se ocupa de lo que él piensa que pueda darle prestigio político. Y todo ello envuelto en un aparato de propaganda, pagado con fondos públicos, en un intento de anestesiar a los ciudadanos con la intención de que no perciban el verdadero perfil de la realidad.
Toda obra de mejora pública que se hace es siempre interesante y a la finalización de la misma, la ciudad, por lo general, se encuentra en una situación mejor que al principio. Pero el enjuiciamiento de una obra no puede hacerse nunca de manera aislada, sino en el contexto del conjunto de necesidades y dentro de un rango de prioridades.
Los más de cien millones de euros que el Plan Nacional de Empleo está espolvoreando por Zaragoza están dando lugar a un conjunto de obras que contempladas cada una de ellas en sí mismas resultan interesantes, pero consideradas en conjunto no responden ni a urgencias de Zaragoza ni a sus necesidades más perentorias, sino a la intención del Gobierno nacional de aparentar que se hace por el empleo lo que la incapacidad de su política económica no logra en su verdadero terreno, y ocultar de paso su falta de solución para el verdadero problemas de las ciudades españolas, que es la modernización del sistema de financiación municipal.
El caos que estas obras están ocasionando se encuentra agravado, en el caso de Zaragoza, por la superposición en el tiempo de otras que, a diferencia de las anteriores, no son ni individual ni colectivamente convenientes, sino todo lo contrario: claramente perjudiciales, porque tienen por finalidad poner en marcha un sistema de movilidad, el tranvía, que lejos de resolver ningún problema los va a crear mayores, al tiempo que hipoteca la solución a futuro de la verdadera problemática de la movilidad de Zaragoza y su área metropolitana.
Y todo esto, como decía al principio, en un estado de imposición que en pocos años ha hecho que los zaragozanos vean doblados sus impuestos más importantes a pesar de que el Gobierno haya ideado cobrarlos por mitades para intentar que lo vean lo menos posible.
Y mientras esto sucede, la ciudad sigue sucia a pesar de tener una de las contratas de limpieza comparativamente más caras de España; la calidad del transporte público disminuye, la imprescindible reforma de la estructura de su red urbana no se aborda, y los parkings prometidos no se construyen, componiendo con ello, y con otras carencias en el mismo ramo, un panorama se servicios públicos negativo que en modo alguno puede compensarse con el positivo sistema de alquiler de bici puesto en marcha.
Todo esto no solo disminuye la calida de vida de los zaragozanos en general, sino que deteriora seriamente una de las características más propias de toda ciudad: su vida comercial. Junto a la crisis económica, la insensibilidad del Gobierno local está agravando la situación del comercio en Zaragoza, de forma que, con la bajada de las ventas por encima en muchos casos del 50%, es muy posible que el número de puestos de trabajo creados por el Plan Nacional del Empleo termine por ser en nuestra ciudad menor que el número de desempleados creados por el cierre de comercios; mientras los mercadillos languidecen, el comercio de equipamiento personal en los barrios corre el riesgo de desaparecer, y el de equipamiento de hogar y alimentación ya ha desaparecido prácticamente.
Esta situación que afecta en Zaragoza a más de 15.000 comercios, que mantienen un total de unos 45.000 puestos de trabajo, puede ir deshaciendo por una lado la ciudad que se pretende construir por otro con los grandes acontecimientos, y terminar con lo que constituye un distintivo de nuestra ciudad, es decir, su continuidad comercial, que aquí existe de una forma que no se da en ninguna otra ciudad del norte de España
Mientras tanto la administración municipal sigue anclada en la ineficacia, con unos procedimientos y unos tiempos de concesión de licencias incompatibles con el dinamismo de la actividad empresarial y la creación de negocios; sin que la prometida descentralización municipal pase de las palabras a los hechos, manteniendo unas Juntas de Distrito que, desde el punto de vista de la desconcentración, son completamente inoperantes, y con unas dotaciones presupuestarias que poco más que verbenas permiten hacer.
Pero no solo la cotidianidad de la vida ciudadana está abandonada por el Gobierno y su alcalde, sino también el planteamiento de las grandes cuestiones metropolitanas que son de incumbencia de cualquier regidor de gran ciudad. Ni la Ley de Capitalidad de Zaragoza, ni la articulación de su Área Metropolitana, ni la creación de los grandes consorcios del Agua o el Medioambiente, por citar solo algunas de las grandes cuestiones que tendrían que ser lideradas por el alcalde, encuentran acomodo político.
Pasadas las Fiestas del Pilar, en el Ayuntamiento se celebrará el debate del Estado de la Ciudad. Éstas y otras muchas cuestiones de importancia similar saldrán, probablemente, a relucir a través de una dialéctica que sería deseable que no quedase reducida a la retórica, y menos aún a la mera propaganda política. Aunque el calendario apremia porque la Corporación ya va de caída, todavía hay tiempo para rectificar rumbos y salvar todo lo posible de la acción de un Gobierno que, pasada la Exposición Internacional, no está sabiendo contactar con la realidad de la ciudad y vive de la fantasía de un mundo ilusorio.
¡Ojalá se aproveche la ocasión!

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