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Treinta años

abril 13, 2009

El pasado día tres de abril se cumplieron treinta años de las primeras elecciones municipales de la democracia actual. Fue aquel un momento muy especial en la articulación del nuevo régimen de libertades que nos dimos los españoles y en la vertebración de la nueva configuración del Estado, y merece la pena reflexionar en estos momentos sobre el gran avance que para la vida colectiva han supuesto los ayuntamientos democráticos, y también sobre los graves problemas no resueltos que sobre ellos gravitan treinta años después de su arranque.
En primer lugar, conviene recalcar el importante papel que las ciudades juegan en el desarrollo del mundo actual, y de una manera particularmente intensa en la Europa presente.
Resulta ya casi un lugar común, por la misma fuerza de su evidencia, afirmar que Europa es fundamentalmente la Europa de las ciudades. Más del 80% de los europeos viven en ciudades, y en torno a ellas se articula básicamente la expresión del desarrollo y de la modernidad. No en balde las ciudades renacentistas constituyeron el verdadero arranque de Europa, y al amparo del Renacimiento floreció el más genuino espíritu europeo, marcando el comienzo de un esplendor que no sólo dio vida a este continente, sino que arrojó luz sobre el mundo entero.
Me encuentro entre los que opinan que tras los sangrientos acontecimientos que han enlutado dramáticamente la vida europea en los siglos de auge de los nacionalismos, el renacer de las ciudades, con toda su pujanza y el espíritu superador de fronteras que les es consustancial, puede propiciar en Europa un segundo renacimiento de paz y prosperidad para todos.
Y en este papel regenerador de la vida de los pueblos, las ciudades españolas pueden tener una capacidad superior de influencia en los cambios de la sociedad, porque están dotadas de unas posibilidades jurídicas notablemente importantes.
Se puede afirmar que los ayuntamientos españoles tienen, con relación a muchos de nuestros vecinos, una poderosa ventaja comparativa, ya que nuestra Constitución, al referirse a la organización territorial del Estado, considera a los ayuntamientos no sólo como una parte integrante del Estado, sino situados al mismo nivel que la Administración central o la autonómica, pudiéndose afirmar con plenitud de sentido que los ayuntamientos son Estado y que el Poder Local es un poder del Estado, no un poder subordinado al Estado.
Este reconocimiento constitucional de la capacidad de intervención política de los ayuntamientos, y de su rango de igualdad con el resto de los poderes del Estado, constituye un hecho diferencial, digno de resaltar, de los ayuntamientos españoles en comparación con los ayuntamientos vecinos de nuestro entorno europeo, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, donde los gobiernos locales, por más recursos y servicios que pudieran administrar, tienen una consideración subordinada con respecto a la Administración central. Y representa también una ruptura con lo que se ha dado en llamar “el modelo napoleónico o continental” de concepción de la administración local como una administración de segundo orden.
Los ayuntamientos españoles no están subordinados ni a la Administración central, como los franceses o los ingleses, ni a los Estados federales, como en el caso alemán: son autónomos en el sentido más pleno y puro de la palabra, representando un punto de inflexión en el concepto de autonomía municipal europea, en plena sintonía con la Carta Europea de la Autonomía Local
Con esta base jurídica y constitucional, reclamar con toda la intensidad posible la segunda descentralización que está pendiente en España, es decir, el traspaso de competencias desde las Comunidades Autónomas a los ayuntamientos de forma que se equilibren los tres poderes del Estado, me parece una necesidad permanente y la mejor forma de celebrar esté trigésimo aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos españoles.