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La segunda descentralización

septiembre 5, 2008

Al comienzo del curso político ha saltado a la primera plana de la atención pública, con toda la fuerza de las primicias informativas, la noticia de que los ayuntamientos van a ser los primeros en pagar las consecuencias de la crisis económica, viendo restringido el montante que los presupuestos generales del Estado les aporten.
La noticia es enormemente preocupante no sólo por lo que tiene de marginación de los entes locales, con el consiguiente deterioro de las ya muy maltrechas arcas municipales, sino por la vertiente adicional que presenta como expresión de una reiterada ausencia de voluntad política para encarar el verdadero problema de fondo que aqueja a la estructura del Estado.
A través de estas páginas lo he afirmado repetidamente, pero no me parece inoportuno volverlo a recordar en estos momentos. Uno de los mayores problemas que tiene actualmente el Estado español radica en el desequilibrio existente entre sus tres poderes ejecutivos, el central, el autonómico y el local. Nadie discute que el intenso proceso descentralizador iniciado en España a partir de 1978, con el traslado de competencias en beneficio de las Comunidades Autónomas ha situado a España en la vanguardia de Europa en materia de descentralización, con unos beneficios sociales palpables en todos los órdenes.
Pero resulta igualmente indiscutible que este notable avance en la consolidación del Estado de las Autonomías, no ha tenido un reflejo similar en el siguiente escalón territorial, los entes locales, cuya configuración se ha visto inalterada en todos estos años pasados, en perjuicio manifiesto de los ciudadanos, cuya calidad de vida no se mejora por el dislocado crecimiento de uno de los tres poderes del Estado, en perjuicio de los dos restantes, sino por el adecuado equilibrio entre los tres.
El problema no se resuelve, a mi juicio, limitándose a crear un frente común para evitar que la financiación de las Comunidades Autónomas no se realice a costa de la de los ayuntamientos, como parece propugnar el Alcalde de Zaragoza, por más necesario que esto sea siempre, sino acometiendo con decisión la reforma estructural que el Estado de las Autonomías necesita para que ese equilibrio de los tres poderes sea una realidad.
Y para ello se requiere no sólo un nuevo modelo de financiación municipal, sino todo un proceso de transferencia de competencias de las Comunidades Autónomas a los Ayuntamientos. Y ambas cuestiones, por la propia exigencia constitucional española, que en su reparto competencial en esta materia reserva al Estado la legislación básica y a las Comunidades Autónomas la de desarrollo; por la diversidad tipológica de los ayuntamientos españoles con las específicas exigencias de las grandes ciudades; y por la propia modificación de los ámbitos de poder político que todo reparto competencial conlleva, requieren un pacto Estado lo más amplio posible, pero, en cualquier caso de los grandes partidos nacionales.
Este es a mi jucio el desafío de la modernidad política en esta hora de España, y la verdadera piedra de toque para medir la altura de nuestros gobernantes, no sólo en el gobierno de la nación sino el todos los demás niveles de gobierno.
Y si esto es urgente y necesario para el conjunto de municipios españoles, lo es todavía de una manera más acusada para Zaragoza por la singularidad de nuestra Comunidad Autónoma, cuya capital alberga la mitad de la población y en su entorno metropolitano se produce cerca del 80% del PIB aragonés. Por eso, a mi juicio, la voz que el Alcalde de Zaragoza ha levantado a raíz de este asunto no debería quedarse en un mero gesto para la galería, tocando tan sólo de refilón el problema, sino ahondar decididamente en la entraña profunda del mismo, aprovechando además el eco que la Exposición Internacional del 2008 puede brindar a cuando desde Zaragoza se diga, y no sólo en materia de medio ambiente.
Por la forma y por el fondo; por el momento y por el contenido, levantar desde Zaragoza la bandera de la necesidad de la segunda descentralización, al hilo de la necesaria reforma de las haciendas locales, contribuiría notablemente a incrementar la densidad del “discurso de Zaragoza” y, lo que es más importante, a acercar el día en que los ciudadanos, todos, en cualquier ciudad española, puedan conocer una vida mejor.