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La segunda transición

marzo 4, 2008

Ante la inminencia de las próximas elecciones del nueve de marzo, y el supremo efecto regulador de la vida pública que toda consulta popular tiene en el desarrollo de la sociedad democrática, no me parece ocioso reflexionar sobe lo que, a mi juicio, constituye el mayor desafío colectivo de esta hora de España y al que las urnas deberían dar adecuado cauce de articulación política, sentando las bases para poder abordarlo con suficientes garantías de éxito. Se trata de la segunda transición.
Frente a la tentación de emplear palabras grandiosas para magnificar asuntos menores, con lo que de perversión tiene para la recta comprensión de los problemas públicos, es preciso levantar también la voz contra la pretensión contraria, es decir, contra la deliberada utilización de expresiones vulgares de la vida habitual para encubrir la dimensión de los grandes problemas y ocultar así la intención de abordarlos.
En mi opinión, el problema más importante que España tiene en estos momentos, y al que sólo un partido viene dándole la importancia que merece, es el de la inteligente reforma de la Constitución que, tras cerca de treinta años de adecuado funcionamiento y notables éxitos colectivos, empieza a requerir los ajustes necesarios para mejor entroncar con la realidad presente y aprovechar la experiencia acumulada en todo este tiempo pasado de vigencia.
La vida española de los últimos años está atravesada por el sinsentido creciente de que las grandes fuerzas políticas españolas, en su alternativo ejercicio del poder, están condicionadas por las pequeñas formaciones nacionalistas hasta un punto que, en estos momentos, supera con creces el normal respeto a las minorías que la vida democrática exige para situarse en la frontera de la tiranía de éstas con respecto a las mayorías.
La actual Ley Electoral está haciendo posible que medio millón de votos de un rincón de España puedan terminar gobernando de hecho todo el país, como ha sucedido en estos cuatro años pasados, y que en Comunidades Autónomas y municipios importantes termine por gobernar el partido que ha perdido las elecciones. Tal perversión del espíritu democrático sólo puede conducir a un alejamiento de la ciudadanía con respecto a la cosa pública, a un enfoque inadecuado de la jerarquía de los problemas, a una búsqueda interesada de soluciones falsas, y, con todo ello, a la larga, a un debilitamiento del propio sistema democrático. Razones todas que obligan, a mi juicio, a una meditada reflexión para extraer las consecuencias oportunas.
Por otra parte, el actual desequilibrio existente entre los tres poderes ejecutivos del Estado, el central, autonómico y local, en beneficio del segundo de ellos, y al que vengo refiriéndome con frecuencia en estas mismas páginas, está produciendo una distorsión de la vida nacional que no sólo afecta a cuestiones jurídicas y de derechos básicos, como es el de la igualdad de todos los españoles, sino que incide de lleno en la propia vida económica. Cuestiones esenciales para el desarrollo económico como la seguridad jurídica, la unidad de mercado, la libre circulación de personas, la similitud de niveles educativos, y muchas otras de índole similar están viéndose alteradas de manera creciente por el mencionado desequilibrio con el consiguiente impacto negativo y de largo alcance en la competitividad, el desarrollo productivo y, en último término, en la creación de riqueza y puestos de trabajo.
En el mundo actual, dominado por el influjo de fuerzas multinacionales y trasformado por la revolución de las comunicaciones, la cuestión económica ha dejado de constituir un mero capítulo, más o menos importante, del programa general de actuación para convertirse en la resultante de toda la acción de gobierno, estando poderosamente influida por todas y cada una de las medidas adoptadas en cualquier materia, y muy especialmente por aquellas que afectan a los equilibrios, la estabilidad y la confianza ciudadana.
Estas dos cuestiones básicas, la reflexión sobre la Ley Electoral y el desequilibrio de los poderes ejecutivos del Estado, entre otras de semejante calibre, tienen tal entidad, están dotadas de tanta capacidad de proyección a largo alcance y entrañan tanta dificultad que, a mi juicio, no pueden ser abordadas por un solo partido político, por abultado que sea su triunfo electoral, sino que requieren un consenso similar al que pudo lograrse para aquella transición de la dictadura a la democracia.
Por eso, un amplio pacto nacional entre las grandes fuerzas políticas, como uno de los principales contendientes electorales está ofreciendo a la ciudadanía, me parece el mejor camino para abordar los grandes asuntos de Estado y preparar así un horizonte de otros veinte o treinta años de estabilidad y prosperidad para España.