Ley de capitalidad para Zaragoza

No me parece exagerado afirmar que uno de los mayores problemas que tiene actualmente el Estado español radica en el desequilibrio existente entre sus tres poderes ejecutivos, y sobre el que no parece que exista ninguna voluntad política de buscar solución.
Sabido es que la Constitución española consagra el Poder central, el autonómico y el local como poderes del Estado, separados y autónomos, sin perjuicio de su lógica coordinación y de los respectivos ámbitos competenciales propios, pero sin subordinación de ninguno de ellos a cualquiera de los demás. En este sentido, se puede decir con plenitud conceptual que los ayuntamientos son Estado y que el Poder local es un poder del Estado, no un poder subordinado al Estado.
Se ha dicho muchas veces, y es conveniente repetirlo cuantas más hagan falta y con toda claridad, que el intenso proceso descentralizador iniciado en España a partir de 1978 ha alcanzado su madurez, y este traspaso de competencias realizado hasta el momento en beneficio de las Comunidades Autónomas ha marcado un hito histórico, pudiendo calificarse de espectacular, tanto por su amplitud como por su rapidez. Con ello, España se ha puesto a la vanguardia de Europa en materia de descentralización, con unos beneficios sociales palpables en todos los órdenes que han contribuido, junto con otras causas, al hecho de que el nuestro sea el país europeo que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, erigiéndose como ejemplo de modernidad y desarrollo.
Pero este notable avance en la configuración del Estado de las Autonomías, este éxito colectivo como nación, no ha tenido, por desgracia, un reflejo similar en el siguiente escalón territorial, los entes locales, cuya configuración se ha visto inalterada en todos estos años pasados, y cuya reforma, para llevarlos a ese punto de plenitud que reclama la Constitución, constituye la gran asignatura pendiente del actual régimen democrático, haciendo de la “segunda descentralización” la más apremiante de las urgencias políticas españolas.
Frente a la tesis nacionalista de que cuanto más aumente el Poder autonómico mejor irá la Comunidad respectiva, personalmente me encuentro entre los que sostienen que, lejos de esa afirmación, lo que verdaderamente garantiza la mejor vida de los ciudadanos no es el dislocado crecimiento de uno de los tres poderes en perjuicio de los dos restantes, sino el armonioso equilibrio entre los tres. Y esa armonía y ese equilibrio, requieren, en estos momentos, una mengua del Poder autonómico en beneficio del local.
Y si todo esto es cierto para el conjunto de España, lo es todavía de una manera más acusada para Zaragoza y Aragón por la singularidad de concentrarse en la primera la mitad de la población de la Comunidad y albergar su entorno metropolitano cerca del 80% del PIB aragonés, siendo por ello particularmente urgente en la Comunidad aragonesa abordar dicho proceso.
Basándose en estas consideraciones, la moción presentada en el pasado Pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a abrir el proceso que pueda permitir llevar a cabo en la ciudad de Zaragoza ese reequilibrio entre los poderes autonómico y local, a través de una Ley de Capitalidad, puede constituir el punto de arranque de una evolución que, sin duda alguna, traerá aumento de bienestar para los ciudadanos de Zaragoza, en su triple condición de zaragozanos, aragoneses y españoles, y erigirse en ejemplo a seguir por otras importantes ciudades.
Y este proceso, completamente saludable para el Estado en su conjunto, me parece que se encuentra en las antípodas políticas de la intención mostrada por el Gobierno de Aragón, en algunas desafortunadas iniciativas legislativas recientes, al pretender precisamente lo contrario, es decir, cercenar la autonomía municipal y extender el carácter supramunicipal de algunas acciones, en un intento indisimulado de aumentar todavía más el Poder autonómico.
Es ésta una cuestión sumamente grave ante la que es preciso levantar todas las armas políticas con el convencimiento firme de que actuando con vigor y contundencia en esta materia se sirve a España, se sirve a Aragón, se sirve a Zaragoza, y, sobre todo, se sirve a los ciudadanos que es lo que termina por dar sentido al Estado, a la Comunidad y a la Ciudad.

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