Archive for 31 enero 2008

Watergate español

enero 31, 2008

Watergate es el nombre del hotel donde se encontraba la sede del comité electoral del Partido Demócrata norteamericano, en la campaña electoral de 1972, en la que, bajo la responsabilidad de personas cercanas al entonces presidente Nixon, se pretendió introducir micrófonos y cámaras para efectuar escuchas clandestinas a favor del Partido Republicano y su candidato, el propio presidente.
La investigación del suceso, que pasó a conocerse vulgarmente con el hombre del hotel, llegó a la conclusión de que Nixon había mentido con el fin de ocultar su participación en el escándalo. Y como consecuencia de esa pública mentira presidencial, se abrió un proceso de destitución del presidente, conocido en el Derecho anglosajón con el nombre de “impeachment”, de resultas del cual, y antes de que terminase, Nixon presentó la dimisión.
El presidente Rodríguez Zapatero también ha mentido a los españoles reconociendo públicamente sus contactos con ETA tras el atentado de la T4 después de afirmar públicamente lo contrario, y, aunque en España no existe la figura jurídica del “impeachment”, hay a la vuelta de la esquina unas elecciones generales que constituyen el supremo juicio popular.
El término “impeachment” literalmente significa “bochorno”, y tiene su origen en la Edad Media, cuando el parlamento inglés lanzó acusaciones contra el rey avergonzándole por su conducta.
Que el presidente del Gobierno mienta es una vergüenza nacional, constituye un auténtico “Watergate” español, y debería, a mi juicio, tener un desenlace similar al que le costó la presidencia a Nixon. Pero ya que el presidente Rodríguez Zapatero no dimite, puede el pueblo español, en su juicio popular de las urnas de marzo, lavar con su voto la vergüenza nacional.

Sin sitio en Europa

enero 30, 2008

Mejorar la competitividad, lanzar una ambiciosa política de vivienda, impulsar con decisión la investigación y el desarrollo, redimir a España de su postración en materia de educación, y recortar el déficit de las múltiples empresas públicas que las distintas Comunidades Autónomas tienen esparcidas por todo el territorio nacional son, a mi juicio, algunas de las medidas más urgentes que pueden contribuir a proyectar un horizonte de esperanza sobre el futuro de España.
Aspectos económicos de esta índole, junto con las reformas estructurales pendientes, unidos a una sensata reforma constitucional para ajustar el descoyuntado Estado autonómico, son algunos de los aspectos que pueden dar a la política española solidez y prestigio, dentro y fuera de España. Porque sólo con prestigio y sensatez puede crearse el clima favorecedor del desarrollo económico y merecedor del respeto internacional
Lo contrario, la demagogia, el juego permanente de palabras y conceptos para contentar a todos, la falta de rigor en los planteamientos, y la frivolidad en las medidas de gobierno terminan por proyectar, por más eficacia que tenga el aparato propagandístico, la imagen de la realidad no deseada y destructora de cualquier prestigio, dentro y fuera de nuestras fronteras.
Eso es lo que le ha pasado al presidente Rodríguez Zapatero, como se ha puesto clamorosamente de manifiesto con el portazo dado por los grandes de Europa en la reunión celebrada en Londres para discutir la actual crisis económica.
Se ha visto con toda claridad que, con este presidente de Gobierno, España, por desgracia, no cuenta en la Unión Europea, que su política exterior carece de estrategia inteligente, y que la forma de enderezar nuestro rumbo pasa por su ausencia en el timón de la nave española.

Mirando al futuro

enero 29, 2008

No resulta sorprendente, aunque sea verdaderamente lamentable, que el presidente Rodríguez Zapatero tenga que recurrir a promesas de recuerdo caciquil, propias de la España carpetovetónica, intentando, sin ningún pudor, comprar el voto de los españoles. Y no resulta sorprendente porque el vacío de realizaciones con que se enfrenta ante las urnas es de tal magnitud que puede hacer comprensible, aunque nunca aceptable, la desesperación política.
El vacío del presidente al cabo de cuatro años en el poder presenta una doble oquedad. Por una parte está el vacío de lo que no ha hecho y debería haber realizado. La reforma del Senado, las reformas fiscal, laboral y financiera que requiere la estructura económica española, el impulso de la investigación y desarrollo, y el fomento del espíritu europeo entre los españoles son algunas de esas cuestiones por las que ha pasado como pasa el rayo de luz por un cristal: sin mancharlo ni tocarlo.
Y por otra parte, se encuentra el catálogo de lo que nunca debería haber hecho y en lo que se ha enfrascado con denuedo. La negociación con ETA, la introducción de la desigualdad entre los españoles, la desnaturalización del Estado autonómico, el aliento indirecto al separatismo catalán, la instalación de la asimetría territorial en España, y la ruptura de los grandes consensos de la Transición son algunas muestras de los destrozos que deja.
Por todo ello, pienso que puede aplicársele con justeza la célebre sentencia de Cambó: “La mejor forma de hacer justicia con los responsables de un pasado condenable es edificar sin ellos un vigoroso futuro”

La “muerte” del PIT

enero 24, 2008

Con motivo del nuevo emplazamiento del campo de fútbol, la CHA ha hecho unas declaraciones generales que, a mi juicio, merecen ser comentadas desde distintos ángulos.
Prescindiendo de lo concerniente al nuevo estadio, y sin por ello dejar de decir que si Zaragoza carece en estos momentos de un campo nuevo y acorde con su categoría es debido en gran parte a ella, coincido con ese partido en declarar la “muerte” del Plan Intermodal del Transporte (PIT) como documento unitario, pero no por las razones aludidas por la CHA, sino por otras más evidentes y profundas.
El planteamiento básico del Plan Intermodal, desde un punto de vista exclusivamente de movilidad, era crear dos ejes básicos de transporte de gran capacidad, uno vertical y otro horizontal, a base del tranvía y de las cercanías, y de los cuales las líneas de autobús fueran complementarias, subsidiarias y alimentadoras.
Esa idea vertebral, que daba inspiración de conjunto al planteamiento de la movilidad y sus derivaciones, recibió el primer golpe en noviembre de 2006, cuando el Alcalde, para sorpresa de propios y extraños, se inventó, deprisa y corriendo, una línea de metro este-oeste, y sobre ella se aprobó, por toda la Corporación, estudiar, de forma genérica, la posibilidad de metro en Zaragoza, asumiéndose como una de las conclusiones del debate del estado de la ciudad.
Pero el golpe de gracia, lo que representa realmente la defunción del Plan Intermodal del Transporte, al que me he opuesto siempre, se ha dado hace unos días con la asunción por parte del Gobierno local de la red de metro propuesta por el Partido Popular, y la elevación de la misma a categoría presupuestaria, en el “Pacto por Zaragoza”.
Un Plan que nació para el tranvía se ve ahora obligado a introducir toda una red de metro, alterándose sustancialmente una parte vertebral del mismo, sin perjuicio de que otras partes puedan ser aprovechables.
Y es precisamente por esto último, para aprovechar lo que aún quede de aprovechable en el PIT, por lo que el Partido Popular ha presentado una moción para el Pleno de mañana pidiendo que se aborde un proceso de separación de todas aquellas acciones y propuestas del Plan Intermodal del Transporte que deban esperar para su replanteamiento a la conclusión del estudio y anteproyecto de la red de metro, de aquellas otras que puedan ir realizándose desde este momento.

Seguridad para los taxis de Zaragoza

enero 23, 2008

Una verdadera política del taxi en Zaragoza no debe consistir sólo en resolver los conflictos que el Gobierno crea en el sector, intentando presentar como avance la mera condición de bombero de los incendios que él mismo inflama, sino en dar los pasos precisos para que el sector del taxi contemple el conjunto de medidas de mejora e incentivación que requiere. Y uno de los asuntos más urgentes, que está esperando en Zaragoza un impulso decisivo, es el de la seguridad.
El necesario seguimiento que es preciso tener de este servicio ha de enfocarse como un control a tener sobre el conjunto de los taxis no como un control personal, como seguimiento de las personas de los taxistas, lo cual iría en contra de su propia condición de autónomos, sino como un control de la eficacia global del servicio, salvando siempre la libertad personal. De esta forma, las prestaciones que ofrece el sistema GPS deben emplearse con plenitud para otras funciones entre las que destaca la de seguridad.
El sistema GPS puede establecer un nexo permanente de contacto del taxista con el servicio de emergencias 112 del Gobierno de Aragón, con la Policía Local y con cuantos sistemas de seguridad pública puedan existir, brindando de este modo un eficaz servicio a todos los zaragozanos
Por eso, me parece muy oportuna la moción que el Partido Popular ha presentado para el próximo Pleno Municipal, de 25 de enero, pidiendo al Ayuntamiento que establezca las condiciones necesarias para que la totalidad de la flota de taxis de Zaragoza pueda disponer de un sistema GPS conectado con cuantos sistemas de seguridad existan, y hacerlo cuanto antes, porque la seguridad, como valor prioritario, no tiene que estar sometida a ninguna condición temporal.

Ley de capitalidad para Zaragoza

enero 9, 2008

No me parece exagerado afirmar que uno de los mayores problemas que tiene actualmente el Estado español radica en el desequilibrio existente entre sus tres poderes ejecutivos, y sobre el que no parece que exista ninguna voluntad política de buscar solución.
Sabido es que la Constitución española consagra el Poder central, el autonómico y el local como poderes del Estado, separados y autónomos, sin perjuicio de su lógica coordinación y de los respectivos ámbitos competenciales propios, pero sin subordinación de ninguno de ellos a cualquiera de los demás. En este sentido, se puede decir con plenitud conceptual que los ayuntamientos son Estado y que el Poder local es un poder del Estado, no un poder subordinado al Estado.
Se ha dicho muchas veces, y es conveniente repetirlo cuantas más hagan falta y con toda claridad, que el intenso proceso descentralizador iniciado en España a partir de 1978 ha alcanzado su madurez, y este traspaso de competencias realizado hasta el momento en beneficio de las Comunidades Autónomas ha marcado un hito histórico, pudiendo calificarse de espectacular, tanto por su amplitud como por su rapidez. Con ello, España se ha puesto a la vanguardia de Europa en materia de descentralización, con unos beneficios sociales palpables en todos los órdenes que han contribuido, junto con otras causas, al hecho de que el nuestro sea el país europeo que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, erigiéndose como ejemplo de modernidad y desarrollo.
Pero este notable avance en la configuración del Estado de las Autonomías, este éxito colectivo como nación, no ha tenido, por desgracia, un reflejo similar en el siguiente escalón territorial, los entes locales, cuya configuración se ha visto inalterada en todos estos años pasados, y cuya reforma, para llevarlos a ese punto de plenitud que reclama la Constitución, constituye la gran asignatura pendiente del actual régimen democrático, haciendo de la “segunda descentralización” la más apremiante de las urgencias políticas españolas.
Frente a la tesis nacionalista de que cuanto más aumente el Poder autonómico mejor irá la Comunidad respectiva, personalmente me encuentro entre los que sostienen que, lejos de esa afirmación, lo que verdaderamente garantiza la mejor vida de los ciudadanos no es el dislocado crecimiento de uno de los tres poderes en perjuicio de los dos restantes, sino el armonioso equilibrio entre los tres. Y esa armonía y ese equilibrio, requieren, en estos momentos, una mengua del Poder autonómico en beneficio del local.
Y si todo esto es cierto para el conjunto de España, lo es todavía de una manera más acusada para Zaragoza y Aragón por la singularidad de concentrarse en la primera la mitad de la población de la Comunidad y albergar su entorno metropolitano cerca del 80% del PIB aragonés, siendo por ello particularmente urgente en la Comunidad aragonesa abordar dicho proceso.
Basándose en estas consideraciones, la moción presentada en el pasado Pleno municipal del Ayuntamiento de Zaragoza, aprobada por unanimidad, en la que se instaba a abrir el proceso que pueda permitir llevar a cabo en la ciudad de Zaragoza ese reequilibrio entre los poderes autonómico y local, a través de una Ley de Capitalidad, puede constituir el punto de arranque de una evolución que, sin duda alguna, traerá aumento de bienestar para los ciudadanos de Zaragoza, en su triple condición de zaragozanos, aragoneses y españoles, y erigirse en ejemplo a seguir por otras importantes ciudades.
Y este proceso, completamente saludable para el Estado en su conjunto, me parece que se encuentra en las antípodas políticas de la intención mostrada por el Gobierno de Aragón, en algunas desafortunadas iniciativas legislativas recientes, al pretender precisamente lo contrario, es decir, cercenar la autonomía municipal y extender el carácter supramunicipal de algunas acciones, en un intento indisimulado de aumentar todavía más el Poder autonómico.
Es ésta una cuestión sumamente grave ante la que es preciso levantar todas las armas políticas con el convencimiento firme de que actuando con vigor y contundencia en esta materia se sirve a España, se sirve a Aragón, se sirve a Zaragoza, y, sobre todo, se sirve a los ciudadanos que es lo que termina por dar sentido al Estado, a la Comunidad y a la Ciudad.