El Poder Local

c.jpg En el modelo de ciudad presentado hace unos días por Domingo Buesa ocupa un lugar destacado el replanteamiento del funcionamiento municipal. Ello responde no sólo a la visón que sobre el papel de Zaragoza tiene el Partido Popular, sino también, a su concepción del municipalismo español.
Los ayuntamientos españoles tenemos con relación a muchos de nuestros vecinos una poderosa ventaja comparativa ya que nuestra Constitución, al referirse a la organización territorial del Estado, considera a los ayuntamientos no sólo como una parte integrante de dicho Estado, sino situados al mismo nivel que la Administración central o las autonómicas, pudiéndose afirmar con plenitud de sentido que los ayuntamientos son Estado y que el Poder Local es un poder del Estado, no un poder subordinado al Estado
Este reconocimiento constitucional de la capacidad de intervención política de los ayuntamientos, y de su rango de igualdad con el resto de los poderes del Estado, constituye un hecho diferencial de los ayuntamientos españoles en comparación con los ayuntamientos vecinos de nuestro entorno europeo, como Alemania, Francia o Gran Bretaña, donde los gobiernos locales, por más recursos y servicios que pudieran administrar, tienen una consideración subordinada con respecto a la administración central
La Constitución española dota a nuestros ayuntamientos de la capacidad de intervención política desde una concepción de igualdad, no de subordinación, con respecto a otras administraciones, representando nuestro modelo una ruptura con lo que se ha dado en llamar el “modelo napoleónico o continental” que concibe la administración local como una administración de segundo orden.
Los ayuntamientos españoles no están subordinados a la Administración central, como los franceses o ingleses, ni a los Estados Federales, como es el caso alemán: son autónomos en el sentido más pleno y puro de la palabra, representando un punto de inflexión en el concepto de autonomía municipal europea, y anticipándonos en diez años a lo que posteriormente la Carta Europea de la Autonomía Local iba a reconocer con la misma plenitud que nuestra Constitución.
Con esta base jurídica y constitucional, plenamente reconocida por la doctrina europea, el esfuerzo de los ayuntamientos por aumentar sus competencias y llegar a una distribución más equilibrada del gasto consolidado el Estado en sus tres esferas de administración, constituye no sólo una exigencia para el mejor gobierno de nuestros municipios, sino también otra forma de fortalecer el Estado, particularmente interesante en nuestro caso al considerar el enorme influjo que Zaragoza tiene en el conjunto de la Comunidad.



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