El desafío electrónico

octubre 26, 2017

Hace ya tiempo que se ha iniciado el cambio en la forma en que debe relacionarse el ciudadano con las administraciones y estas entre sí, dando con ello paso a las comunicaciones electrónicas y a lo que comúnmente se denomina “administración electrónica.

Hace dos años se ha sistematizado todo lo referente a esta problemática poniendo claridad en el asunto, profundizando en su exposición y agilizando los procedimientos para un pleno funcionamiento electrónico de las administraciones públicas, llevando esto hasta el punto de considerar que la tramitación electrónica no es tan solo una forma moderna de actuar, compatible con las formas antiguas o tradicionales, sino la única forma de actuar, enterrando con ello los procedimientos que hasta ahora se consideraban habituales.

Estamos, por lo tanto, no ante un lujo modernista, compatible con lo tradicional, sino ante una exigencia categórica que ya no puede coexistir con lo que “el viento se llevó” o, mejor dicho, se está llevando, porque el proceso está todavía en sus albores.

Aragón se está dando en estos momentos la normativa legal que lo sanciona y consagra, y de la que surgen dos tipos de exigencias de naturalezas muy distintas: técnicas y jurídicas

En lo referente a las exigencias técnicas, la normativa en cuestión, además de los principios técnicos de funcionamiento, alude con claridad a los órganos encargados de esta misión, encomendando al ente público Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) la función, entre otras, de proporcionar tecnologías que permitan conseguir la transformación digital del Gobierno de Aragón. Y, en este sentido, soporta un número importante de servicios asociados al Plan de Administración Electrónica de 2009, del que es preciso saber, con la precisión de la que se carece en estos momentos, en qué punto se encuentran esos servicios, cuál es el coste de los que restan por poner en marcha de forma directa por parte del Gobierno y lo relativo a aquellos que deben encargarse al exterior.

El asunto no es de dimensión pequeña puesto que afecta a la modificación de la asignación global de recursos humanos, al gasto de mantenimiento de las plataformas actuales, a los nuevos desarrollos y aplicaciones que se precisen, a la incorporación de nuevos perfiles profesionales, a la formación de funcionarios en las nuevas herramientas tecnológicas y a la tecnificación de puestos de trabajo que antes no tenían dimensión técnica, entre otras variadas cuestiones.

Por otra parte, se necesitan nuevos equipos informáticos, la puesta en marcha de aplicaciones inexistentes hasta el momento, la solución de la más fiable interconexión de las actuales herramientas informáticas, un notable incremento de la capacidad de almacenamiento, la ampliación de las infraestructuras físicas y los suficientes elementos de protección contra los ataques a los servidores de aplicaciones web.

Novedad importante contemplada en la normativa aragonesa antes comentada lo constituyen las referencias expresas al Esquema Aragonés de Seguridad y al Esquema de Información Interoperable de Aragón. Dichos esquemas deben estar en línea con los planteamiento españoles en la materia, buscando, junto con todo lo anterior, la mejor contribución a esa hoja de ruta marcada por la Agenda Digital para España en cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, que incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

Todo ello es de una trascendencia y complejidad notables, requiriendo una especial atención por parte del Gobierno de Aragón, obligándole a precisar las jerarquizaciones necesarias para que en todo el proceso haya un mando único, y urgiéndole a procurarse los medios humanos, materiales y económicos precisos. Y hacerlo de una manera apremiante, sobre todo teniendo en cuenta el atraso comparativo que Aragón tiene en esta materia, ya que, según los últimos datos oficiales del Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital, en Aragón, sólo un 3% de los procedimientos administrativos que se desean realizar electrónicamente se encuentran en su máximo nivel de desarrollo, situando este porcentaje a la Comunidad aragonesa entre las más atrasadas de España en esta materia.

Ante la trascendencia de este asunto y lo complejo de su realización, resulta verdaderamente sorprendente que no haya merecido por parte del presidente del Gobierno de Aragón ninguna mención en su discurso inicial pronunciado con motivo del debate sobre el estado de la Comunidad del pasado mes de septiembre. La complejidad técnica del mismo y el grado de retraso que el proyecto arrastra no solo no pueden ser razones para obviar su referencia, sino precisamente lo contrario: exigencias para encararlo con decisión y poner los medios para su más pronta y satisfactoria solución.

Gobernar no consiste solo en elaborar leyes: eso es más propiamente legislar; gobernar consiste en resolver problemas y Aragón tiene ante la administración electrónica un verdadero problema que es preciso encarar con decisión poniendo para su solución todos los medios humanos y materiales requeridos, y elevando su solución a uno de los primeros rangos de las preocupaciones políticas.

 

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Reflexión desde Barcelona

septiembre 24, 2017

Hace ya mucho tiempo que la vida política española se ve atravesada por la incalificable actuación de las autoridades autonómicas catalanas, y de una manera particular por la de su presidente, que, contra toda la lógica democrática y frente al mandato de la ley, viene personificando unos actos de rebeldía, en un desafío soberanista, que no tienen parangón en ningún sistema democrático y solo encuentran su semblanza en los sistemas totalitarios, afortunadamente superados.

Resulta inadmisible que quien ostenta la máxima autoridad del Estado en un territorio se dedique precisamente a intentar destruirlo. Es igualmente condenable que quien, por su cargo, está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución ocupe toda su actividad política en vilipendiarla y toda su imaginación en zafarse de ella. Y constituye una vergüenza democrática, y es prueba de un cinismo incomprensible, que se invoquen los deseos de un sector de la población para subvertir el orden democrático alegando que dichos deseos tiene capacidad de soberanía para destruir la democracia.

En la pasada manifestación celebrada en Barcelona con motivo de los recientes atentados de las Ramblas y Cambrils se puso de manifiesto, una vez más, la manipulación que los sectores llamados soberanistas vienen haciendo de la vida política en aquella comunidad. La organización de la manifestación, pensada para provocar el máximo abucheo posible al rey y al presidente del Gobierno y visualizar y exhibir con el mayor descaro posible las banderas que animan a la rebelión, constituyó un acto más del rosario de despropósitos políticos que jalonan la vida política catalana.

Frente a la pequeñez que están demostrando los políticos independentistas catalanes, es, sin duda alguna, la hora de los grandes políticos españoles, esos que sepan encarar los acontecimientos alambicados, que sean capaces de trascender su propio partido para entroncar con los planteamientos históricamente necesarios, que suelen desbordar siempre los márgenes de sus propias formaciones, por amplios que éstos sean. Incluso cabría decir que más que de políticos, es la hora de los grandes estadistas, de ese género particular de hombres o mujeres públicos que saben avizorar a través de la niebla del momento, que anteponen el bien general a sus propias ambiciones, o a las de su partido, y que aciertan con lo que puede y debe perdurar, con aquello que supera la inmediatez del titular benévolo de los medios de comunicación para asentarse en el juicio favorable de los libros de historia.

Esta es la gran política que España necesita en estos momentos para afrontar el problema del soberanismo catalán, y para llevar a cabo las correcciones del Estado autonómico que el paso del tiempo haya puesto de manifiesto con el fin de que pueda perdurar su efecto benefactor sobre toda la sociedad española. Frente a la pequeñez de algunos políticos catalanistas se precisa la grandeza de verdaderos hombres y mujeres de Estado que hagan de la crisis motivo de crecimiento y fundamento para un florecimiento mayor.

Y es preciso levantar también la voz frente a aquellos que, ante el problema del soberanismo catalán, esgrimen el argumento de que el sistema político actual está agotado, aprovechando la situación para intentar remover las vigas maestras de nuestro ordenamiento constitucional. La insistencia de algunas fuerzas políticas por abrir un proceso constituyente no solo no es la solución para el problema del nacionalismo excluyente catalán, sino un afán de pescar a río revuelto buscando la satisfacción de intereses partidistas que en ningún modo son acordes con el interés general de los españoles.

Desde mucho tiempo atrás, Cataluña ha estado en la vanguardia de la modernidad. Su capital, Barcelona, ha dado de forma permanente ejemplo de cosmopolitismo, tolerancia y europeísmo, constituyendo un pilar fundamental del orgullo de la España moderna. Y al espíritu catalán se le ha considerado siempre como paradigma elocuente de laboriosidad creativa y buen sentido común.

Reflexionando sobre todas estas cosas mientras paseaba por la Rambla de Cataluña después de la manipulada manifestación del pasado 26 de agosto en Barcelona, no pude evitar la nostalgia no del pasado, sino la paradójica nostalgia del esplendoroso futuro que Barcelona y Cataluña pueden tener si se encauzan adecuadamente los desafueros de su actual hora política.

Europa y religión

agosto 30, 2017

Al considerar la situación actual de la Unión Europea y el desasosiego que la negociación con Gran Bretaña está produciendo en muchas mentes, que desembocan con mucha frecuencia en estados crónicos de pesimismo acerca de la viabilidad real de la Unión, me parece importante reflexionar sobre algunas de las cuestiones que tienen indudablemente una fuerte incidencia en el propio ser europeo y a las que no suele darse, por lo general, la importancia que realmente merecen

Sabido es que en la educación reside el futuro de las personas, y, junto a ellas, el destino de las colectividades que forman. Sin perjuicio de la necesaria formación especializada que la moderna sociedad competitiva requiere, la apertura en profundidad de los procesos enseñantes a esos grandes valores de la persona que han ido cristalizando en la civilización occidental y que, a lo largo de los siglos, han humanizado el proceso de la convivencia humana, me parece algo esencial y a lo que los actuales procesos educativos deben dar la importancia que tiene para la auténtica edificación de la personalidad individual y su vertiente solidaria.

En esta hora de Europa, esos valores no pueden quedar sólo como elementos retóricos para los grandes discursos, sino como líneas de fuerza generadoras de un impulso de cambio social y económico, y de una verdadera transformación de las estructuras actuales, cuya necesidad se pregona desde muchos ángulos pero para cuya efectividad se dan menos pasos de los necesarios.

Es una postura comúnmente aceptada que las creencias religiosas, la cultura y la política tienen relaciones de mutua interacción, de forma que la práctica de una forma concreta de religión influye en la cosmovisión cultural y termina afectando a la identidad política de las personas.

En el contexto de esta interacción, en lo que respecta a la repercusión de las diferentes formas de cristianismo en Europa, tradicionalmente se han considerado que tres grandes corrientes ideológicas han influido poderosamente en la actual situación e Europa.

Por una parte, la tradición marxista, con su crítica a la religión, pretende legitimar la secularización y la laicización, poniendo de manifiesto la importancia de la producción económica de una sociedad y su relación determinante con los contenidos culturales y finalmente religiosos. Esta tradición ha tenido una importancia muy determinante en todos los países de la Europa del este, vinculando en gran parte el anticlericalismo con la memoria histórica de una Iglesia más cercana a la burguesía que a ninguna otra capa social.

La reacción a esta corriente, que pretendía corregir el determinismo marxista y resaltar la importancia de la cultura y, en definitiva, de la religión, ha permitido valorar las diferencias entre países europeos de tradición protestante y tradición católica. Según esta corriente, hacer del trabajo una virtud religiosa y del éxito económico un signo de la predilección divina, como en general lo hace el protestantismo, y de una manera particularmente intensa el calvinismo, ha conducido a un superior desarrollo del capitalismo en los países que sustentan esos credos, fundamentalmente en el Norte de Europa y Gran Bretaña, y es una de las claves para comprender las diferencias entre el Norte y el Sur de Europa.

Una tercera corriente acentúa la importancia que tienen las religiones como factor social, alegando, en contra del laicismo, que la religión no es un asunto privado, sino eminentemente social, pronosticando algunos autores que los enfrentamientos de este siglo XXI serán fundamentalmente conflictos de civilizaciones y que ellos comportarán inevitablemente guerras de religión.

Pero estas corrientes tradicionales, sin perjuicio de su incidencia, no consideran la importancia de la revolución científico-técnica que, para muchos, es la clave de la modernización y la secularización actuales. Desde el siglo XIX, la ciencia se ha convertido para la sociedad occidental en lo que durante milenios fue la religión: la explicación de la cosmovisión. Según este planteamiento, la ciencia es la última etapa del pensamiento humano, superando los saberes anteriores, presuntamente obsoletos y sin fundamento, y pretendiendo incluso convertir la filosofía en una servidora de la ciencia, como en la su día lo fue de la religión.

Hoy en día, en grandes capas de la sociedad, el razonamiento científico se ha convertido en el modelo fundamental del saber, de forma que algo sólo es verdadero si es científico, es decir, que todo conocimiento tiene que tener una base empírica para ser cierto, con lo que se comprende mejor la crisis de los sistemas metafísicos, de las ideologías y, en general, de la filosofía y de los ordenamientos morales del mundo.

En esta hora de Europa, en un mundo globalizado cada vez más, y asumiendo plenamente la modernidad científico-técnica es, a mi juicio, preciso no caer en nuevos mesianismos alienantes y plantear con todo rigor la importancia de la religión, de las religiones, en la formación de la persona y de la sociedad, y hacerlo en un clima de diálogo abierto y franco, buscando con denuedo aquello que une a todas sin perjuicio de sus diferencias particulares.

 

Balance de dos años

julio 18, 2017

En este mes de julio se cumplen los dos años de andadura del actual Gobierno de Aragón. El “paso del Ecuador”, tanto en los asuntos privados como en los públicos, es siempre un momento oportuno para la reflexión, para analizar lo que se ha hecho en comparación con lo que se debería haber hecho, y para pasar revista también a esas cuestiones que nunca debieran haberse hecho y que, por desgracia, se hicieron.

En lo referente a Investigación e Innovación, desde el primer momento de existencia del Gobierno actual, el que esto suscribe mostró su consonancia con las líneas políticas por las que pretendía andar el Gobierno, dándose de entrada un consenso previo, producido de forma espontánea, sin ningún forzamiento, compartido, con los matices que fueran necesarios, por el conjunto de fuerzas políticas y que ha hecho posible que esta materia constituya una auténtica isla en medio de un océano de agudas discrepancias.

Bien mirado, este planteamiento no tiene nada de sorprendente, pues, en esta materia, el Gobierno actual está haciendo lo mismo que el anterior, y éste, a su vez, siguió la misma línea que el que le precedió, dándose prácticamente desde principio de siglo una coincidencia sustancial entre todos los grupos en lo referente a la línea política adoptada. Lo cual tampoco tiene nada de particular si se considera que esas líneas políticas que suscitan el consenso no son más que los planteamientos de la Unión Europea, materializados en distintos documentos, y en concreto, en la Estrategia 2020, que han sido asumidas en su plenitud por la Estrategia del Gobierno español, y que nadie en occidente critica ni discrepa.

Este es el escenario de fondo que ha hecho posible, sin gran esfuerzo por parte de nadie, la elaboración del Pacto por la Ciencia en Aragón, con unos contenidos frente a los cuales no es la asunción lo complicado, sino su rechazo, porque contienen, con una literatura más o menos interesante, lo que la doctrina europea dice en estos momentos en esta materia. Ese Pacto, al que el Gobierno se empeña en dar una importancia superior a la que tiene, con no ser ésta pequeña, está permitiendo que el Gobierno caiga complacientemente en la tentación de pensar que con él empieza el mundo en este campo, lanzándose a unos discursos grandilocuentes en los que solo falta la intención de hacer coincidir el arranque del calendario con el día de su toma de posesión.

Pero sin dejar de estar de acuerdo en los rumbos que está llevando el Gobierno en esta materia, me parece igualmente oportuno poner de manifiesto algunos defectos de gestión que pueden terminar, si no se corrigen, por hacer infecundo ese consenso inicial y dar al traste con las mismas pretensiones del Pacto por la Ciencia.

El primero es la escasez de apoyo público a las actividades de I+D+i, por más que la situación económica actual haya permitido llegar en los presupuestos a unas cotas imposibles en la época de la crisis, pero insuficiente a todas luces. Y precisamente en esa comparación con el tiempo pasado se escuda permanentemente el Gobierno para ocultar que la verdadera comparación debe ser con los retos planteados, precisamente ahora que hay nuevas posibilidades económicas.

A pesar de constituir esta materia el eje central de los discursos oficiales, a la hora de la verdad presupuestaria, el incremento no pasó del cuatro por ciento de todo el aumento que el presupuesto de 2017 representaba en comparación con el del año anterior, predicando el Gobierno que se había llegado a invertir el 1,4% del presupuesto no financiero, como si de una auténtica “Pica en Flandes” se tratara, cuando desde el principio de la legislatura, y por unanimidad, todos los gropos aprobaron la cifra del 2% como imprescindible para lograr los fines perseguidos.

El segundo defecto de gestión es la falta de información. Existen innumerables páginas web, estadísticas de diferentes grados, estudios del detalle que se quiera, pero todo esto, que proporciona datos interesantes, no alude a los fundamentales, en torno a los que existe un gran silencio y una opacidad digna de mejor causa. Sobre los diferentes grandes proyectos que están en curso o son materia de revisión anunciada, se ha pedido por activa y por pasiva que se clarifiquen sus respectivas situaciones, de forma que se pueda ver en qué punto se encuentran y qué perspectivas tienen, sin obtener repuestas que vayan más allá del “estamos trabajando” o expresiones por el estilo.

Y el tercer gran defecto de gestión, agrandado a mi entender porque el Gobierno no es ni siquiera consciente de él, con lo que ello supone de dificultad añadida para su solución, es el de la coordinación. Hay brillantes institutos de investigación repartidos por todo Aragón que albergan investigadores sistemáticamente premiados por instancias fueras de nuestra Comunidad; el potencial investigador sanitario es notable; lo es también el industrial; no lo es menos el agroalimentario; existen prestigiosos institutos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que, junto con los dependientes del Gobierno autonómico convierten a Aragón en una potencia investigadora, y otras muchas instancias dignas de mención. Pero no existe ninguna dirección colectiva, ninguna orientación estratégica unitaria del potencial investigador que, sin perjuicio de las estrategias técnicas de los distintos planes existentes y sin menoscabo de la libertad intelectual de los investigadores, pueda marcar unos rumos indicativos de por dónde debería ir el conjunto de la investigación en Aragón.

La imagen expresada en algún debate parlamentario de que, en este aspecto, la situación de Aragón sería comparable a la de una orquesta con brillantes profesores pero que careciera de batuta directiva me parece que visualiza de forma muy gráfica la situación.

Con todo lo anterior, y considerando como telón de fondo ese consenso existente en lo básico y el gran potencial investigador que existe en nuestra Comunidad, cabría terminar estas líneas trayendo a reflexión aquel verso del Cantar del Mío Cid, que decía: “¡Oh Dios que buen vasallo si hubiese gran señor!”

 

¿Los Estados Unidos de Europa?

junio 23, 2017

La elección de Macaron como presidente de la República francesa ha arrojado un soplo de aire fresco sobre los problemas de Europa. Hacía tiempo que no se oía a un mandatario continental hablar con tanta claridad y entusiasmo sobre la Unión Europea. La sombra de los nacionalismos de Estado, más o menos oculta, dejaba verse por detrás de las afirmaciones más aparentemente europeístas. Había, y lo sigue habiendo, una cierta contención dialéctica para no ir con las palabras más allá de lo “políticamente correcto” en materia europea, habida cuenta del complejo equilibrio de intereses puestos en juego. Pero la postura de Macron, por lo menos hasta el momento, ha supuesto una cierta ruptura con esa pusilanimidad política. Decir que hay que refundar la Unión Europea, aunque sea dicho en un contexto de frenar el populismo derechista de su contrincante Le Pen, tiene, o puede tener si se siguen de ello sus consecuencias, un gran valor político.

No es ocioso recordar en estos momentos las palabras de ese gran europeísta español que fue Ortega y Gasset cuando decía que de una institución lo más grande que puede decirse es que necesita ser reformada, porque eso es tanto como afirmar que su existencia es imprescindible y que, además, es capaz de nueva vida. Exactamente lo que, a mi juicio, puede predicarse en estos momentos de la Unión Europea.

A pesar de todas las crisis y sinsabores económicos de la actual situación, me alineo entre los que piensan que la existencia de la Unión Europea es imprescindible y que, además, es capaz de nueva vida. Y a eso quiero pensar que alude el espíritu de las palabras de Macron dando a entender que  es preciso refundar la Unión Europea, con toda esa carga que implica siempre todo volver a empezar, pero apoyándose también en logros que el tiempo ya ha confirmado como sustanciales y sobre los que puede articularse una nueva singladura.

Por otra parte, el Gobierno que ha formado Macron en Francia, incluyendo en torno a su mesa a conservadores, moderados, socialistas, liberales y ecologistas habla a las claras de su vocación, al menos inicial, de conducir la vida pública de Francia por el centro político, por esa confluencia de la izquierda y la derecha democráticas que, en alianza de acción, logren una gobernación realmente centrada, conveniente siempre, pero más aún en los grandes momentos de crisis, como está atravesando Europa en estos tiempos.

Salvando todas las distancias, a mí me recuerda de alguna manera aquella formación española de la Unión de Centro Democrático que tan buenos resultados dio para nuestro país, logrando una transición ejemplar de la dictadura a la democracia, y preparando el solar de la política española para muchos años de fecundidad que solo ciertas irresponsabilidades actuales quieren poner en entredicho.

La creación de los Estados Unidos de Europa, con un claro avance hacia el federalismo integrador puede ser el revulsivo que logre fomentar el necesario sentimiento cívico europeo, al tiempo que renueve las instituciones, fortaleciéndolas, y encauzando de manera definitiva una política económica superadora de los pasados errores.

El primero que habló en público sobre los Estados Unidos de Europa fue Aristide Briand, político francés de principios del siglo XX, y ministro de Asuntos Exteriores de ese país cuando lo propuso ante la Sociedad de Naciones, en 1929.

También Ortega y Gasset, europeísta convencido y militante, se refirió en numerosas ocasiones a esa expresión para sintetizar en ella la necesidad de dar forma a la unión de los europeos, porque, decía: “La unidad de Europa no es una fantasía, sino que es la realidad misma; la fantasía es precisamente lo otro, la creencia de que Francia, Alemania, Italia o España son realidades sustantivas e independientes”

Y Winston Churchill también se explayó en esa necesidad de la unión cuando, a partir de su famoso discurso en la Universidad de Zúrich, en 1946, inició su campaña por una Europa unida, alentando con su prestigio y su voz autorizada las primeras sesiones en Estrasburgo del Consejo de Europa.

Los Estados Unidos de Europa pueden ser una solución, pero pueden igualmente existir otras. Lo verdaderamente importante en estos momentos es que sea cual fuere la fórmula con la que se pretenda refundar la Unión se haga con el espíritu fundacional, con lo que algunos han calificado el “espíritu de Stresa”, aquella pequeña ciudad del norte de Italia en donde arrancó la primera política realmente europea, la Política Agraria Común.

Como lo definió el ministro italiano de Agricultura del Gobierno del democristiano Amintore Fanfani, Mario Ferrari-Aggradi, en el discurso final de la conferencia que dio origen a aquella política, se trataba de la voluntad sincera de los allí reunidos de convertirse en una unidad política real, a base de establecer lazos cada vez más estrechos a través de la mutua comprensión, la eliminación sistemática de absurdas barreras artificiales surgidas de prejuicios históricos, y la afirmación de una fe sincera en la futura Europa unida.

¿Dos velocidades?

mayo 28, 2017

En la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno europeos celebrada en Bruselas el pasado 10 de marzo se puso de manifiesto la predisposición de algunos Estados importantes como Francia, Alemania, Italia y España de encarar el desafío que representa la salida del Reino Unido de la Unión Europea con una intensificación de la integración en la forma que se ha dado en llamar de “dos velocidades”.

Es natural que a la mayor parte de los países del este no les entusiasme la idea y que tanto Hungría, como la República Checa o Eslovaquia, capitaneados en esa protesta por Polonia, muestren su desacuerdo y digan que esa fórmula podría poner en peligro la propia integridad de la Unión Europea.

No es fácil la solución de los actuales problemas europeos. La marcha del Reino Unido ha sido, sin duda alguna, un mazazo que ha puesto en cuestión gran parte de lo logrado hasta el momento y obliga, necesariamente, a reflexionar con parámetros distintos de los empleados hasta ahora. Hay situaciones en la vida de los pueblos, y de las instituciones en general, en las que no ir hacia adelante supone necesariamente retroceder. La Unión Europea se encuentra en esta angustiosa disyuntiva.

Como dijo el presidente de la Comisión, Jean Claude Juncker, en la cumbre citada, las “dos velocidades” no pretenden levantar ningún tipo de “telón de acero entre el este y el oeste, sino permitir el progreso de aquellos que quieren hacer más”. Y este es, a mi juicio, el meollo de la cuestión. La Unión Europea no puede concebirse sólo como un mecanismo para obtener fondos, como unas fecundas ubres para nutrir el desarrollo de los países más atrasados, sino como un proyecto colectivo superador de viejos conceptos estatales y generador de una nueva ciudadanía que no tenga en el pasado sus elementos de referencias sino en una “voluntad de ser” lo que no se ha sido todavía.

Tal vez sea pronto para decirlo, y en esta posible prontitud podría radicar el error de un planteamiento precipitado, haciendo con ello cierta aquella máxima política de que “peor que no tener razón es tenerla antes de tiempo”. Pero, me encuentro entre los piensan que tendrá que llegar el día en que la Unión Europea deje de ser una unión de Estados para convertirse en algo completamente supranacional.

Son los Estados nacionales los que representan al pasado; es el nacionalismo de Estado el que obstruye la construcción europea; son las soberanías nacionales las que dificultan la aparición de una nueva Europa. Y hasta tal punto es así, que, a mi juicio, esa ha sido, precisamente, la razón última del “Brexit”: Inglaterra no soporta dejar de ser Inglaterra. No lo ha soportado nunca, y, a pesar de que ya no es lo que fue, podríamos evocar el título de aquella novela de Miguel Delibes para decir que la sombra del imperio es alargada, aunque ahora ya no tenga imperio y casi ni sombra.

Lo he dicho repetidamente a través de estas líneas y creo que es necesario repetirlo de nuevo. Para la verdadera construcción de Europa es preciso que deje de ser percibida exclusivamente como un asunto económico, como un mero mercado de intereses. Hace falta apelar al corazón, a los sentimientos, a los afanes vitales y culturales de los europeos, sobre todo de las generaciones jóvenes , las que no están ancladas en las estructuras del pasado y anhelan algo distinto, algo que les aporte una existencia mejor que la de sus padres o sus abuelos en todos los aspectos. No es seguro que para lograr esto la fórmula de las “dos velocidades” sea la solución, pero tampoco es seguro que lo contrario sea cierto. Y, desde luego, lo que, a mi juicio, está fuera de duda es que seguir como lo hacemos hasta ahora puede ser la mejor forma de llegar tranquilamente al desastre.

Algunos dicen que en esta hora de Europa hacen falta auténticos líderes, políticos que estén dispuestos a mirar por encima del horizonte de sus propias urnas electorales, que avizoren el futuro y sepan proyectar la idea de lo que no existe todavía. Yo estoy de acuerdo, pero considero que esa necesidad no es solo para esta hora de Europa, sino para cualquier hora. La exigencia de buenos políticos es permanente, no está constreñida a ningún momento concreto. Contemplando el panorama de los actuales líderes europeos, resalta todavía más la talla de los grandes líderes fundadores de la Unión Europea, y volver la vista hacia ellos para imbuirnos de su impulso no es mirar hacia el pasado, sino, al contrario, hacia ese futuro al que ellos apuntaron, y hacer votos porque surjan quienes puedan conducirnos a él.

Una ocasión perdida

abril 21, 2017

Los presupuestos para 2017 del Gobierno de Aragón, en materia de investigación y desarrollo, se pueden calificar como los correspondientes a “una ocasión perdida”. Y es lamentable que esto sea así porque en torno a esta temática, en la Comunidad Autónoma de Aragón existe un amplio consenso con respecto a lo que debe hacerse, hasta el punto de que dicha actitud se ha materializado en lo que se ha dado en llamar el “Pacto por la Ciencia, único entre todas las Comunidades Autónomas, y que plasma por escrito los deseos a los que todas las fuerzas políticas del arco parlamentario aragonés se han comprometido a dirigir su esfuerzo para que Aragón consiga, de acuerdo con los planteamientos de la Unión Europea, una situación de excelencia en esta materia.

Este pacto fija como objetivo medular de su existencia lograr, en el plazo de tiempo más breve posible, la media nacional española en lo referente al índice de medición de estos esfuerzos, que, según la nomenclatura oficial, se concreta en la proporción de los gastos a esta actividad dedicados en la Comunidad con relación a su Producto Interior Bruto. Si bien es cierto que el pacto, paradójicamente, concreta este objetivo sin concreción, es decir, diciendo que se consiga “cuanto antes”, no es menos cierto que una interpretación razonable de esa inconcreción podría ser que ese logro se consiga en la actual legislatura, o lo que es lo mismo, que lo consiga el Gobierno actual, porque si fuera diferido para otro gobierno tendría escaso sentido el empeño del actual por suscribir el mencionado acuerdo.

Pues bien, ante esta circunstancia, completamente nueva en la vida política aragonesa, el Gobierno en curso, en un año en el que, según su propio Consejero de Hacienda, se ha logrado un incremento histórico de las posibilidades de gasto, más de los doscientos cincuenta millones de euros, sólo dedica a este empeño algo menos del cuatro por ciento, desairando de forma clamorosa todos los discursos del presidente en los que no se cansa de predicar que para su Gobierno esta materia constituye un objetivo prioritario, glosando con pasión en esas prédicas toda la literatura internacional que sobre el advenimiento de la sociedad del conocimiento existe, y que él quiere ver referida a su mandato.

Para lograr lo que se pretende, y con lo que muchos estamos de acuerdo, es necesario pasar, como se aludía a las comedias de Lope de Vega, aunque en otro sentido, “de las musas al teatro”, es decir, de los discursos a las realidades, en este caso presupuestarias. Y para ello haría falta que el presupuesto para el año 2017 se viera en esta materia aumentado en unos quince o veinte millones, lo que, además de ser perfectamente posible, tampoco constituiría un exceso, pues supondría aumentar su esfuerzo presupuestario del escaso cuatro por ciento actual al diez o el doce por ciento, cifra que seguiría permitiendo cumplir con otras políticas igualmente anunciadas.

Y en este sentido, es preciso decir, que ninguno de los objetivos que el presidente pregona de manera incansable ve en este presupuesto dotación suficiente para lograrlo. La política social, a pesar del estrecho concepto con que la contempla el Gobierno actual, no sólo no aumenta, sino que pierde peso en el conjunto del presupuesto; los incentivos a la creación industrial descienden más de un cuarenta por ciento; el fomento del desarrollo económico se ve constreñido en más de un diez por ciento, y el esfuerzo en investigación y desarrollo, como he comentado, se queda a las puertas de lo necesario.

Ante esta situación, cabría preguntarse con qué criterios políticos está elaborado el presupuesto; y la respuesta más adecuada, por más que sea lamentable, tendría que ser que adolece de falta de criterios, o responde a un pacto extraño con ese grupo político que está empeñado en apoyar y destruir al mismo tiempo; o, tal vez, y quizá sea esto lo más probable, no responde a ninguna de esas causas, sino simplemente al azar, pues tal es la situación de desconcierto en que vive el Gobierno, tan sólo preocupado por alargar su existencia.

En materia de investigación y desarrollo, Aragón requiere un golpe de timón hacia arriba, terminar con la rutina en que está instalado desde el comienzo del siglo, y plantear una política nueva y audaz, compatible con la realidad actual pero encaminada a superarla, no a prolongarla. Si esto no se da, si la preocupación por estas materias no asciende en la escala de prioridades políticas del Gobierno, el Pacto por la Ciencia, tan aireado hace unos meses, podría quedar tan sólo, y el que esto suscribe no lo desea, en una vistosa operación de márquetin político.

 

Un ejército europeo

marzo 31, 2017

Las declaraciones del vicepresidente norteamericano, Mike Pence, en la Conferencia de Seguridad de Múnich de días pasados, afirmando con claridad, en nombre de su presidente, que el apoyo de Estados Unidos al Tratado del Atlántico Norte (OTAN) es inquebrantable y que también lo es el apoyo a la Unión Europea han supuesto un considerable alivio europeo e internacional.

De todas maneras, la salida del Reino Unido de la Unión Europea y el actual Gobierno norteamericano de Donald Trump son circunstancias suficientemente preocupantes para la Unión Europea y que deberían provocar en ésta una vigorosa reacción para acentuar y profundizar su integración política

Una de los aspectos más importantes que debería abordarse cuanto antes, y cuya necesidad es palmaria a la vista sobre todo del actual grado de inseguridad mundial, es la creación de una auténtica política de Defensa de la Unión, que debiera tener su eje fundamental en la creación de un ejército europeo, superando el gran fracaso histórico que representó el abandono, en 1954, del proyecto de la Comunidad Europea de Defensa (CED)

Dicha comunidad fue propuesta cuatro años antes por el entonces jefe del Gobierno francés, René Pleven, y apoyada por dos de los padres fundadores de la naciente Comunidad Europea: Jean Monnet y Robert Schumman. El proyecto consistía en la creación de unas fuerzas armadas europeas con integración de los ejércitos de los distintos Estados miembros. El plan, fuertemente apoyado por los Estados Unidos y muy mal visto siempre por Gran Bretaña, fue derrotado en la Asamblea francesa, siendo jefe del Gobierno francés Pierre Mendès France, entre otras causas, por la oposición frontal del grupo gaullista en el Parlamento francés, y supuso la dimisión de Jean Monnet, Presidente entonces de la Alta Autoridad de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA)

La derrota del proyecto supuso un durísimo golpe a la construcción europea y el abandono de toda idea de cooperación militar continental formal hasta 1.999, cuando, a través del Tratado de Ámsterdam, se permitió una cierta colaboración de los ejércitos nacionales, como sucede hasta los días actuales.

En estos momentos, en ámbitos europeos, se acepta la necesidad de que sea el Consejo de la Unión Europea el órgano que defina los objetivos de las misiones conjunta los ejércitos de los diferentes Estados miembros. Igualmente se contempla la necesidad de replantear las relaciones de la Unión Europea con la OTAN y establecer un concepto estratégico basado en unas prioridades claramente definidas. Todas éstas son cuestiones necesarias, pero insuficientes para poder hablar de una auténtica política de defensa común. Lo que se precisa, junto con todo lo anterior y otras cuestiones similares, es, a mi juicio, dar el paso decisivo de la creación de ese ejército europeo, que superando aquel fracaso histórico comentado, sirva no solo de basamento de su política exterior sino también de catalizador de la verdadera unión.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede facilitar de manera notable el camino hacia ese ejército europeo. Gran Bretaña, en su tradicional línea de distanciamiento de todo lo continental, estuvo siempre en contra de él, a pesar de que, tras la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill fue el primero en reivindicar, en 1946, la creación de unos Estados Unidos de Europa.

Por más que, desde ángulos distintos, se quieran pronunciar palabras tranquilizadoras, lo cierto es que la Unión Europea se encuentra en una de esas críticas encrucijadas vitales en las que si no se avanza, se retrocede inexorablemente. La mera continuidad de lo establecido no conduce a ningún sitio, sino a hacer posible el cuestionamiento de su propia existencia en algún momento posterior. La ausencia en el presente de verdaderos líderes europeístas no hace sino agravar esta situación y dar pábulo a los movimientos separatistas para proclamar, con creciente insistencia, el orgullo del Estado nacional y de la propia soberanía, en un ejercicio tan anacrónico como preocupante.

La dureza de la crisis económica por la que está pasando la Unión Europea no debe ocultar la crisis política que viene arrastrando desde hace más de diez años. El fracaso del proyecto de Constitución del año 2005, con el voto negativo de los referéndums francés y holandés, supuso un gran impulso para todos aquellos europeos que quieren replegarse sobre sus propios Estados, debilitando, cuando no aguando, el espíritu de unión política nacido del Tratado de Maastricht. Es preciso avanzar de nuevo hacia un acto constituyente que, superando los actuales planteamientos del Tratado de Lisboa y fundamentándose en un pacto social, cree un poder constituyente que dote a Europa de una verdadera Constitución. Y para ello, la creación de un ejército europeo supondría un notable paso político

¡Europa, despierta!

febrero 19, 2017

Después del “Brexit”, que debiera haberse convertido en el aldabonazo que despertase las conciencias europeas, la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, calificando de reduccionista la construcción europea y anunciando que seguirán yéndose más países tras el Reino Unido, La Unión Europea no puede permanecer inactiva esperando que las aguas se calmen y que pase la tormenta.

La situación europea es muy grave. No solo la amenaza de los eurófobos, envalentonados tras el triunfo de Trump, y gritando desde Coblenza que hay que regresar a los Estados nación, sino la misma pasividad de los mandatarios europeos, que parecen confiar en que el paso del tiempo lo resuelva todo, están poniendo a la Unión Europea es una situación de enorme debilidad, de la que no podrá salir ninguna vigorosa acción en sentido contrario, si no hay un decidido golpe de timón.

“Quien se duerme en la democracia puede despertarse con una dictadura”, afirmaba con acierto el vicecanciller alemán Sigmar Gabriel, sumándose a la manifestación contra los ultraderechistas europeos reunidos a orillas del Rin para decir que “2017 será el año del despertar de los pueblos de la Europa continental”. La extrema derecha europea escucha encantada a Trump cuando afirma que los pueblos quieren seguir teniendo su propia identidad, y aprovecha su estela para lanzar con entusiasmo mensajes de desunión en Europa

No es el reverdecer autoritario de viejas identidades lo que Europa necesita, sino el cultivo y florecimiento sereno de la identidad europea, ese poso de ciudadanía basado en la concepción adecuada de la cultura europea, entendida como diálogo desde el respeto compartido e incluso desde admiración compartida, de sus diversas culturas. Lo que Europa necesita es fomentar la conciencia ilusionada de pertenecer no solo a un espacio político y geográfico concreto, sino, al mismo tiempo, a un elenco de valores profundos que le son consustanciales: la paz, la democracia y la entronización de la persona con sus derechos humanos como eje central de toda la acción pública.

La mayor urgencia de Europa en estos momentos es avanzar con paso firme en la integración, y una de sus piezas fundamentales para ello es la política de seguridad, que tiene en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) un basamento esencial, y más, si cabe todavía, con el cuestionamiento que de ella está haciendo Trump, al calificarla de “obsoleta”.

En esta materia, El Tratado de la Unión, como han puesto de manifiesto destacados expertos, contempla muchas medidas que todavía no se han desarrollado, sea por culpa de la crisis o por lo que fuere. Aumentar la cooperación en inteligencia es imprescindible para nuestra seguridad; la creación de un cuartel general estratégico para las operaciones conjuntas es de vital importancia; lograr una industria de defensa europea competitiva que nos proporciones autonomía estratégica  es de todo punto necesario; y aumentar la inversión colectiva en investigación tecnológica para la defensa es la forma de abordar el futuro.

Es preciso que todos los Estados, y no solo los que quieran, como permite el Tratado de Lisboa, refuercen su cooperación militar y puedan desplegar misiones rápidamente, aumentando con ello su peso en el mundo, y contribuyendo así a un reforzamiento de la propia  OTAN

Pero para lograr todo lo anterior, se precisa, como he dicho en otras ocasiones desde estas mismas líneas, que los políticos europeos estén dotados de un verdadero europeísmo y fomenten ese sentimiento entre los ciudadanos

Es necesario que los ciudadanos encuentren motivos no solo económicos, sino también culturales y sociales, para experimentar con vigor ese nuevo arraigo en lo europeo sin el cual nunca será posible una verdadera Unión. Para sentirse espontáneamente europeo, sin ningún tipo de imposición ni fingimiento, es necesario el entronque en las raíces profundas que nos unen a todos los europeos, con esa apertura hacia lo universal, que constituye la condición europea por excelencia, para humanizar la globalización, propagando a todo el mundo los valores de la igualdad, de los derechos humanos y del respeto a la persona. Es, por lo tanto, imprescindible que se cultive y florezca el verdadero europeísmo, porque sin europeístas nunca podrá lograse una auténtica Unión Europea, de la misma forma que sin demócratas resulta imposible articular una democracia verdadera.

Ojalá estos graves contratiempos por los que atraviesa la política europea sirvan para despertar las conciencias europeas, con el fin de asumir, con toda crudeza, que no se puede demorar por más tiempo el abordaje de los graves problemas que atenazan el proceso de construcción europea. Y reconocer que es preciso encararlos con diálogo abierto, pero también con todo rigor y determinación, y, sobre todo, con la disposición de poner en marcha cuantas medidas sean necesarias.

Por ello, a la petición que encabeza estas líneas, habría que añadir también: ¡Levántate y anda!

Administración Electrónica

enero 23, 2017

Como es sabido, la Administración Electrónica alude a la incorporación de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las administraciones públicas para que, por una parte, desaparezcan los papeles en las oficinas tradicionales, sustituyéndolos por procesos electrónicos, y, por otra, el ciudadano pueda relacionarse con la Administración de esta misma forma, es decir, sin papeles

Para que una administración pase de su forma tradicional al modo electrónico no solo se requiere la informatización de lo que se está haciendo, sino que se precisa, al mismo tiempo, cambiar la forma de actuar tradicional por otra manera que recoja la idiosincrasia electrónica, que es tanto como traducir a mentalidad digital lo que antes existía en planteamientos analógicos.

Este cambio de mentalidad requiere que los empleados públicos, y también los ciudadanos, abandonen viejos esquemas, acendrados por el uso reiterativo de muchos años, y se abran a la novedad conceptual de otra forma no solo de hacer, sino fundamentalmente de pensar, obligando con ello a los poderes públicos a una amplia labor de formación y pedagogía ciudadanas, no siempre realizada con la extensión y finura requeridas.

La Agenda Digital para España marca la hoja de ruta en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones y de Administración Electrónica para el cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, e incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

Desde la Unión Europea no se puede imponer un modelo específico de Administración Electrónica, ya que el principio de autonomía institucional y procedimental obliga a respetar la organización territorial interna y el funcionamiento propio de los Estados miembros, pero sí puede establecerse una especie de paradigma que, sin perjuicio de las especificidades de cada Estado, establezca un mínimo de servicios comunes y una orientación indicativa de las líneas más interesantes de desarrollo.

En Aragón, este proceso arrancó en el año 2009 por medio del Plan de Administración Electrónica del Gobierno de Aragón, en el que se estableció un marco estratégico de todos los servicios necesarios y un catálogo pormenorizado de las acciones a desarrollar, con un interesante calendario aproximado de realizaciones. Pero a pesar del impulso dado inicialmente y la decidida apuesta política por el asunto, los resultados en la actualidad distan mucho de los previstos, existiendo en estos momentos una escasa penetración de la electrónica en el conjunto de la Administración, con un uso mínimo de los servicios puestos en marcha, y además con un desigual reparto de los mismos entre los distintos Departamentos.

Según los últimos datos oficiales del Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital, en Aragón, sólo un 3% de los procedimientos administrativos que se desean realizar electrónicamente se encuentran en su máximo nivel de desarrollo, situando este porcentaje a la Comunidad aragonesa entre las más atrasadas de España en esta materia.

Todo ello debido, entre otras causas, a un planteamiento erróneo desde el principio que requiere, a mi juicio, un cambio radical de estrategia, como han apuntado distintos expertos en la materia, y que, según sus propias aseveraciones, debería descansar en entre otros, en las siguientes líneas de acción.

En primer lugar, es necesario proceder a una revisión exhaustiva de los servicios actuales, cuestionando con rigor, tanto desde el punto de vista técnico como funcional, su operatividad, y desechando aquellos cuyas prestaciones distan sustancialmente de lo que sería necesario. En segundo lugar, es preciso abandonar el afán de ampliar la oferta de servicios comunes en beneficio del despliegue de servicios nítidamente departamentales y que, al mismo tiempo, descansen sobre una adecuada gestión de proyectos en lugar de pretender la universalización de la producción de software propio, liberalizando los suministros con una clara opción por los productos consolidados. Y, por último, se requiere, una mayor flexibilidad en la política se servicios comunes.

Todo ello precisa, además, una gestión única y una unidad de mando, tanto en lo referente a los aspectos económicos, como a lo tocante a la calidad o a la tecnológica, centralizando la gestión de los proyectos y estableciendo técnicas concretas de seguimiento. Y todo el conjunto debe insertarse en un marco global en el que se expliciten todos los servicios y estrategias

Ante esta situación, urge que el Gobierno de Aragón clarifique la situación en que se encuentra realmente todo el proceso de creación de la Administración Electrónica, corrija los rumbos errados, intensifique las acciones de creación de los nuevos servicios, proceda a elaborar un catálogo de normas que es preciso cambiar para adecuarlas a la mentalidad digital, y ponga en marcha un suficiente programa de formación profesional.