Fomentar la excelencia

julio 19, 2018

Según el último estudio realizado por el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la Universidad de Zaragoza se encuentra por encima de la media nacional en cuanto a rendimiento tanto docente como de investigación, innovación y desarrollo tecnológico. Igualmente, en la consideración de otros parámetros, se encuentra también entre las universidades más prestigiadas de España y con una gran incidencia internacional, particularmente en el mundo iberoamericano.

Cuidar ese prestigio, y acrecentarlo de forma continua, debe ser tarea permanente del Gobierno de Aragón, que tiene en ese centro el mayor productor de investigación de la Comunidad y uno de sus mejores embajadores en el mundo. Y ese prestigio, ganado en gran parte por la categoría de los docentes, se aumenta también, entre otras acciones, por la excelencia de sus estudiantes. Fomentar esa excelencia debe ser una norma básica de actuación de cualquier gobernanza de la universidad.

Recientemente, el Gobierno de Aragón, en su afán por ayudar a los estudiantes, ha decidido premiar con una cierta bonificación del precio de la matrícula de los grados universitarios a todos aquellos estudiantes aragoneses que hayan aprobado, como mínimo, la mitad de los créditos académicos, sin tener en cuenta ninguna otra consideración. Resulta siempre plausibble potenciar la universidad y premiar el esfuerzo de los estudiantes. Pero, estando de acuerdo con la intención de la medida, no puedo por menos de lamentar aspectos de la misma que son manifiestamente mejorables.

En primer lugar, y al contrario de la voluntad manifestada por el Presidente del Gobierno de avanzar hacia una sociedad meritocrática, premiar a quien aprueba solo la mitad de los créditos está lejos de impulsar hacia la excelencia, como debería ser el caso, y apunta más bien a fomentar la mediocridad. Los cinco o seis millones de euros que la medida va a costar al Gobierno de Aragón podrían emplearse mejor en establecer una escala más exigente en cuanto al resultado académico, de forma que incluso se llegase a premiar con la bonificación total de la matrícula a quien realmente tuviera un rendimiento excelente, y desde esa altura máxima se hiciera una gradación inteligente de bonificaciones acordes con otros parámetros más exigentes. Eso redundaría en beneficio de los buenos estudiantes y contribuiría a aumentar el prestigio de la universidad.

En segundo lugar, la intención de que la bonificación sea indiscriminada, es decir, solo tenga en cuenta el resultado de los estudiantes sin atender a la situación económica, me parece injusto al tratar por igual a los desiguales. Premiar el esfuerzo es algo altamente saludable, pero para conseguir un mismo nivel de rendimiento no es el mismo el esfuerzo que tiene que hacer un estudiante que, afortunadamente, goza en su familia de una situación acomodada, que le permite estudiar con tranquilidad y dedicación, que el que debe realizar quien, por no gozar su familia de ese desahogo, debe trabajar para hacer posible sus estudios, por poner uno de los distintos casos que pueden darse cuando la circunstancia económica no es favorable. Decía Ortega y Gasset que la persona es ella y su circunstancia, y la circunstancia económica resulta, por desgracia, muy determinante, y no tenerlo en cuenta priva a la medida del Gobierno de una dimensión de justicia que es siempre conveniente.

Y fundamentado en la misma lógica de no tratar igual a los desiguales, existe otra desigualdad que se debería contemplar: la diferencia entre los distintos grados. No tiene la misma dificultad una carrera que otra; es esta una realidad incuestionable, que está contemplada en todas partes, tanto por la nota de corte para entrar en los distintos grados como por otras circunstancias. Y en ello reside otra cuestión que debería tenerse en consideración. Como también debería contemplarse la circunstancia de aquellos estudiantes aragoneses que tienen que cursar sus estudios fuera de la Comunidad por no existir en Aragón el grado que desean estudiar. Son igual de merecedores de estímulos que los que cursan en Aragón sus estudios, y, sin embargo, la medida del Gobierno, a fecha de hoy, no lo contempla.

Pero, por encima, o al margen de estas consideraciones académicas, se dan en esta medida dos circunstancias políticas llamativas. La primera es que fue anunciada con toda la ampulosidad posible por la Consejera, acompañada del Presidente, en el Patio de la Sala de la Corona del Edificio Pignatelly, donde se suelen comunicar con solemnidad los asuntos de especial relevancia para la Comunidad, poniendo con ello de manifiesto la dimensión concreta de la bonificación que pensaba darse, y quince días más tarde esa concreta bonificación fue rebajada en su montante económico por el Director General de Universidades, alegando que se trataba de una simple puntualización.

Y la segunda circunstancia política llamativa es la que tiene que ver con el alcance social de la misma y el momento de su puesta en funcionamiento. La medida, como se dijo, supone ayudar a unas quince o dieciséis mil familias aragonesas, y se va a iniciar precisamente unos pocos meses antes de que tengan lugar las elecciones autonómicas en las que están llamadas a votar todas las familias aragonesas. Dada la solemnidad con la que se anunció por la máxima autoridad autonómica, la relativa rectificación que hubo de hacerse posteriormente que evoca prisas por anunciarla, y el momento en que va a ponerse en marcha, resulta casi inevitable atribuirla un calificativo cuyo adjetivo no quiero citar, pero que, probablemente, esté en la mente de muchos de los que lean estas líneas.

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El desafío de la digitalización

junio 29, 2018

Aragón debe aprovechar las oportunidades y desafíos que conlleva la digitalización y extraer al máximo las ventajas competitivas que le proporciona su alta calidad de vida, el prestigioso ecosistema que posee, la tradicional paz y entendimiento social que le acompaña y su posición geoestratégica, entre otras variadas ventajas comparativas y competitivas que esta Comunidad Autónoma tiene y que constituyen un poderoso reclamo para atraer empresas y, en el actual desafío digital, para atraer también talento de cualquier parte del mundo.

En materia digital, las empresas aragonesas necesitan un número de especialistas digitales incomparablemente mayor que el que actualmente aporta su sistema educativo. Sin perjuicio de todos los esfuerzos que sean necesarios para aumentar considerablemente el número de egresados TIC que salgan de las instituciones aragonesas, es necesario aprovechar también el enrome atractivo que para las empresas digitales, y en general para los profesionales TIC, tiene Aragón. Pero para que esos atractivos den los resultados que potencialmente tienen es preciso ponerlos en valor, es decir, es necesario que se conozcan de manera exhaustiva y pormenorizada en todo el mundo.

En estos momentos, en la Comunidad Autónoma aragonesa no existe ninguna estructura que permita la visualización de la globalidad de sus potencialidades de una forma directa y completa, perdiéndose con ello posibilidades de todo tipo para incrementar y mejorar el ecosistema económico de Aragón. Por ello, sería sumamente interesante que, actuando como referente principal, pudiera disponerse de un portal web interactivo que presentase al mundo las ventajas de trabajar en la Comunidad aragonesa,  y se crease al mismo tiempo una marca de calidad digital y un centro de innovación digital especializado en inteligencia artificial para ofrecer soluciones, no solo a la Industria, como ya se hace, sino también a todos los sectores económicos y sociales.

Sabido es que, hoy en día, la digitalización no es algo opcional, sino una exigencia imposible de esquivar para todo el mundo. Requiere un compromiso decidido de todos los agentes sociales y de las administraciones públicas; precisa enfrentarse con acierto a la gran competencia externa que existe; y obliga a lograr que los centros educativos lleguen a ser realmente competentes en materia digital, de forma que los alumnos reciban formación suficiente en esta materia.

Pero para que este impulso pueda animare de forma eficaz, desde el Gobierno de Aragón se necesita un cambio radical que aporte presupuestos realmente aumentados, que no se contenten con un incremento de un solo dígito porcentual, y una decisión política de la que se carece en estos momentos, por más que la literatura de los discursos se empeñe en propagar lo contrario.

Y en esta búsqueda permanente de talento que la digitalización requiere, sería oportuno rememorar, pensando en Aragón, las históricas palabras que el presidente norteamericano Kennedy pronunció en su toma de posesión, refiriéndose a las necesidades de América: “más que poderío industrial o poderío económico, lo que América necesita es poderío mental”. Y en ello fundamentó una de los rasgos más importantes de la “Nueva Frontera” que deseaba para su país.

Aragón también requiere una nueva frontera de ambición que dibuje un horizonte nuevo en el que se pueda contemplar el abandono de viejas prácticas de exclusión y la adopción de formas modernas de gobernación; la renuncia al sometimientos estricto a los interesas partidistas y la adopción de lo que es más común a todos los ciudadanos; la visión a largo plazo sobre los rumbos que hay que mantener por encima de las coyunturas electorales y la lucidez para comprender que nada verdaderamente importante se logra sin actitudes de integración colectiva.

De todas estas cosas, y con gran amplitud, se habló en las Cortes de Aragón hace unos días con motivo de la presentación en la Comisión de Comparecencias y Derechos Humanos del clúster IDIA, dedicado a la Investigación, Desarrollo e Innovación en Aragón, convirtiendo el Palacio de la Aljafería en una solemne cámara de resonancia de los grandes desafíos que tiene la Comunidad aragonesa y del estímulo necesario para abordarlos con decisión. Los distintos discursos que en aquella reunión se pronunciaron por parte de todos los grupos políticos y, sobre todo, el espíritu que ella irradió,  permiten rememorar también otras históricas palabras de aquel discurso inaugural que, referidas a los aragoneses, podrían decirse de esta manera: No preguntéis que puede hacer el Gobierno por vosotros, preguntad más bien qué podemos hacer todos juntos por la digitalización.

 

Un año de Macron

mayo 26, 2018

Hace ya un año desde la elección de Macron como presidente de la República francesa y quiero pensar que el soplo de esperanza para la Unión Europea que sus planteamientos de refundación de la misma insufló en la vida política comunitaria no se ha extinguido, a pesar de los elementos en contra que durante este año se han ido levantando y del pernicioso aire antieuropeo que dejaron las últimas elecciones generales italianas.

Las palabras de Macron al comienzo de su mandato, como las pronunciadas en la Universidad de la Sorbona ante un auditorio internacional de estudiantes a finales del año pasado, como su reciente discurso ante el Parlamento Europeo, aportan, a mi juicio, base para afirmar que aún es posible esa esperanza para reformar con éxito lo que los grandes líderes europeístas del siglo pasado iniciaron con tanta brillantez.

Pero para que el camino de refundación europea que Macron propone, y del que muchos recelan, se pueda llevar a la práctica es preciso afrontar de cara los auténticos problemas que atenazan a la Unión y sin cuya resolución o alivio todos los esfuerzos pueden resultar vanos, dando con ello razones a quienes desean firmemente que todo fracase y que la Unión ponga fin a sus días.

Los he comentado en repetidas ocasiones en estas mismas páginas, pero, en estos momentos, ante la tibieza de algunos democristianos alemanes que parecen anteponer los supuestos intereses de su país a ese proyecto de refundación de la Unión, no me parece superfluo repetirlos, porque solo con claridad de ideas puede extraerse la fuerza necesaria para abordar los cambios que se necesitan.

Europa necesita un sincero ejercicio de legitimidad democrática que ponga fin a la vieja costumbre de tomar decisiones a escondidas de los ciudadanos, que acabe con esa opacidad y lejanía que termina por ir en contra del verdadero espíritu fundacional y que supone en sí misma una cierta contradicción con los principios democráticos que figuran en el frontispicio de su ideario. Porque no basta con que los países que la integran sean democráticos; es preciso que lo sea también, e íntegramente, la propia Unión. Es necesario que todas sus instituciones, y su presidente a la cabeza, salgan directamente elegidos por el voto popular, y que el Parlamento Europeo sea realmente la cámara de la soberanía europea, y no un mero órgano colegislador.

Por otra parte, es preciso avanzar con paso decidido hacia la ciudadanía europea plena. Es necesario que los ciudadanos encuentren motivos no solo económicos, sino también culturales y sociales, para experimentar con vigor ese nuevo arraigo en lo europeo sin el cual nunca será posible una verdadera Unión. Para sentirse espontáneamente europeo, sin ningún tipo de imposición ni fingimiento, es necesario el entronque en las raíces profundas que nos unen a todos los europeos, con esa apertura hacia lo universal, que constituye la condición europea por excelencia, para humanizar la globalización, propagando a todo el mundo los valores de la igualdad, de los derechos humanos y del respeto a la persona. Es, por lo tanto, imprescindible que se cultive y florezca el verdadero europeísmo, porque sin europeístas nunca podrá lograse una auténtica Unión Europea, de la misma forma que sin demócratas resulta imposible articular una democracia verdadera. El europeísmo es la conciencia ilusionada de pertenecer no solo a un espacio político y geográfico concreto, sino, al mismo tiempo, a un elenco de valores profundos que le son consustanciales. La paz, la democracia, la entronización de la persona como eje central de toda la acción pública y todo cuanto de ello se deriva constituyen el núcleo de esa cosmovisión que caracteriza a lo europeo.

El proyecto de la Unión Europea no se puede lograr si no hay conciencia de identidad cultural y de comunidad histórica, entendiendo ambos términos en el sentido amplio de su acepción. Es cierto que no existe una cultura europea en el sentido estricto de la palabra cultura, porque Europa es más bien la convivencia de diversas culturas. Pero el diálogo respetuoso e incluso admirativo entre esas diversas culturas es lo que podríamos llamar propiamente “cultura europea”, basando precisamente en ello la genuina identidad europea, que es preciso fomentar desde todos los ángulos y en todo momento. Sin este sustrato común, que es lo que puede dar basamento a una conciencia de identidad europea, completamente compatible con las identidades locales o nacionales, el proyecto de la Unión estará siempre falto de la verdadera fuerza de cohesión y sometido a los avatares de las distintas crisis económicas o nacionales.

Por otra parte, la política europea de asilo, la política exterior común, la unión bancaria y el desarrollo de la unión económica y monetaria son otros importantes asuntos en los que es preciso avanzar de forma decidida, así como en la elaboración de unos presupuestos comunes para los países de la eurozona que aporten mayor solidaridad a la unión monetaria, con elementos de convergencia.

Es una pena que la tardanza en constituir el nuevo Gobierno alemán y las voces en contra de las ideas reformistas europeas surgidas en el seno del partido que lidera Ángela Merkel den ánimos a los que pretenden arruinar el esfuerzo reformador del presidente francés. Pero su última reunión con la Canciller alemana, aunque no disolvió del todo las diferencias que ambos países mantienen, puso de manifiesto la voluntad de ambos por salvar las diferencias y hacer que el eje París-Berlín sea efectivamente la locomotora de la reforma hacia un nuevo futuro de la Unión Europea.

¡Ojalá que la cumbre europea de Bruselas del próximo mes de junio sirva para enterrar fantasmas del pasado y abordar con paso decidido la necesaria refundación de la Unión Europea!

“Territorios Inteligentes”

abril 29, 2018

Uno de los desafíos pendientes del Gobierno de Aragón en la línea de modernización de la Comunidad es abordar un ambicioso plan de “territorios inteligentes” en virtud del cual se comience una sistemática ayuda para introducir la digitalización en todas las dimensiones de la vida social, en línea y complementación con las propuestas del actual Plan Nacional 2017-2020 en esta materia.

Lo contenido en este Plan Nacional alude a un concepto muy nuevo, todavía no definido completamente y sometido, por lo tanto, a todo tipo de matizaciones, pero que apunta fundamentalmente a un tipo de desarrollo que tenga como norte la sostenibilidad en la prestación de todos los servicios, concebida esta en su triple dimensión económica, social y ambiental. Y como herramienta para conseguir esa sostenibilidad se contemplan las modernas tecnologías de la información y la comunicación, las vulgarmente conocidas como TIC, haciendo de su uso extensivo el procedimiento normal de trabajo, de forma que, a través de ellas, pueda lograrse un amplio abanico de servicios, basados en una gran cantidad de datos que esas tecnologías consiguen manejar de forma impensable en otro tiempo.

Este uso masivo de las TIC, característica fundamental de las “ciudades inteligentes”, que surgieron como evolución del concepto de Ciudad Digital, iniciado en España en 2004 por el Ministerio de Industria, se extendería ahora al conjunto del territorio, brindando a sus habitantes las ventajas que las grandes ciudades digitalizadas ofrecen a sus ciudadanos.

Todo ese afán de desarrollo sostenible, con servicios de gran calidad soportados por las TIC, lo que pretende, en definitiva, es incrementar la calidad de vida de las personas, erigiéndose todo lo anterior como un medio para conseguir este fin humano, sin cuyo logro los esfuerzos previos carecerían del sentido último.

La propia complejidad del proceso hace que el desarrollo inteligente de un territorio, según el concepto comentado, tenga un carácter multifacético, afectando a una amplia gama de industrias suministradoras de los servicios necesarios y propiciando la aparición de cuantas nuevas empresas hagan falta para cubrir el extenso campo de las necesidades territoriales, erigiéndose el plan, de esa manera, en elemento tractor de nuevos negocios basados precisamente en las TIC.

Pero la bondad de un territorio no depende solo de las prestaciones materiales que pueda ofrecer a sus habitantes, sino, una vez satisfechas las más básicas, exige ocuparse también de aquellas necesidades inmateriales que una persona precisa para ser elevada al rango que requieren su propia dignidad humana y la dimensión trascendente de su ser. Y en este sentido, la aportación de las TIC tiene que enfocarse también a los servicios culturales, a la transmisión del saber y al desarrollo de la dimensión social de las personas.

Todo esto hace que un proyecto de “territorio inteligente”, además de un interés sobresaliente, tenga una complejidad extraordinaria porque junto al amplio elenco de elementos que intervienen aparece el hecho de la dificultad de vislumbrar el resultado final, ya que el concepto de bienestar humano, en su dimensión global, física e inmaterial, no es algo a lo que se pueda llegar por el mero uso de las TIC por más intensivo que sea, aunque este constituya uno de los retos humanos más desafiantes de la modernidad.

Con esta visión, el “territorio inteligente” se configura como un proceso interminable, como un adentrarse en un mar de posibilidades cuyos confines no se vislumbran todavía, pero cuya navegación es requerida por la modernidad y, sobre todo, por el afán de servicio a las personas, que es su verdadero objetivo final.

Por otra parte, ese mejor servicio a las personas no solo está en función de los aportaciones materiales o inmateriales que a ellas puedan ofrecérseles, sino también del cuidado de su dimensión social y, por lo tanto, del gobierno del territorio como cosa pública, apareciendo así las TIC como una poderosa herramienta para mejorar el desarrollo de la democracia y abriendo con ello un campo extenso de posibilidades de reforma en la administración territorial todavía no suficientemente explorado.

Hoy en día, las TIC pueden jugar un papel reformador de las viejas estructuras de gobernanza para profundizar la democracia e involucrar cada vez más a las personas en el gobierno de la cosa pública, abriendo de esa forma la puerta a un proceso de auténtica modificación de la vida social, donde, en definitiva, ya no solo se trate de territorios inteligentes, sino, sobre todo, de territorio responsables, elevando a sus habitantes a un rango moral superior.

Es una lástima que el inicio de un proceso de tales dimensiones en Aragón haya sido frustrado por el actual Gobierno de la Comunidad tan solo por la circunstancia de que la propuesta del mismo haya partido de la oposición, como pudo constatarse en uno de los últimos Plenos celebrados en las Cortes de Aragón, mostrando con ello una estrecha visión de la política, incompatible con la altura de miras que debe presidir la auténtica acción de gobierno.

 

La divulgación de la ciencia

marzo 24, 2018

Todos los agentes sociales asumen hoy en día que impulsar la ciencia es sinónimo de preocuparse por el progreso y el bienestar; y, por lo tanto, el apoyo a la investigación aparece así como una prioridad esencial de cualquier poder público, obligando al mismo tiempo a efectuar un ejercicio concienzudo de apertura de la ciencia y la tecnología a las sensibilidades y opiniones de los ciudadanos, involucrándoles de una manera efectiva en su desarrollo.

Sabido es también que los territorios que invierten razonablemente en conocimiento mejoran no solo su economía, sino también su cultura, su capacidad de crear de ideas, contribuyendo con ello, de manera indirecta, a una beneficiosa labor de pedagogía social para todos, y de una manera muy particular para la población universitaria.

Del mismo modo, todos los planteamientos europeos de futuro hacen hincapié en esta importancia de la ciencia para la modernidad, desde el convencimiento de que la ciencia no es solo una herramienta de progreso, sino, al mismo tiempo, componente esencial de la cultura contemporánea.

La ciencia y su aplicación posterior, la tecnología, han conocido un enrome florecimiento en el siglo actual y en el anterior. La popularización de sus aplicaciones produjo ya en la segunda mitad del siglo XIX una verdadera revolución filosófica y cultural, asociándose el progreso social al progreso científico, y presentando esa fase científica en la que entraba la humanidad como la superación de las fases teológica y metafísica que habían dominado siglos anteriores.

Pero además de este aspecto sociológico, ciertamente importante, la ciencia, desde el punto de vista personal, tiene la dimensión de aventura intelectual, de viaje al descubrimiento de lo desconocido y de ambición por conocer el mundo que nos rodea. Porque la ciencia que, en el fondo, es una forma excelsa de cultura, le da a la persona capacidad para reflexionar sobre sí misma, para aventurarse en las respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana, y también, y muy particularmente, para saber contemplar sin desasosiego aquellas preguntas para las que ella no tiene respuestas y que, precisamente por ello, evocan los límites de la ciencia, y sitúan a la persona ante el misterio de su propia existencia, ante el sentido de la vida.

Por todo lo dicho, y por muchas otras virtudes más que de la ciencia podrían predicarse, su difusión cobra un relieve importante no solo en la actividad de las instituciones científicas, sino también en el quehacer de los poderes públicos. Porque la difusión social de la ciencia no solo ilustra sobre conocimientos básicos, de los que grandes sectores de población se encuentran muy alejados, sino también sobre los resultados de las últimas investigaciones, su importancia práctica para la vida diaria, y su virtualidad de cambiar las mentalidades abriéndolas a una mayor libertad.

Por primera vez en la historia de la humanidad, por efecto de las modernas tecnologías de la comunicación, cualquier persona, con independencia de la profundidad de su preparación, puede tener acceso al conocimiento acumulado por nuestra civilización. Por eso, se hace imprescindible que desde los centros de generación del conocimiento, y con el apoyo de los poderes públicos, se preste especial atención a la difusión del mismo de forma sistematizada, en formatos accesibles para el gran público, poniendo al alcance de todo el mundo los resultados de la investigación, las conclusiones obtenidas, las potenciales vías de reutilización de esos resultados, sus propias limitaciones, y todo lo que concierne a la transformación del mundo que ello comporta, adquiriendo de esa forma la divulgación de la ciencia un rango superior en el elenco de las preocupaciones políticas.

En Aragón, los agentes sociales, empresariales, científicos y políticos, han suscrito un “Pacto por la Ciencia” en el que, entre otras muchas cuestiones, se enfatiza esta importancia de la ciencia y su conveniencia de hacer llegar sus beneficiosos efectos al conjunto de la población, al tiempo de contribuir a engendrar vocaciones científicas, entre otras acciones, por medio de una acertada divulgación de la misma. Como en tantas otras cuestiones relativas a ese pacto, conviene que el Gobierno de Aragón, en unión con todos los agentes, articule una rigurosa y amplia política de divulgación científica que permita pasar con eficacia de las palabras a los hechos.

 

Otra ocasión perdida

febrero 24, 2018

Hace aproximadamente un año, comentando los presupuestos del Gobierno de Aragón para 2017 en lo referente a la innovación y la investigación, decía que, por desgracia, representaban una ocasión perdida, lamentándolo de una manera particular al considerar que en torno a esa temática se daba una situación política de gran consenso. Un año después, el consenso sigue existiendo, pero los presupuestos continúan también proporcionando elementos para repetir el lamento expresado entonces, con el agravante de que ahora ya no se trata de “una ocasión perdida”, sino de otra ocasión perdida, o como se suele decir: “llueve sobre mojado”.

Contando para 2018 con un incremento presupuestario de más de 250 millones de euros, que en esa actividad solo se incremente el 1,5% de esa cantidad, pone de manifiesto que el Gobierno de Aragón está preocupado por muchas cosas, pero no precisamente por la innovación. Y esa ausencia de preocupación se muestra particularmente más grave al considerar que no se trata de un hecho puntual, referido exclusivamente al presupuesto de 2018, sino que es la cristalización de una ausencia de preocupación que viene arrastrándose desde el comienzo de la legislatura, pues de los 650 millones de euros de más, con respecto al Gobierno anterior, que desde el comienzo de su andadura ha dispuesto el Gobierno actual por mor de la mejoría de la economía en general, solo el 1,8% de ese aumento ha sido dedicado a la materia en cuestión.

Estos presupuestos contradicen el espíritu del Pacto por la Ciencia, suscrito en Aragón con todas las fuerzas políticas y agentes del sector, ponen de manifiesto la diferencia que existe entre los discursos políticos y las realidades de gobierno, y expresan con meridiana claridad el cansino continuismo que en esta materia se está teniendo y que priva a Aragón de ese gran “salto adelante” que precisa para adentrarse con vigor en la sociedad del conocimiento.

Mientras la dotación presupuestaria que a estos menesteres se dedique no desborde el escaso porcentaje del conjunto del presupuesto que ahora representa no puede hablarse de una nueva política en esta materia. Y los gestos que se hagan, o las palabras que se pronuncien, por llamativos que puedan ser o biensonantes que puedan parecer, no pasan de ser elementos de una propaganda mejor o peor orquestada pero ajena a la realidad que dicen predicar. Y solo la realidad puede cambiar las cosas.

Pero no sólo en esta materia el presupuesto de Aragón para 2018 es raquítico, sino también en todo lo referente al impulso de la economía productiva, cuyo incremento no pasa del 1,54%, o a la preocupación por la vertebración territorial, cuya dotación es más baja que la de 2015, o incluso a la preocupación social, que ocupa el frontispicio de las argumentaciones políticas del Gobierno, que tiene un peso en el presupuesto inferior al que tenía en el Gobierno anterior.

Esta criticable situación adquiere tintes todavía más lamentables al considerar que se produce, como el propio Gobierno se ha encargado de pregonar insistentemente, en un momento incomparablemente mejor en lo económico, que ha permitido un aumento presupuestario sin precedentes y que hubiera podido dar lugar a una reorientación de la política gubernativa hacia una mayor creación de riqueza y bienestar para todos. Pero el Gobierno sigue empeñado en los compromisos consigo mismo en aras de una política de izquierdas, como no se cansa de pregonar con un extraño prurito, alejada de la realidad actual y desconectada de los verdaderos intereses de los ciudadanos que, además de ver cómo se aumenta sistemáticamente la carga fiscal que tienen que soportar, se pretende hacerles creer que viven en el mejor de los mundos posibles.

Ciertamente, los presupuestos del Gobierno de Aragón para 2018 representan “otra ocasión perdida”, con el agravante de que es posible que no queden a este Gobierno ya más ocasiones presupuestarias. La posibilidad de que las cuentas actuales se prorroguen para 2019 no es pequeña, habida cuenta de las dificultades partidarias que su socio de mantenimiento de gobierno sistemáticamente le crea, y de la circunstancia de ser el próximo un año electoral, con la acentuación de las aristas partidistas que esta situación siempre crea.

Todo presupuesto es siempre un instrumento para desarrollar la política del Gobierno. Y la política, toda política, no es, en el fondo, más que un medio para llegar a algo. El gran problema de estos presupuestos, y del propio Gobierno, es que no van a ningún sitio en el sentido más literal de la expresión, es decir, solo pretenden quedarse en el sitio, haciendo con números realidad el fin último de este Gobierno que es permanecer en el poder. No deja de ser revelador que haya sido su propio socio en el mantenimiento del poder quien haya dicho en el debate sobre los mismos que “carecen de nuevos senderos a recorrer. No hay nuevos retos ni nuevos desafíos”.

 

 

La situación de la innovación en Aragón

enero 20, 2018

Hoy en día, el crecimiento de la economía y la capacidad competitiva de las empresas, que son la fuente del bienestar colectivo, solo pueden mantenerse mediante el cambio tecnológico y la innovación que lleva implícito.

La innovación es el resultado del proceso de transferencia de conocimiento desde la fuente del mismo, que es la investigación, a la sociedad en general, erigiéndose en puente necesario entre el ámbito de la creación de conocimientos y su aprovechamiento por el sistema productivo, integrando de esa forma los intereses globales de la sociedad, tanto públicos como privados.

Entendida la innovación como ese proceso de transformación del conocimiento en desarrollo económico y social, la eficiencia y velocidad del mismo condicionan necesariamente el futuro.

Según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística, en comparación con el año 2014, el último año completo de la anterior legislatura, en Aragón, el número de empresas con actividad innovadora ha decrecido un 8,9%, pasando nuestra Comunidad del séptimo al octavo puesto en el ranquin de Comunidades Autónomas; la intensidad de innovación total de las empresas ha descendido en un 16,1 %, pasando Aragón del quinto puesto al sexto en el mencionado ranquin.

El desglose de esta intensidad de innovación arroja resultados similares. En lo referente a las empresas con actividad de I+D, el descenso ha sido del 26,6%, pasando del séptimo puesto al undécimo. En todos estos parámetros, Aragón en 2014 se encontraba por encima de la media nacional y, según los últimos datos oficiales, está ahora en todos ellos por debajo.

Y un parámetro en el que Aragón tenía una posición de excelencia, siendo la segunda Comunidad Autónoma, detrás del País vasco, el porcentaje de la cifra de negocios en productos nuevos o mejorados, sin dejar de estar en buena posición, la cuarta actualmente, ha sido superada por Madrid y La Rioja.

Los descensos comentados anteriormente han hecho que en los distintos parámetros aludidos se hayan antepuesto a Aragón Murcia, Valencia, Canarias, La Rioja y Navarra.

Desarrollar nuevos productos y servicios, incrementar la competitividad y la apertura a nuevos mercados son, entre otras, condiciones necesarias para mejorar la situación económica y terminar creando puestos de trabajo. Afirmaciones de este tipo, avaladas hace tiempo por la Unión Europea, constituyen una de las bases del actual pensamiento económico, y obligan a utilizar adecuadamente el potencial científico y tecnológico de cualquier Comunidad o país. Aparece así la innovación como la piedra angular de la nueva arquitectura empresarial, dando de esa forma a la política de innovación de los respectivos gobiernos una dimensión nueva y sustancial.

Las cifras comentadas anteriormente, sin perjuicio del relativismo con que hay siempre que considerar los datos estadísticos, ponen de manifiesto que la actual política de innovación del Gobierno de Aragón merece una reflexión en profundidad y adoptar cuantos cambios sean necesarios, revisando los proyectos estratégicos que sea preciso, incorporando los que se consideren necesarios y sintetizando todos aquellos cuya proliferación pueda inducir a dispersión o superposición de esfuerzos. Y junto a todo ello, se precisa una única dirección en esta materia, un único responsable político que sea capaz de tener una visión de conjunto y adoptar decisiones en consecuencia. La actual compartimentación de dependencias administrativas induce a la dispersión y a la merma de eficacia de los recursos disponibles, todo ello teniendo en cuanta que la situación de Aragón en materia de innovación no depende en exclusiva de su Gobierno autonómico.

El desafío de Aragón en esta hora de España y de Europa, como todos los grandes desafíos vitales, tanto personales como sociales, no es unidireccional, sino mucho más complejo. Requiere una amplitud de miras suficiente para contemplar simultáneamente todas las dimensiones en que descansa. Pero, sin duda alguna, una de esas dimensiones, en el aspecto económico, es la innovación. Pasar de las palabras a los hechos, superar la política de meros discursos para adentrarse con realismo y decisión en la modificación de la realidad actual, y sentar bases sólidas para un vigoroso futuro es lo que, a mi juicio, requiere una política de innovación que cambie realmente la situación. Y ello supone alterar sustancialmente la jerarquía de preocupaciones políticas del Gobierno y dar a esta política el peso real que sus discursos pregonan pero que la realidad no contempla.

Un año de Europa

diciembre 20, 2017

En este año que se acaba, desde el punto de vista europeo, hay, entre otros, dos acontecimientos que, a mi juicio, merece la pena destacar. Por una parte, la elaboración del Libro Blanco de la Unión Europea, con motivo del sexagésimo aniversario del Tratado de Roma, y, por otra, la elección del nuevo presidente de la República francesa.

En el mencionado Libro Blanco, la Comisión Europea expone cinco escenarios posibles para reflexionar acerca del mejor futuro de la Unión de los 27 países, una vez consumada la salida del Reino Unido. En él se da pie a un debate no solo entre los líderes de los distintos países, sino también con la participación de la sociedad civil y la ciudadanía. Se trata de esbozar, entre todos, un plan, una visión y un camino a seguir que se puedan presentar a los ciudadanos cuando se celebren las elecciones al Parlamento Europeo en junio de 2019. Y presentarlo con la convicción de que el futuro de Europa está en nuestras manos, en las manos de esos quinientos millones que vivimos en libertad en una de las economías más prósperas del mundo, entronizando los valores de la dignidad humana, la libertad y la democracia. Y todo ello haciendo pervivir y florecer la diversidad de culturas, de ideas y de tradiciones, habiendo sustituido la prevalencia del más fuerte por el Estado de Derecho.

La economía social de mercado de la Unión Europea nació con la promesa de garantizar que cada generación tuviera unas condiciones de vida mejores que la anterior. Actualmente existe el riesgo de que, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, esto ya no se cumpla para la actual generación. Es preciso conjurar este posible fracaso y, entre las variadas cosas que hay que hacer, urge completar la Unión Económica y Monetaria y reforzar la convergencia de los resultados económicos y sociales, haciendo de la europea una economía más inclusiva.

Y el segundo acontecimiento importante ha sido la elección de Emmanuel Macron como presidente de la República francesa. Su discurso, hasta el momento, está representando un soplo de aire fresco sobre los problemas de Europa. Hacía tiempo que no se oía a un mandatario continental hablar con tanta claridad y entusiasmo sobre la Unión Europea. Y sus palabras y sus ideas, condensadas en la conferencia que pronunció hace unos meses en la Universidad de la Sorbona, ante un auditorio internacional de estudiantes, abogando por refundar Europa en un horizonte de diez años, constituyen, a mi juicio, lo mejor que sobre la Unión Europea se ha dicho y propuesto desde la desaparición de los grandes líderes europeístas del siglo pasado.

La sombra de los nacionalismos de Estado, más o menos oculta, se deja ver de manera velada por detrás de las afirmaciones más aparentemente europeístas de gran parte de los mandatarios europeos. Había, y lo sigue habiendo en bastantes de ellos, una cierta contención dialéctica para no ir con las palabras más allá de lo “políticamente correcto”, habida cuenta del complejo equilibrio de intereses puestos en juego. Pero la postura de Macron, por lo menos hasta el momento, ha supuesto una cierta ruptura con esa pusilanimidad política, que no puede más que animar a la esperanza a los verdaderamente europeístas.

Hace mucho tiempo que había que haber asumido con determinación los graves problemas que atenazan a la Unión, pero resulta estéril lamentarse del pasado si no es para retomar el presente con la suficiente corrección de actitudes. La salida del Reino Unido ha puesto de manifiesto, con toda crudeza, que no se puede demorar por más tiempo el abordaje de los graves problemas que atenazan el proceso de construcción europea. Y es preciso encararlos con diálogo abierto, ciertamente, pero también con todo rigor y determinación, y, sobre todo, con la disposición de poner en marcha cuantas medidas sean necesarias.

No se puede negar que la crisis actual, de la que todavía no se ha salido del todo, y los cambios que ha producido, y sigue produciendo todavía, están extendiendo un desasosiego que lleva a una cierta desconfianza en los poderes públicos y en las instituciones democráticas, creando con ello un vacío que pretende llenar la retórica nacionalista y populista, con actitudes y propuestas que recuerdan las que ocasionaron la tragedia europea para cuya solución nació precisamente la Unión Europea.

En esta hora de Europa es necesario, como base para todo el andamiaje posterior de cambios que es preciso abordar, reforzar el sentimiento europeísta, sin el cual cualquier construcción futura se vendrá abajo ante las primeras dificultades. Y aunque es verdad que los sentimientos no se pueden crear por decreto, también es cierto que se pueden cultivar. Y esa tarea de cultivo, paciente pero segura, debe ser misión de todos los gobernantes en sus respectivos ámbitos de actuación.

La digitalización empresarial

noviembre 23, 2017

En lo referente a la digitalización de las empresas con menos de diez empleados, y según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en tres parámetros esenciales medidores del grado de digitalización empresarial, la banda ancha fija, el uso de páginas web y el empleo de especialistas en tecnologías de la comunicación y la información, Aragón se encuentra en estos momentos peor que hace cuatro años.

En el primero de los mencionados parámetros, en estos cuatro últimos años, Aragón, sin perjuicio de seguir estando por encima de la media nacional, ha perdido posiciones, pasando de estar entre las cuatro primeras Comunidades Autónomas a estar la séptima en el último año, habiendo descendido un 7,9%

Con respecto al uso de páginas web, las pequeñas empresas aragonesas estaban por encima de la media nacional, ocupando la quinta posición en el mencionado ranquin autonómico, habiendo descendido, en estos momentos, hasta la posición décimo quinta, con la pérdida de un 27%

Y en lo referente al empleo de especialistas en tecnologías de la comunicación y la información, las pequeñas empresas aragonesas, estando igual que antes por debajo de la media nacional, han empeorado posiciones, pasando de la sexta posición a la décima, con un valor del parámetro el 34% menor que hace cuatro años.

Sabido es que, hoy en día, la digitalización, no es algo opcional, sino una exigencia imposible de esquivar para todo el mundo, y no puede decirse que el Gobierno aragonés no esté haciendo nada al respecto. El Plan de Formación Profesional para el Empleo, el Plan de Formación Intersectorial General, el nuevo Plan Aragón-Empresa o el desarrollo en la Comunidad aragonesa del Plan Nacional Avanza son, entre otros, algunos ejemplos de programas interesantes que tienen partes concretas dedicadas a la digitalización.

Pero al contemplar estas dos realidades mencionadas no es posible dejar de sospechar que en esta materia, como en otras varias relativas al avance hacia la sociedad del conocimiento, lo que está faltando es la coordinación entre el conjunto de planes e iniciativas en marcha, fruto del despliegue en compartimentos estanco de las responsabilidades de Gobierno, haciendo con ello ineficaces muchos esfuerzos y dilapidando, en consecuencia, los fondos que para estas finalidades, por desgracia, son siempre más escasos de lo conveniente.

Aunque la propaganda oficial del Gobierno no quiera reconocer esta realidad, la sospecha comentada puede verse confirmada con las palabras que el propio presidente del Gobierno pronunció en el pasado debate del estado de la Comunidad. En ellas vino a reconocerlo, de forma indirecta, al anunciar como gran solución para el futuro la creación de una unidad delegada de presidencia para todo lo que tiene que ver con estos asuntos.

No se puede negar que las grandes empresas constituyen el auténtico motor de los cambios en la economía y que en ellas la digitalización es un elemento clave de la competitividad. Pero nuestra economía aragonesa nunca será digital si no lo son las pequeñas empresas. Según los últimos datos oficiales, en Aragón el porcentaje de empresas con menos de diez empleados es el 95,3 % del conjunto de empresas, tres puntos porcentuales por encima de la media española, con lo que la incidencia de este colectivo empresarial tiene en nuestra Comunidad es de una importancia superior incluso a la del conjunto nacional.

La digitalización de una empresa se debe, ciertamente, a factores muy diversos, comunes en gran parte al conjunto nacional. Pero eso no impide que, aunque no de forma decisiva, la acción de los distintos Gobiernos autonómicos puede favorecer de manera selectiva el desarrollo de la digitalización de dichas empresas en el ámbito de su Comunidad. Y en esta posibilidad es donde radica la importancia de que el Gobierno de Aragón tenga no solo una claridad de ideas al respecto, sino al mismo tiempo una eficacia en la acción, de la que carece en estos momentos.

La digitalización, como todas los elementos de transformación global, es una actividad transversal, no pudiéndose constreñir en exclusiva a un solo departamento clásico, desbordando, por su propia naturaleza, gran parte de los corsés administrativos de la estructura actual del Gobierno, y requiriendo, para su éxito, una dirección unitaria que rebasa los actuales compartimentos estanco, cuyo aislamiento no termina de resolverse por la creación de comisiones interdepartamentales.

Resulta, por lo tanto acertada, a mi juicio, la decisión de crear ese órgano unitario y jerarquizado de actuación, deseando que en este caso no suceda, como en otros varios anuncios de las proclamas oficiales, que no pasan de los discursos a la realidad, quedándose simplemente en meros reclamos propagandísticos.

 

El desafío electrónico

octubre 26, 2017

Hace ya tiempo que se ha iniciado el cambio en la forma en que debe relacionarse el ciudadano con las administraciones y estas entre sí, dando con ello paso a las comunicaciones electrónicas y a lo que comúnmente se denomina “administración electrónica.

Hace dos años se ha sistematizado todo lo referente a esta problemática poniendo claridad en el asunto, profundizando en su exposición y agilizando los procedimientos para un pleno funcionamiento electrónico de las administraciones públicas, llevando esto hasta el punto de considerar que la tramitación electrónica no es tan solo una forma moderna de actuar, compatible con las formas antiguas o tradicionales, sino la única forma de actuar, enterrando con ello los procedimientos que hasta ahora se consideraban habituales.

Estamos, por lo tanto, no ante un lujo modernista, compatible con lo tradicional, sino ante una exigencia categórica que ya no puede coexistir con lo que “el viento se llevó” o, mejor dicho, se está llevando, porque el proceso está todavía en sus albores.

Aragón se está dando en estos momentos la normativa legal que lo sanciona y consagra, y de la que surgen dos tipos de exigencias de naturalezas muy distintas: técnicas y jurídicas

En lo referente a las exigencias técnicas, la normativa en cuestión, además de los principios técnicos de funcionamiento, alude con claridad a los órganos encargados de esta misión, encomendando al ente público Aragonesa de Servicios Telemáticos (AST) la función, entre otras, de proporcionar tecnologías que permitan conseguir la transformación digital del Gobierno de Aragón. Y, en este sentido, soporta un número importante de servicios asociados al Plan de Administración Electrónica de 2009, del que es preciso saber, con la precisión de la que se carece en estos momentos, en qué punto se encuentran esos servicios, cuál es el coste de los que restan por poner en marcha de forma directa por parte del Gobierno y lo relativo a aquellos que deben encargarse al exterior.

El asunto no es de dimensión pequeña puesto que afecta a la modificación de la asignación global de recursos humanos, al gasto de mantenimiento de las plataformas actuales, a los nuevos desarrollos y aplicaciones que se precisen, a la incorporación de nuevos perfiles profesionales, a la formación de funcionarios en las nuevas herramientas tecnológicas y a la tecnificación de puestos de trabajo que antes no tenían dimensión técnica, entre otras variadas cuestiones.

Por otra parte, se necesitan nuevos equipos informáticos, la puesta en marcha de aplicaciones inexistentes hasta el momento, la solución de la más fiable interconexión de las actuales herramientas informáticas, un notable incremento de la capacidad de almacenamiento, la ampliación de las infraestructuras físicas y los suficientes elementos de protección contra los ataques a los servidores de aplicaciones web.

Novedad importante contemplada en la normativa aragonesa antes comentada lo constituyen las referencias expresas al Esquema Aragonés de Seguridad y al Esquema de Información Interoperable de Aragón. Dichos esquemas deben estar en línea con los planteamiento españoles en la materia, buscando, junto con todo lo anterior, la mejor contribución a esa hoja de ruta marcada por la Agenda Digital para España en cumplimiento de los objetivos de la Agenda Digital para Europa en 2020, que incorpora objetivos específicos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España.

Todo ello es de una trascendencia y complejidad notables, requiriendo una especial atención por parte del Gobierno de Aragón, obligándole a precisar las jerarquizaciones necesarias para que en todo el proceso haya un mando único, y urgiéndole a procurarse los medios humanos, materiales y económicos precisos. Y hacerlo de una manera apremiante, sobre todo teniendo en cuenta el atraso comparativo que Aragón tiene en esta materia, ya que, según los últimos datos oficiales del Observatorio de la Administración Electrónica y Transformación Digital, en Aragón, sólo un 3% de los procedimientos administrativos que se desean realizar electrónicamente se encuentran en su máximo nivel de desarrollo, situando este porcentaje a la Comunidad aragonesa entre las más atrasadas de España en esta materia.

Ante la trascendencia de este asunto y lo complejo de su realización, resulta verdaderamente sorprendente que no haya merecido por parte del presidente del Gobierno de Aragón ninguna mención en su discurso inicial pronunciado con motivo del debate sobre el estado de la Comunidad del pasado mes de septiembre. La complejidad técnica del mismo y el grado de retraso que el proyecto arrastra no solo no pueden ser razones para obviar su referencia, sino precisamente lo contrario: exigencias para encararlo con decisión y poner los medios para su más pronta y satisfactoria solución.

Gobernar no consiste solo en elaborar leyes: eso es más propiamente legislar; gobernar consiste en resolver problemas y Aragón tiene ante la administración electrónica un verdadero problema que es preciso encarar con decisión poniendo para su solución todos los medios humanos y materiales requeridos, y elevando su solución a uno de los primeros rangos de las preocupaciones políticas.