La segunda descentralización

Puede afirmarse con toda claridad que el intenso proceso descentralizador iniciado en España a partir de la aprobación de la Constitución de 1978 ha alcanzado su madurez y, sin perjuicio de mi opinión negativa sobre el actual Estatuto catalán, como ha denunciado desde un principio el Partido Popular, considero que el proceso de traspaso de competencias realizado hasta el momento en beneficio de las Comunidades Autónomas ha marcado un hito histórico pudiendo calificarse de espectacular, tanto por su amplitud como por su rapidez.
Con ello, España se ha puesto a la vanguardia de Europa en materia de descentralización, con unos beneficios sociales palpables en todos los órdenes y que han contribuido, junto con otras causas, al hecho de que sea el nuestro el país europeo que más crecimiento ha experimentado en los últimos años, erigiéndose como paradigma de modernidad y desarrollo.
Pero este notable avance en la configuración del Estado de las Autonomías, este éxito colectivo como Nación, del que me siento muy orgulloso, no ha tenido, por desgracia, un reflejo similar en el siguiente escalón territorial, los Entes Locales, cuya configuración se ha visto inalterada en todos estos años pasados, y cuya reforma, para llevarlos a ese punto de plenitud que reclama la Constitución, constituye la gran asignatura pendiente del actual régimen democrático, haciendo de la “segunda descentralización” la más apremiante de las urgencias políticas españolas.
A lo largo de todo este tiempo, el porcentaje del gasto público central ha ido disminuyendo en beneficio del autonómico, siendo éste ya superior al primero, pero manteniéndose inalterado, en torno al trece o catorce por ciento, el gasto local, evidenciando de esa manera un grave desequilibrio particularmente negativo para la salud general de del Estado.
Aunque las próximas elecciones municipales no tienen como misión la elección de los gobiernos responsables de su solución, me parece una ocasión oportuna para reflexionar y levantar la voz sobre este asunto, como viene haciendo Domingo Buesa, que constituye uno de los mayores problemas de Estado que España tiene en estos momentos, y que tanto puede depender de la capacidad que los alcaldes de las grandes ciudades, entre las que se encuentra Zaragoza, tengan para hacer oír su voz en el conjunto de la vida nacional.