Gobernar España

El salto cualitativo dado por las seis comunidades autónomas que, desde el año pasado, vienen reuniéndose periódicamente con el fin de cooperar y armonizar competencias autonómicas, consistente en pretender transitar por caminos constitucionales de corte federal, además de constituir una contradicción en sus propios términos, pone de manifiesto el desgobierno existente en España y el grado de desorientación a que está conduciendo la política territorial del presidente del Gobierno.
Que es preciso armonizar el proceso autonómico y poner orden en la actual carrera autonomista es algo a lo que, junto con los partidos nacionalistas, solo se niega a reconocer la actual dirección del Partido Socialista. Pero la forma de abordar semejante cuestión de Estado no es conculcando el poder central del mismo y precisamente para pretender ir adonde la propia Constitución no permite, como es la clara intención de alguna de las comunidades autónomas reunidas.
El Estado español no es un Estado federal, por más que las actuales autonomías tengan más poder que muchos de los Estados federados en los países organizados bajo este régimen, sino un Estado unitario, autonómico, pero unitario, con sus poderes repartidos en tres ámbitos, el central, el autonómico y el local, y haciendo descansar la salud del mismo precisamente en el equilibrio razonable de estos tres poderes, que no se da en estos momentos.
Y este desequilibrio, producido por el excesivo peso del poder autonómico, al que vengo refiriéndome con frecuencia en estas mismas páginas, está produciendo una distorsión de la vida nacional que no sólo afecta a cuestiones jurídicas y de derechos básicos, como es el de la igualdad de todos los españoles, sino que incide de lleno en la propia vida económica. Asuntos esenciales para el desarrollo económico como la seguridad jurídica, la unidad de mercado, la libre circulación de personas, la similitud de niveles educativos o sanitarios, y muchos otros de índole similar están viéndose alterados de manera creciente por el mencionado desequilibrio con el consiguiente impacto negativo y de largo alcance en la competitividad, el desarrollo productivo y, en último término, en la creación de riqueza y puestos de trabajo.
Urge, a mi juicio, corregir esta situación, pero la solución no consiste en agrandar ese desequilibrio en beneficio del poder autonómico, como de manera consciente o inconsciente está propiciando el presidente del Gobierno, sino en lo contrario, en lograrlo de forma razonable y por el camino que desde hace más de una década está apalabrado por los grandes partidos nacionales, la llamada “segunda descentralización”, es decir, el traspaso de competencias del poder autonómico al poder local, y que, por la razón que sea, no ha pasado, ni hay visos de ello, de las palabras a los hechos.
El evidente fracaso del Senado para dar cauce adecuado a la diversidad territorial, y la consiguiente necesidad de abordar la reforma de la Constitución para resolver éste y algún otro problema nacional, no justifican en modo alguno la intención de ciertas comunidades autónomas de establecer por la vía de hecho espurios mecanismos de poder, y menos aún la pretensión de alguna de ellas de cambiar el modelo de Estado.
Cuando los grandes problemas no se abordan, con el tiempo van haciéndose mayores. Con la presencia del señor Rodríguez Zapatero al frente del Gobierno español las tensiones territoriales son hoy más agudas que hace seis años y tienden al desbordamiento en la misma medida en que el propio presidente del Gobierno se encuentra crecientemente desbordado por sus propio errores.
La pretensión de las comunidades autónomas de Cataluña, Valencia, Aragón, Castilla y León, Andalucía y Baleares de impulsar una conferencia de presidentes sin ningún representante del Gobierno español, “como en los países federales”, según las propias palabras del consejero de Interior de Cataluña, Joan Saura, es suficientemente preocupante y requiere, a mi juicio, que se levante la voz, exigiendo al Gobierno que abandone la indefinición y la demagogia y se dedique realmente a gobernar España

Europa, nueva etapa

Europa viene arrastrando una crisis política desde hace más de diez años. El fracaso del proyecto de Constitución del año 2005, con el voto negativo de los referéndums francés y holandés, y las consiguientes tendencias de ciertos países a replegarse sobre sus propios Estados, han debilitado el espíritu de unión política nacido del Tratado de Maastricht
La entrada en vigor del Tratado de Lisboa, que asume lo más sustancial de las propuestas contenidas en la fallida Constitución, puede representar el comienzo de la superación de la crisis. Pero para ello hace falta que haya una verdadera voluntad de desarrollar políticas que garanticen que los avances en la integración económica vayan acompañados de progresos paralelos en los restantes ámbitos.
El desarrollo de una política exterior y de seguridad, que incluya la definición progresiva defensa común, se erige como la verdadera piedra de toque de esta nueva etapa. De ella depende, en gran parte, que se corrijan las apuntadas tendencias nacionalistas en que están incurriendo algunos Estados miembros y se asuma con brío el mencionado objetivo de Maastricht de llegar realmente a una unión política.
Y para ello es también imprescindible que los partidos europeístas, los que realmente creen en la bondad del objetivo de la Unión Europea, contribuyan a formar la conciencia europea y hacer de lo europeo algo cotidiano en la preocupación y el interés de las gentes.
La aparición de un Presidente del Consejo Europeo elegido para un tiempo de duración que podría prolongarse hasta cinco años, puede contribuir de manera poderosa a poner rostro a la política europea y a infundir vigor y proyección a esos impulsos necesarios que el Consejo Europeo tiene obligación de dar para fijar con rotundidad las orientaciones y prioridades políticas generales.
Su condición de representante de la Unión en los asuntos de política exterior y de seguridad común, sin perjuicio de las atribuciones del Alto Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, en un mundo dominado por los medios de comunicación como el actual, puede hacer que la imagen de la Unión cobre relieve mundial, asumiendo un papel y un liderazgo que hasta ahora han brillado por su ausencia en todo lo referente a la política europea, y acabando con espectáculos tan lamentables como la división que los países europeos mostraron con motivo de la guerra de Irak, o el que vienen dando en el momento presente con respecto a la situación de Oriente Medio.
Esta nueva dimensión de liderazgo y los acrecentados poderes del Parlamento Europeo, entre los que se encuentra su facultad de elegir por mayoría de sus miembros al Presidente de la Comisión, pueden también contribuir a corregir el déficit democrático que viene arrastrando la Unión desde sus comienzos y que supone en sí mismo una cierta contradicción con los principios democráticos que figuran en el frontispicio de su ideario. Porque no basta con que los países que la integran sean democráticos; es preciso que lo sea también, e íntegramente, la propia Unión.
Todo lo anterior, junto con una adecuada política informativa europea, puede contribuir a superar la crisis e ilusionar a los europeos en lo que, a mi juicio, constituye el proyecto político más apasionante de esta hora de Occidente.
No es nueva, ciertamente, la pretensión de unir políticamente a los países europeos. Lo intentó Napoleón, a principios del siglo XIX, al socaire de las ideas de la Revolución Francesa, y no lo logró. Lo intentó de nuevo Hitler, un siglo y medio después, con el reclamo de una superioridad racial, y tampoco lo consiguió. El empeño de la Unión Europea constituye el tercer intento en la historia moderna, pero con unas características morales que le sitúan en las antípodas de aquellas pretensiones, y dan a la empresa una dimensión ética de la que carecieron por completo las anteriores. Pues mientras Napoleón y Hitler lo intentaron por la fuerza de las armas, a través de la guerra, la sangre y la muerte, y con el objetivo de opresión, la Unión Europea lo está intentando por medio de la palabra, a través de la paz, el abrazo y la vida, y con el objetivo de liberación en todos los órdenes de la dimensión humana, dibujando con ello un universo de valores incompatible con aquellas pretensiones ampliamente condenadas por la Historia
Se abren ahora cinco años importantes para que este noble empeño dé pasos sustanciales y los europeos podamos acercarnos a esa unión superadora de viejos prejuicios y atavismos, y lanzada a la tarea de humanizar no sólo a Europa, sino también y por medio de su influjo, al mundo entero.

El Día de Europa

Ayer, con cuatro días de antelación y por tercer año consecutivo, se celebró en el Ayuntamiento de Zaragoza el Día de Europa. Me parece una saludable iniciativa, consolidada ya en el tiempo, y que puede contribuir de forma muy eficaz a divulgar el espíritu europeísta, siempre interesante pero más todavía en unos tiempos como los que corren marcados por una crisis del sentimiento europeo y por un cierto reverdecimiento de los nacionalismos de todo tipo, los de Estado y los otros.
Y fue muy acertado también el planteamiento de fondo de la celebración consistente en hacer recaer el protagonismo sustancial del acto en unos niños y unos colegios premiados por su contribución, con trabajos de distinta naturaleza, a divulgar en sus respectivos ámbitos la idea de la construcción europea. Y digo que me parece muy acertado porque en la educación reside una de las claves del proyecto europeo; y en los jóvenes, en los más jóvenes todavía, en los niños, reside, literal y moralmente, el futuro de Europa.
Y fue muy atinada también, a mi juicio, la referencia al papel fundamental que deben jugar las ciudades en este proceso, con Zaragoza a la vanguardia de todas ellas. No es solo que cuatro de cada cinco europeos vivamos en ciudades, sino que el espíritu de ciudadanía, con sus características intrínsecas de apertura a lo universal y abatimiento de fronteras, puede ser el mejor antídoto de los nacionalismos, regionalismos y cantonalismos de todo tipo, en los que aletea justo el espíritu contrario.
Lo único lamentable del acto del ayer en el Ayuntamiento de Zaragoza fue la intervención del representante del Gobierno central que aprovechó la ocasión para hacer una propaganda de su gobierno fuera de lugar, alejada del verdadero espíritu europeísta y en la que, además, confundiendo los deseos con las realidades, se vertieron afirmaciones muy concretas que, sencillamente, no se corresponden con la realidad.

LAS ELECCIONES EUROPEAS

El hecho de que a un mes de distancia de las próximas elecciones al Parlamento Europeo solo el 34% de los europeos estén dispuestos a decir que votarán en dichos comicios es de una enorme gravedad, acentuada si se considera que esa cifra es siete puntos aún más baja que la registrada hace cinco años en el mismo Eurobarómetro
Junto a la crisis económica que azota al mundo entero, estas elecciones están igualmente enmarcadas en una aguda crisis genuinamente europea que arranca del fracaso de la primera Constitución, ésa que ni siquiera llegó a nacer. Y aunque el Tratado de Lisboa del año 2007 puso fin a cerca de dos años de profundas incertidumbres, constituyéndose como un cierto punto de arranque para continuar avanzando en el proceso de construcción europea, las dificultades económicas y un cierto renacer de los sentimientos nacionales por encima de los comunitarios están proyectando una sombría perspectiva sobre lo que, a mi juicio, constituye el proceso político más apasionante de esta hora en el viejo continente: La Unión Europea.
Estas elecciones pueden ser una gran ocasión para rectificar, aunque sea solo inicialmente, algunas de las peores tendencias que están en el trasfondo de la crisis actual y hacer de lo europeo objetivo con suficiente carga de ilusión para los ciudadanos.
Europa necesita un sincero ejercicio de legitimidad democrática que ponga fin a la vieja costumbre de tomar decisiones a escondidas de los ciudadanos, que acabe con esa opacidad y lejanía que termina por ir en contra del verdadero espíritu fundacional.
Europa necesita igualmente un sentido proyectivo de su acción exterior. Ni la globalización concebida como una americanización del mundo, ni la tentación de acostarse sobre lechos culturales de países emergentes, ni menos aún el afán de reverdecer nacionalismos de épocas pasadas son soluciones para Europa.
La defensa de los grandes valores de la persona que han ido cristalizando en la civilización occidental y de una convivencia más humana no pueden quedar solo como elementos retóricos para los grandes discursos, sino como líneas de fuerzas generadoras de un impulso de cambio social y económico, de una verdadera transformación de las estructuras actuales, cuya necesidad se pregona desde muchos ángulos pero para cuya efectividad se dan menos pasos de los necesarios.
La última reunión en Londres del los países del Grupo de los 20 ha llegado a conclusiones interesantes para reformar el sistema financiero, poniendo con ello de manifiesto que es la propia economía de mercado, de la que lo financiero es una parte, la que está salida de sus quicios, urgiendo con ese llamamiento una respuesta de valores en cuya articulación la Unión Europea no puede permanecer callada y, menos aún, conformarse con ser un mero elenco de distintas respuestas nacionales, por importantes que sean los países que las sustenten.
Según el mencionado Eurobarómerto, la credibilidad del Banco Central Europeo ha caído nueve puntos en seis meses; la Comisión, cinco, y el Parlamento, seis, quedando las tres instituciones en unos niveles respectivos de aceptación popular claramente por debajo del cincuenta por ciento, es decir, que más de la mitad de los europeos no confían en ellas. Ante esta situación, es difícil soñar en un futuro mejor para la Unión Europea si no se abordan las causas que están originando este descrédito ciudadano
Porque para que Europa sea una realidad tienen que quererla los ciudadanos, y para llegar a ello es preciso que se hable de Europa, que se discutan sus asuntos, que se analicen sus problemas, que se vea entre todos la forma de eliminar los inconvenientes y aumentar las ventajas de su pertenencia a ella; en definitiva, que se haga de lo europeo asunto doméstico y se incardine en el elenco de preocupaciones cotidianas. Esto no es algo que se pueda conseguir de la noche a la mañana, ciertamente, pero es algo que no se conseguirá nunca si no se dan los pasos en la dirección adecuada.
Una consulta electoral constituye siempre el encuentro supremo de la ciudadanía con los problemas de su propia gobernación y representa en todo momento la apertura de un horizonte de esperanza para el cambio. De los partidos verdaderamente europeístas depende que el enfoque de la campaña que ha de precederlas en estas próximas elecciones europeas sirva para hacer llegar con nitidez los perfiles de los problemas y los rasgos más importantes de las soluciones que se aportan, de forma que los ciudadanos se interesen por unos y otras, y salgan de esa creciente postración que las encuestas testifican

Treinta años

El pasado día tres de abril se cumplieron treinta años de las primeras elecciones municipales de la democracia actual. Fue aquel un momento muy especial en la articulación del nuevo régimen de libertades que nos dimos los españoles y en la vertebración de la nueva configuración del Estado, y merece la pena reflexionar en estos momentos sobre el gran avance que para la vida colectiva han supuesto los ayuntamientos democráticos, y también sobre los graves problemas no resueltos que sobre ellos gravitan treinta años después de su arranque.
En primer lugar, conviene recalcar el importante papel que las ciudades juegan en el desarrollo del mundo actual, y de una manera particularmente intensa en la Europa presente.
Resulta ya casi un lugar común, por la misma fuerza de su evidencia, afirmar que Europa es fundamentalmente la Europa de las ciudades. Más del 80% de los europeos viven en ciudades, y en torno a ellas se articula básicamente la expresión del desarrollo y de la modernidad. No en balde las ciudades renacentistas constituyeron el verdadero arranque de Europa, y al amparo del Renacimiento floreció el más genuino espíritu europeo, marcando el comienzo de un esplendor que no sólo dio vida a este continente, sino que arrojó luz sobre el mundo entero.
Me encuentro entre los que opinan que tras los sangrientos acontecimientos que han enlutado dramáticamente la vida europea en los siglos de auge de los nacionalismos, el renacer de las ciudades, con toda su pujanza y el espíritu superador de fronteras que les es consustancial, puede propiciar en Europa un segundo renacimiento de paz y prosperidad para todos.
Y en este papel regenerador de la vida de los pueblos, las ciudades españolas pueden tener una capacidad superior de influencia en los cambios de la sociedad, porque están dotadas de unas posibilidades jurídicas notablemente importantes.
Se puede afirmar que los ayuntamientos españoles tienen, con relación a muchos de nuestros vecinos, una poderosa ventaja comparativa, ya que nuestra Constitución, al referirse a la organización territorial del Estado, considera a los ayuntamientos no sólo como una parte integrante del Estado, sino situados al mismo nivel que la Administración central o la autonómica, pudiéndose afirmar con plenitud de sentido que los ayuntamientos son Estado y que el Poder Local es un poder del Estado, no un poder subordinado al Estado.
Este reconocimiento constitucional de la capacidad de intervención política de los ayuntamientos, y de su rango de igualdad con el resto de los poderes del Estado, constituye un hecho diferencial, digno de resaltar, de los ayuntamientos españoles en comparación con los ayuntamientos vecinos de nuestro entorno europeo, como Alemania, Francia y Gran Bretaña, donde los gobiernos locales, por más recursos y servicios que pudieran administrar, tienen una consideración subordinada con respecto a la Administración central. Y representa también una ruptura con lo que se ha dado en llamar “el modelo napoleónico o continental” de concepción de la administración local como una administración de segundo orden.
Los ayuntamientos españoles no están subordinados ni a la Administración central, como los franceses o los ingleses, ni a los Estados federales, como en el caso alemán: son autónomos en el sentido más pleno y puro de la palabra, representando un punto de inflexión en el concepto de autonomía municipal europea, en plena sintonía con la Carta Europea de la Autonomía Local
Con esta base jurídica y constitucional, reclamar con toda la intensidad posible la segunda descentralización que está pendiente en España, es decir, el traspaso de competencias desde las Comunidades Autónomas a los ayuntamientos de forma que se equilibren los tres poderes del Estado, me parece una necesidad permanente y la mejor forma de celebrar esté trigésimo aniversario de la constitución de los ayuntamientos democráticos españoles.

La iniciativa de Berlín

El acuerdo logrado en Berlín días pasados por los grandes países europeos para asistir a la reunión del G-20 del próximo mes de abril, en Londres, con una propuesta común, liderada por Ángela Merkel, para hacer frente a la actual crisis económica y financiera me parece una de las noticias de mayor trascendencia en estos atribulados momentos de desconcierto colectivo en que vivimos.
Tanto por la forma como por el fondo, la iniciativa que ha surgido de Berlín supone, a mi entender, un rayo de esperanza en la solución de la doble vertiente de la crisis que padecemos los europeos: crisis económica compartida con el resto del mundo, y crisis de identidad europea compartida exclusivamente con nuestra propia historia.
Por la forma, porque se trata de una iniciativa de los cuatro grandes países europeos, Alemania, Francia, Reino Unido e Italia que, junto con España, que también estuvo presente en la reunión de Berlín, constituyen el núcleo central de lo que realmente es Europa. Y en el fondo, porque la propuesta de Merkel sacude las adormecidas conciencias económicas de la “ideología dominante” en Europa y plantea con valor un nuevo camino, el camino del centro que es el que, no está de más recordarlo, verdaderamente obró el milagro económico de sus países tras las ruinas de la segunda guerra mundial.
Porque no es lo mismo la “economía de mercado” que la “economía social de mercado”, como tampoco es lo mismo la derecha que el centro, por más que desde la izquierda se pretenda asimilarlas. Y esa política centrista que obró el “milagro alemán”, el “milagro francés”, el “milagro italiano” y años más tarde el “milagro español”, adecuadamente ajustada a los tiempos actuales, puede también, a mi juicio, obrar el milagro que todos ahora necesitamos, tanto en la vertiente económica como de afianzamiento de nuestra nueva identidad.
Me encuentro entre los que opinan, en contra de las propuestas del actual ministro español de Industria, que no es exaltando los nacionalismos comerciales o de cualquier otro tipo como avanzaremos en la resolución de los problemas actuales, sino actuando precisamente en la dirección opuesta, es decir, apostando con más decisión por Europa, por una Europa centrada y centrista, y por el abatimiento de fronteras de todo tipo que dicha apuesta comporta.
El plan que Merkel ha presentado es una valiente apuesta reformista que introduce estrictas medidas de control sobre los mercados, otorga mayor protagonismo al Fondo Monetario Internacional, duplicando sus fondos, y exige un estricto control de todos los productos financieros de riesgo y de las agencias de calificación de riesgos, así como un abanico de sanciones para los que no cooperen. Y todo ello junto con una “carta global” para la consolidación de una economía sostenible en un sistema de mercado social. El plan es en síntesis un programa de reformas estructurales que apuesta por el gasto público para salir de la crisis.
Alemania, Reino, Unido, Francia, Italia, España, Holanda y la república Checa, liderados en esta ocasión por Ángela Merkel van a intentar sacar adelante el próximo 2 de abril, en Londres, esta apuesta común, europea, arriesgada y valiente que puede servir no sólo para afrontar la crisis económica actual, sino también para abrir un profundo debate sobre los contenidos de lo que debe ser una auténtica política económica europea en estos comienzos del siglo XXI, tras el derrumbe la concepción socialista y la crisis profunda de la economía neoliberal.
¡Ojalá la iniciativa liderada por Ángela Merkel dé los frutos deseados y pueda ayudar a resolver la crisis económica y con ello también, entre nosotros, la crisis profunda en que se encuentra Europa!

Un Presupuesto muy malo

Comparando los porcentajes de las respectivas partidas de gasto con respecto al montante total de los gastos no financieros, como es práctica habitual en la comparación presupuestaria, pues los gastos financieros pueden tener unas singularidades muy específicas en cada ciudad y, por lo tanto, no tienen el mismo valor comparativo, se puede afirmar que la estructura de los presupuestos del año 2008 del Ayuntamiento de Zaragoza, en comparación con la media de los ayuntamientos españoles, era mala porque dedicaba una proporción mucho mayor del conjunto de operaciones no financieras al gasto corriente, y correlativamente otra mucho menor a la inversión
Según los últimos datos disponibles en el Ministerio de Hacienda, que aunque no son estrictamente de ese año son lo suficientemente reveladores de la estructura general, mientras la media de los ayuntamientos españoles viene dedicando al gasto corriente, aproximadamente, un 70,13% de sus operaciones no financieras, el Ayuntamiento de Zaragoza, al año pasado, dedicó un 76,68%; y mientras aquellos aplican a la inversión un 29,87% de dichas operaciones no financieras, el de Zaragoza tan sólo un 23,32%.
Esta mala situación estructural se agrava todavía más en los presupuestos para el 2009, pues el gasto corriente pasa de representar el 76,68% de las operaciones no financieras al 84,51%, y descienden las inversiones del 23,32% al 15,49%. Es decir, que si los presupuestos de 2008 eran francamente malos, los propuestos para el 2009 son aún peores, y proyectan, además, una trayectoria que va en dirección contraria a la de la media de los ayuntamientos españoles, pues mientras éstos en los últimos cuatro años han mejorado en más de un punto porcentual la proporción de las operaciones no financieras que dedican a la inversión, reduciendo en la misma cuantía el gasto corriente, el Ayuntamiento de Zaragoza, en el mismo tiempo, no la ha aumentado, y no sólo eso, sino que descontando los efectos de la Expo, pues ha sido algo coyuntural, resulta que la ha disminuido, marcando así un rumbo inverso al que debería llevar.
Todo ello además con un aumento neto de las deuda por encima de los 260 millones en todo el tiempo del gobierno socialista, y tras soportar en los años pasados un de las subidas más abusivas de la presión fiscal de la historia de nuestra ciudad, más del 40%, coronada en el actual por un incremento de entre 3 y 5 puntos por encima de la inflación, lo cual, por la vía de las posibilidades de consumo, disminuye notoriamente la calidad de vida de los zaragozanos, sin propiciar ningún aprovechamiento de ese esfuerzo ciudadano, sino todo lo contrario, pues mientras en los ayuntamientos españoles la inversión realizada con fondos propios, es decir, sin deuda, supera el 27%, en el Ayuntamiento de Zaragoza no llega al 12%, bastante menos de la mitad.
La razón de esta deriva municipal radica, en lo económico, en la crónica falta de contención del gasto corriente, pues viene superando en tres puntos porcentuales los gastos corrientes medios de los ayuntamientos españoles, sin que por parte del gobierno de Zaragoza haya ninguna voluntad de corregir esta situación, sino más bien lo contrario, presentando la necesidad del actual montante como algo axiomático. Y en lo político, en la creencia, a todas luces errada, de que es posible distraer a la opinión pública con el deslumbramiento ocasional de grandes fastos aunque se abandone la gobernación diaria de la ciudad. Pero el efecto anestésico con que, en gran parte, ha sido empleada la Expo 2008 por parte del Gobierno no puede ocultar la realidad de la mala gobernación de la ciudad.
Ante estos presupuestos y la trayectoria económica que dibujan, sólo cabe pedir al Gobierno lo que ha pedido el primer partido de la oposición: que los retire y presente otros que tengan invertidas, aunque sea sólo de forma inicial, las tendencias básicas apuntadas. Y para que ello sea posible, es preciso, antes que nada, que se produzca un verdadero cambio de política de manera que se entronice la satisfacción de las necesidades reales de los ciudadanos por encima del cumplimiento de las ambiciones políticas de sus gobernantes. De lo contrario, el Ayuntamiento de Zaragoza continuará deslizándose, y cada vez más acusadamente, por una pendiente inclinada que sólo conduce a tener que hacer esto mismo en otro momento todavía peor.

Nuevo rumbo

España ha entrado en recesión económica, a pesar de los juegos de palabras con que se ha querido disimular esta situación. Aragón, después de la emoción de una Expo que no ha conseguido beneficiar al conjunto del territorio, ha entrado en dicha recesión con más brusquedad que otras Comunidades, esperándose para este año, según las previsiones de Hispalink, un crecimiento económico negativo. Y Zaragoza, apagado el esplendor de sus fastos veraniegos, se enfrenta a esta realidad con unos servicios públicos cada vez más deteriorados y el triste privilegio de ser una de las grandes ciudades españolas con mayor incremento fiscal.
Este cuadro macroeconómico llevado a la realidad del día a día se traducirá en pérdida de empleo, cierre de empresas, caída del consumo y deterioro de todos los sectores productivos. Y todo ello en un contexto de pérdida de confianza empresarial y de restricciones al crédito por parte de las entidades financieras.
Este es el panorama de Aragón y su capital cuando se ha quedado atrás el año que pretendía ser mágico y aparece en toda su desnudez la cruda realidad, imposible de ocultar con ninguna propaganda, y ante la que el presidente de su Gobierno, en el mensaje de fin de año, sólo tuvo palabras que en muchos momentos eran más apropiadas para ser dirigidas a un grupo de boy-scouts que a una Comunidad Autónoma particularmente azotada por la crisis.
En el discurso de investidura del verano de 2007, el presidente Iglesias dijo que, para mejorar la calidad de vida de todos los aragoneses, uno de los principales objetivos políticos del nuevo Gobierno era mantener en Aragón un crecimiento económico del 3% durante los cuatro años de la legislatura. Al comparar esa cifra con las previsiones no sólo de Hispalink sino de cualquier otro informe solvente se puede medir la hondura de su fracaso y se comprende mejor la necesidad de apelar a palabras huecas y emotivas a la hora de dirigirse a su Comunidad con motivo del final de un año, que, según también él afirmó en ese discurso, iba a mostrar al mundo el esplendor de Aragón.
En lugar de ese esplendor se ha reducido el incremento del consumo a la mitad, se han superado los 50.000 desempleados y se ha convertido nuestra Comunidad en la líder en creación de paro.
Es indudable que la crisis económica por la que se atraviesa no es un problema exclusivo de Aragón, ni tampoco de España, por más que en nuestro país su virulencia sea mayor que en otros sitios, sino mundial y, por lo tanto, debida en gran parte a factores que escapan del control de cualquier gobierno aislado, y se inserta además en la propia sustancia del sistema capitalista, que es cíclico por naturaleza. Y no ofrece tampoco dudas el hecho de que las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de las políticas microeconómicas que puedan poner en marcha en sus territorios, no tienen en sus manos el control de la política macroeconómica, ni menos aún el de los grandes flujos monetarios internacionales, careciendo de la posibilidad de cambiar sustancialmente el curso de los acontecimientos económicos.
Por eso no es imputable al presidente aragonés la situación de crisis económica en que está sumido Aragón, más o menos similar a la del resto de España. Pero lo que sí es imputable a él es el desenfoque en que está instalado su Gobierno, que se plantea como objetivos políticos lo que no depende de él, aparentando un poder del que carece, y olvidando al mismo tiempo la verdadera acción de su Gobierno en aquellas cuestiones que sí son de su incumbencia. Si España está en crecimiento económico, Aragón lo estará también, gobierne quien gobierne la DGA; y si España está en recesión igualmente lo estará nuestra Comunidad, con independencia del color político de su Gobierno. No depende esto del presidente del Gobierno aragonés.
Pero lo que sí depende de él en gran parte es que los aragoneses vean aliviada su carga financiera en los malos tiempos, las pequeñas y medianas empresas sean ayudadas en sus dificultades, las asistencias sociales lleguen a todos los que las necesiten, los servicios sanitarios y educativos funcionen adecuadamente, la Comunidad tenga una buena red de transporte público y en general el conjunto de servicios que hoy constituyen la calidad de vida funcionen adecuadamente y cada vez mejor. Como también depende de él que su voz sea escuchada donde sea preciso para que los aragoneses sean tratados como el resto de los españoles, aunque eso le obligue a incómodos enfrentamientos con su propio partido y a soportar situaciones desagradables. Y todo esto es lo que no está haciendo.
El Gobierno de Aragón necesita un cambio de rumbo. Debe dejar de ocuparse de las fantasías que no están en sus manos y dedicarse de lleno a aquello que puede y debe mejorar. Y este giro hacia un nuevo rumbo, realizado con inteligencia y sensatez, es lo que el Gobierno de Aragón necesita en este año 2009 que acaba de comenzar.

Salsagoza 2008

Ayer tuve ocasión de asistir al espectáculo de clausura y a la posterior salsoteca de la 4ª Concentración Mundial de Salsa, “Salsagoza 2008”, que durante cuatro días ha reunido en Zaragoza, en el Parque de Atracciones, a más de mil quinientas personas pertenecientes a setenta países, en una impresionante exhibición cultural y de expresión corporal al calor de la música hispana más extendida en el mundo.
Todo el embrujo de esa danza integradora, interpretada por los primeras figuras mundiales, y el desbordante calor humano que le es inherente, y que no conoce fronteras, han hecho de la capital del Ebro durante esos días un foco mundial de cultura y proyección universal.
La Asociación Arte y Ritmo, organizadora del acontecimiento, presidida y dirigida por Miguel Ángel Lucía, se ha convertido durante estos días, al calor de la salsa, en el primer embajador de la ciudad, aunando la dimensión de proyección exterior que el Certamen ha tenido con una vertiente cultural de primer orden, particularmente interesante y necesaria para nuestra ciudad, sobre todo al considerar el páramo cultural en que está instalada la política de su Gobierno local.
Y al considerar que estas dos brillantes vertientes de Salsagoza 2008 se han dado precisamente en el año en que, al hilo de la Exposición Internacional, se ha pretendido que Zaragoza sea conocida en el mundo, resulta particularmente lamentable la indiferencia que el Gobierno de la ciudad ha mostrado ante el Certamen, ignorándolo por completo, sin ninguna presencia de ninguno de sus miembros en ninguno de sus días, y con un aporte financiero tan exiguo que no puede llamársele ni siquiera ayuda, sino más bien limosna.
La política de proyección exterior del Ayuntamiento necesita urgentemente ser revisada y la política cultural, algo más que eso: ser concebida, porque no existe. Al calor de la salsa este fin de semana en el Parque de Atracciones de Zaragoza no he podido por menos de reflexionar hasta qué punto es esto necesario, y en qué medida la expresión vital que la salsa propicia puede convertirse en el símbolo de esa necesaria expresión cultural de la ciudad que Zaragoza tanto necesita.

Gasto inútil en Zaragoza

Suele ser práctica habitual en la consideración económica de los presupuestos de las instituciones públicas distinguir con énfasis lo que se contempla como gasto corriente de lo que se contiene en el capítulo de inversión, abogando siempre por una reducción del primero en beneficio de un aumento de la segunda.
Este planteamiento, que es razonable y conveniente en términos generales, no agota toda la intensidad de la mirada que debe recaer sobre las cuentas públicas, porque una parte importante de lo considerado contablemente como gasto corriente es muy necesaria y, en consecuencia, su reducción resulta improcedente; y, por el contrario, una porción, a veces bastante abultada, de lo computado como inversión es perfectamente prescindible y, en consecuencia, se debiera desistir de ella.
Esto nos lleva a que junto con la dicotomía gasto corriente e inversión, debiera establecerse en paralelo la diferenciación entre gasto útil o inútil, y de la conjunción de ambos enfoques hacer posible un enjuiciamiento de las cuentas públicas más sensato del que viene siendo habitual.
Lo que está sucediendo con las obras del antiguo Seminario diocesano de Zaragoza, actualmente propiedad de su Ayuntamiento, y en otros muchos gastos municipales, pone, a mi juicio, de manifiesto hasta qué punto la aplicación del criterio de utilidad comentado podría encarrilar la vida municipal zaragozana por una senda de mayor sensatez que la que actualmente lleva. Muy pocos dudan de que la recuperación de ese edificio hubiera podido realizarse con criterios de mayor austeridad en su planteamiento y de más alto rigor en su ejecución, de forma que se hubiera prescindido de ese afán de lujo, impropio no sólo en el despacho del alcalde, sino en cualquier otra dependencia municipal, y se hubiera evitado la alta desviación sobre el presupuesto inicial con que se están terminando finalmente las obras.
Es cierto que ese lujo excesivo y ese coste de ejecución añadido que, por exigencias contables, figuran en el capítulo de inversión la incrementan notoriamente, lo que añadido a circunstancias similares en algunas otras obras municipales puede permitir al Gobierno, como se puso claramente de manifiesto en el último debate presupuestario, presumir de que la inversión había llegado a un récord histórico en esta ciudad. Pero esa realidad contable no se corresponde con la realidad de la utilidad ciudadana que tras la cifra aletea, sino, en gran parte, con ese exceso de gasto inútil o simplemente prescindible, y en cuyo montante, ciertamente se está batiendo un récord histórico.
Despilfarrar, en la acepción vulgar de la palabra, significa precisamente eso: “gastar profusamente en alguna ocasión”. Por eso, cuando la oposición califica políticamente de despilfarro ciertos gastos municipales, como todo lo relativo al Seminario, no sólo no está incurriendo en nada punible ante ningún tribunal, sino, al contrario, cumpliendo con su obligación democrática de intentar que el gobierno actúe lo más acorde posible con los intereses de los ciudadanos y no con trasnochados conceptos de grandeza institucional. Pues la verdadera grandeza del ejercicio político, y su prestigio, no se miden por la calidad de las maderas que forran las paredes de los despachos ni por la finura de los mármoles que les dan sustento, sino por el acierto en la gobernación del pueblo.
Y cuando este ejercicio democrático y responsable de la labor de la oposición pretende ser acallado por el gobierno amenazando con los tribunales de justicia, resulta inevitable el desagradable recuerdo de otros gobiernos y de otras épocas, afortunadamente superadas y de cuyo nombre no quiero acordarme, en las que no existía la libertad de expresión.